EDITORIAL

Honduras, el golpe

y la reacción de OEA

Más allá de los argumentos políticos leguleyos que elaboran quienes depusieron al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, a nadie escapa que la acción perpetrada por las fuerzas armadas de ese país fue un clásico golpe de Estado con todos los vicios que distinguen a este tipo de operaciones políticas.

La escena de un presidente secuestrado por hombres armados y llevado a punta de pistola hasta el aeropuerto tiene un impacto que sólo a la mentalidad de los golpistas civiles se le puede ocurrir disimular o justificar.

Hace casi veinte años que el mundo abandonó la Guerra Fría. En América Latina los procesos de democratización se iniciaron en los ‘80, y entonces quedó establecido un consenso democrático que excluye terminantemente la intervención política de los militares en operaciones de destitución de mandatarios elegidos por el pueblo.

El señor Micheletti, el político civil beneficiado por el golpe de Estado, asegura que el operativo se hizo en el marco de la ley y con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Son palabras que intentan disimular lo indisimulable: la deposición de un presidente por una fuerza militar. El acto de asunción de Micheletti, rodeado de soldados, dice más que cualquier argumento jurídico o político. El hecho de que sea un civil -y no un militar- el que asume la presidencia no aporta nada nuevo a la génesis golpista del episodio. La historia del golpismo en América Latina siempre estuvo promovida por una alianza de militares y civiles.

Las consideraciones institucionalistas no pretenden justificar a un gobernante como Zelaya, arbitrario, oportunista y manipulador. Lo que sucede es que el punto básico de consenso de la actual cultura política enseña que a los malos presidentes se los depone con elecciones y no con asonadas militares. Zelaya concluía su mandato a principios de 2010. Es verdad que preparaba para noviembre la convocatoria a una asamblea constituyente amañada para arreglar su sucesión política al mejor estilo chavista.

Sucede que estos países, empobrecidos por la corrupción y las pésimas administraciones, suelen presentar estos dilemas de hierro. De todos modos, los organismos internacionales como la OEA y la ONU, o los presidentes democráticos no tienen por qué avalar resoluciones contrarias al Estado de derecho, en nombre de necesidades que deliberadamente se presentan como urgentes.

Por lo pronto, es importante que haya habido una condena unánime al golpe de Estado, sentando así un precedente disuasivo para quienes puedan alentar en el futuro soluciones parecidas. Desde este punto de vista es correcto que el gobierno argentino haya manifestado su solidaridad con el señor Zelaya. Lo que sí parece una sobreactuación es que la presidente abandone el país rumbo al Caribe en un momento en que se registran graves problemas internos en la Argentina.