Acerca de la Corporación Santafesina de Inversión y Desarrollo

José María Candioti (*)

Frente a distintas manifestaciones de las actuales autoridades económicas de nuestra provincia, en el sentido de poner en funcionamiento la Corporación Santafesina de Inversión y Desarrollo, considero procedente hacer llegar mis comentarios, mi aporte y participación al proyecto, generados oportunamente.

Ya durante el mes de Mayo del año pasado, El Litoral publicó un artículo enviado por el suscripto haciendo referencia a este incumplido proceso que debió haber culminado con la puesta en valor de la Corporación Santafesina de Inversión y Desarrollo.

Durante el año 2000 presenté a las entonces autoridades del Ministerio de la Producción, las propuestas operativas e instrumentos legales, que cumplimentaban la creación de la corporación respondiendo a dos exigencias: la Legal, por así exigirlo la Ley provincial que dispuso liquidar el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, y la exigencia Real, que surgía de la situación de crisis que atravesaban las pequeñas y medianas empresas después de 3 años de recesión que cumplía la economía de nuestro país.

En los últimos 6 años de crecimiento de la economía de nuestro país, muy poco se ha hecho para afrontar realmente los problemas estructurales de las Pymes.

Asimismo en idéntico período, no ha variado la relación de negocios entre las Pymes y el sistema financiero, que continúa su proceso de concentración y direccionamiento del crédito hacía las personas y el consumo.

Frente a esa realidad que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas, se tornan ampliamente destacables, los esfuerzos que se realicen, con el propósito de dotar al importante tejido económico-productivo de la provincia de Santa Fe, de una Institución que centralice y se ocupe de manera específica de las políticas públicas para atender la problemática Pyme regional.

Por lo expuesto, considero necesario efectuar algunas consideraciones, que pueden ser útiles a la hora de conformar una nueva institución de desarrollo provincial, que guiaron el trabajo efectuado -como dije más arriba y hace varios años- y ellas son:

La corporación se constituía como una entidad de derecho privado en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales.

Resultaba entonces una Sociedad Anónima de carácter Mixto (Público /Privado) dado que a partir del lanzamiento por parte del Estado Provincial, con el transcurso del tiempo el sector de la economía privada, podía suscribir acciones (Clase B).

En esa configuración societaria, el Estado provincial mantiene una tenencia accionaria exclusiva (Clase A) y derechos societarios, que aseguran de manera permanente la no vulnerabilidad de su objeto social.

La conformación societaria, a la vez genera un “management” con participación privada y esta particularidad está en línea con las reformas acontecidas en las instituciones de la banca de desarrollo de América Latina.

Estas reformas obedecen a dos “barreras”, la primera: dificultad de la banca tradicional con las pequeñas y medianas empresas; la segunda: cobertura insuficiente y retardo estructural de los instrumentos que se usan en programas nacionales.

Las dos grandes áreas de trabajo y apoyo de la corporación estaban constituidas por ASESORAMIENTO Y GESTÓN (Consultoría y Asesoramiento Sociedad de Cobranzas Sociedad de Garantías Recíprocas y Administración de Fideicomisos) y BROKERAGE (Warrants Leasing Factoring Agente colocador de instrumentos financieros Pymes).

Se concebía a la corporación financiera como un gran “originante” un mayorista que concentraba “paquetes de negocios” y descargaba con condiciones especiales por mayor volumen en los Bancos, Bolsas o Mercado de Valores del país, AFJP (hoy Anses) y líneas promocionales externas.

Los estatutos de la sociedad anónima que constituía la corporación, como así también el proyecto de ley de su creación, le imponían a esta herramienta de política económica provincial, una prohibición sustancial que era no poder dar préstamos.

Mantengo ese criterio, dado que hay sobradas pruebas sobre el impacto negativo que provoca volcar el “riesgo de crédito” sobre instituciones oficiales.

En la misma línea no considero justo, que el “apalancamiento financiero privado” gravite de manera perniciosa sobre el patrimonio provincial.

La experiencia negativa en esta materia la tenemos y a los resultados hay que remitirse, en gran parte de la Banca Pública Nacional, Provincial y Municipal.

Si en cambio, el proyecto contemplaba que la corporación debía afectar de manera explícita recursos fiscales con tres destinos:

a) La ecualización de tasa de interés o subsidio de tasa a sectores económicos que requieran de esta política activa.

b) La creación de una Sociedad de Garantía Recíproca Provincial.

c) La corporación debería estar capacitada para invertir “equity” en empresas o sectores con impacto económico estratégico, que luego de su puesta en valor, se volcaban al sector privado, colocando la corporación su participación accionaria, vía Mercado de Capitales Argentino.

Algunos pasos en el buen sentido se han dado; de manera aislada, pero se requiere institucionalizar estos esfuerzos de política para las pequeñas y medianas empresas. Como lo afirmaba en el artículo citado, falta tutelar y poner bajo un manejo profesional y específico estas medidas y pareciera entonces que la figura de la corporación que imaginaron nuestros legisladores resultaría una idónea herramienta para aglutinar instrumentos vigentes y proyectar y desarrollar los faltantes, anteriormente detallados de manera muy general.

Los estudios realizados y los trabajos emergentes de los mismos, están a disposición de quién lo considere necesario para implementar este proyecto de indudable necesidad regional.

(*) Ex ministro de Hacienda y finanzas de Santa Fe