Desde la Cisfe
Otro rechazo a la Oficina del Inquilino
Nuevamente la creación de la Oficina Municipal del Inquilino está en la mira de una de las entidades que nuclea a los corredores de la ciudad: la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe). Ayer ya se había manifestado en contra la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira).
La entidad local consideró que se trata de una medida -aprobada el pasado jueves en el Concejo- “meramente electoralista e inconstitucional”. En un comunicado de prensa, la Cisfe aseguró que la ordenanza “carece de fundamentos, olvida las diferencias entre derecho público y derecho privado, los principios de la Constitución, tanto nacional como provincial, y confunde los conceptos de “vivienda propia’ y alquilada”.
Además, señaló que “el acceso a la vivienda propia se concreta con el desarrollo de planes habitacionales para las clases media y baja, y con políticas crediticias acordes a los ingresos y posibilidades de los habitantes”.
En este sentido, la Cisfe manifestó que “una Oficina Municipal del Inquilino, como indebida injerencia estatal en la regulación del mercado, sólo provocará el retiro de inmuebles disminuyendo la oferta y a su vez, aumentando el precio ante el incremento de la demanda”, por lo que “el primer y principal perjudicado será el inquilino”.
El comunicado concluyó que “las medidas que tienen como único y exclusivo fundamento la obtención de votos terminan volviéndose contra quienes se dice proteger” y a modo de ejemplo citó el caso de “los créditos hipotecarios con la “cuota-alquiler’, lanzadas por el Ejecutivo Nacional”.
Por todas estas razones, la Cisfe “insta al intendente de la ciudad a que vete la cuestionada norma”.
Finalidad
De acuerdo al proyecto aprobado, los objetivos del organismo serán: facilitar el acceso a viviendas en alquiler, implementando un sistema participativo para el restablecimiento del equilibrio económico en la oferta y la demanda de inmuebles; asesorar legalmente en el vínculo entre locador y locatario; promover la participación del Estado Municipal en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario, e intervenir frente a denuncias de inquilinos y o propietarios de inmuebles.
La oficina estará conformada por representantes del mercado inmobiliario de la ciudad, integrantes de asociaciones de defensa del consumidor, y será coordinada por la máxima autoridad de la Secretaría de la Producción. A su vez, la norma contempla la creación de un registro de inmuebles en alquiler y de inquilinos.
