llegan cartas

El valor de mutuales y cooperativas

 

Carlos Ghisolfo.

DNI: 12.351.615.

Señores directores: Fue altamente gratificante leer el editorial del diario de unos días atrás, en el que se realzaba el valor de las cooperativas y mutuales en la creación de riqueza del país, y en especial, en nuestra bendita provincia. Y digo gratificante porque es raro encontrar en los medios masivos de comunicación una descripción tan ajustada a la importancia y al olvido que tienen y sufren estas entidades.

Estos movimientos solidarios, presentes en el hombre desde la antigüedad, desde que entendió que sólo con el esfuerzo común y sacando fuerzas de la unión con otros podría enfrentar las adversidades, son los que integran y revalorizan a las personas en grupos homogéneos, luchando por los mismos intereses.

¿Y que aportó el Estado a esta fraternidad solidaria? Las leyes y reglamentaciones que regulan nuestro accionar, así como los organismos que nos controlan. Este aporte del Estado al esquema solidario no fue caprichoso ni un acto de beneficencia. Fue la consecuencia de asumir que estas entidades son un factor de acción comunitaria con eficiencia operativa, que resuelven a un bajo costo muchos problemas que interesan al Estado, reemplazando la ineficacia, la ausencia o la falta de recursos de este último en el área social.

En el esquema de cualquier país desarrollado, el movimiento solidario tiene su lugar reservado y respetado, y goza de una clara política de promoción. Lamentablemente, en la Argentina viene sufriendo una serie de embates que lo ponen en una situación incierta respecto de su futuro.

Eliminar los códigos de descuentos; ataques y trabas desde la Afip; equiparar mutuales de salud con empresas lucrativas; dar trato preferencial a empresas privadas sobre cooperativas de servicios públicos; pérdida de exenciones impositivas; discriminación en la pesificación, etcétera, son moneda corriente del poder público, que parece empeñado en provocar la destrucción o la atomización de estas entidades solidarias.

Con mínimos recursos y bajos costos, brindamos servicios de salud, proveeduría, órdenes de compra, seguros, educación, becas, capacitación, ayudas económicas, vivienda, emergencia médica, turismo, recreación, entre otros.

Es verdad, como dice el editorial, que a Santa Fe debería interesarle más que a nadie que la economía social alcance mayor difusión y proyección de sus actividades. Y, sin embargo, no somos tema de agenda de nuestros gobernantes, ni de quienes aspiran a reemplazarlos.

Por todo esto debemos exigir que en nuestra provincia se defina a la economía social y solidaria como una cuestión de Estado, fortaleciendo nuestras asociaciones, dándoles sustento legal y seguridad jurídica, diferenciándose de otras organizaciones de la economía que basan su actividad en el lucro. Pretendemos lograr un reconocimiento del sector político que nos permita elevar nuestra voz tanto para propuestas como para legitimar justas reivindicaciones y exigencias en beneficio de nuestros asociados y de la comunidad toda.

Estamos ante uno de los grandes desafíos de la hora actual. Y del resultado que obtengamos, habremos consolidado el sistema solidario y revertido la decadencia social que vivimos. O contemplaremos resignadamente la aparición de más cartoneros o limpiavidrios en los semáforos.