Cuestionamiento

Jóvenes y su edad de punibilidad

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) salió al cruce de la votación realizada la semana pasada por el Senado de la Nación de un proyecto que baja la edad de punibilidad a los 14 años. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero el tratamiento en particular quedó para más adelante, pues persisten diferencias entre los legisladores. El texto tratado es una síntesis de proyectos presentados en la Cámara Alta en los últimos años, por María Perceval, Sonia Escudero y Gerardo Morales.

La norma -que luego de ser aprobada deberá ser enviada a Diputados para su sanción- establece que ningún chico menor de edad acusado de cometer un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni aplicársele las penas previstas para las personas mayores. Determina que están exentas de responsabilidad quienes al momento de cometer el delito del que se los acusa no alcancen la edad de 14 años, y tampoco serán punibles quienes tengan 14 ó 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años. Tampoco recibirán sanciones penales quienes tengan 16 ó 17 años cuando cometieron delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años. Se indica luego que “se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar” y que “en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente”.

El Cepoc cuestionó la falta de consulta de los legisladores a las entidades que trabajan con la infancia y adolescencia y expuso una serie de rechazos al proyecto.

La organización considera que bajar la punibilidad a los 14 años es regresivo; advierte que el único objetivo es el castigo,

desmiente que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años; insta sí a cumplir las leyes vigentes especialmente en defensa de esa franja etárea, afirma que la cantidad de chicos de entre 14 y 15 años que comete delitos graves es ínfima; advierte que el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene y mucho menos podrá controlar las que piensa crear y entiende que los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales.

Al explicar porqué es regresivo, recuerda que en el derecho internacional rige el principio de no regresividad y de progresividad por lo que está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y sólo se puede avanzar en dicha cobertura.