La Comisión de Emergencia Agropecuaria analizó la situación en los distritos afectados
La crítica situación del campo
ya genera demandas sociales
El prolongado período de sequía que está perjudicando a las actividades productivas ya se nota en el interior santafesino. Día a día, se reduce el movimiento comercial, provocando un deterioro en el bienestar social.
Ivana Zilli
Con un poco de alivio -por las últimas precipitaciones que se registraron en la provincia- y sin dejar atrás la preocupación, referentes de entidades agropecuarias y autoridades provinciales participaron de la reunión de la Comisión provincial de Emergencia Agropecuaria que se realizó ayer en el Ministerio de la Producción de Santa Fe. Tras hacer un análisis de la crítica situación que se está viviendo en distintas localidades por el impacto de la intensa sequía, se evaluó la realidad climatológica de los distritos y la marcha de los programas que se desarrollaron para paliar los efectos de esta falta de agua.
La actividad del campo está resentida y, de a poco, esta situación está repercutiendo sobre la vida de las poblaciones. “La lechería se enfrenta a un inconveniente económico y financiero; pero, el cierre de los tambos se convierte en algo que es mucho más grave y que genera un problema social. Mucha gente está quedando en el camino y será muy difícil poder reinsertarla”, resaltó Gustavo Colombero, presidente de la Federación de Centros Tamberos (Fecet).
Lamentablemente, “los dos últimos gobiernos aplicaron una política de exclusión, de achicamiento y de concentración y hoy estamos viendo los resultados de estas acciones”, agregó Colombero.
Como es de público conocimiento, el norte es el que más sufre las consecuencias de este crítico panorama. Estamos frente a una “situación desesperante” y el intendente -Enrique Fedele- ya se manifestó al respecto y decretó la “emergencia social”. Y en este momento, “la sociedad y el comercio también están pidiendo la declaración de desastre comercial y social”, advirtió el titular de la Sociedad Rural de Tostado, Alejandro Lahitte.
Esta realidad “ya la habíamos anunciado en el mes de enero y ahora se está tomando conciencia de las consecuencias que está provocando este desastre agropecuario. Creo que los departamentos 9 de Julio y Vera son los más complicados y tras una sequía de 3 años ya se redujo casi en un 40% el rodeo bovino”, resaltó Lahitte.
Además, la disminución en la actividad agropecuaria “frenó todo lo que es inversión en infraestructura y los establecimientos agropecuarios han reducido al personal mínimo”. En tanto, “en el municipio de Tostado están percibiendo las consecuencias de esta crisis al atender una demanda social por medio del otorgamiento de distintos subsidios y la atención en acción social”.
Desde la Sociedad Rural de Tostado, “buscamos que en el sector agropecuario no haya despidos y por eso motorizamos los Recupro -Planes de Recuperación Productiva- por medio del Ministerio de Trabajo. Se trata de una ayuda que tiene prevista el gobierno nacional para las distintas actividades -comercial, industrial y agropecuaria- a las que se le otorga un subsidio y la patronal se compromete a no efectuar despidos. Ya elevamos una gran cantidad de carpetas de establecimientos agropecuarios que se adhirieron a estos programas y estamos esperando tener una respuesta positiva”. Este tipo de presentaciones “no eran habituales en este sector”, resaltó el titular de la entidad rural de Tostado.
Efecto cascada
La menor actividad en el sector agropecuario no sólo afecta a los productores. “De 48 millones de toneladas que se podían hacer de soja en el país se hicieron 30 millones. Esto significa que hubo menos ingresos para el productor, para el contratista y para el transportista. De esta forma, se resintió la cadena de producción y de servicios”, comentó José Turino, vicepresidente del Centro Contratista de la Maquinaria Agrícola.
A raíz de esta situación, “participamos de esta reunión -la de la Comisión provincial de Emergencia Agropecuaria- para que también se tenga en cuenta a los prestadores de servicios. Hoy el productor agropecuario con un certificado de emergencia puede acceder a una refinanciación de créditos en los bancos oficiales; pero, un prestador de servicio -como el contratista- que no cuenta con este certificado no puede obtener una refinanciación de su pasivo. Intentamos aportar a una modificación a la ley de emergencia agropecuaria incorporando elementos de este sector. Creemos que la agroindustria también debería estar incluida en esta normativa”, señaló Turino.
La situación “calamitosa” a la que se enfrenta la agroindustria está impactando en San Vicente -donde hay 200 cosechadoras-. “Hace meses que prácticamente no tienen ventas, los contratos en el exterior están con ciertas dificultades de cumplimientos, a los prestadores les falta capital de movimiento. Se sabe qué es lo que va a pasar en el trigo, la falta de hectárea sembrada y la ausencia de servicios que habrá por la menor cantidad de hectáreas. Esto significará una menor cantidad de ingresos y una descapitalización en el sector”, advirtió Turino.
De a poco, “el comercio y todas las actividades que hacen a un pueblo se van resintiendo”, agregó el referente del Centro Contratista de la Maquinaria Agrícola.
La Nación, ausente
Para el presidente de la Sociedad Rural de Tostado, el gobierno provincial “está muy solo en la lucha por la sequía”. Por eso, “esperamos que el gobierno nacional se sensibilice con este problema”.
Cuando fue la inundación de 2003, “la Nación homologó los decretos de desastre y emergencia que tuvo la provincia y se hizo una ley para condonar los impuestos nacionales. En este momento, estamos solos con una prórroga que significa patear el problema para el año que viene”. En estos casos, se podría gestionar ante el gobierno nacional que “se condone el impuesto a las ganancias por la situación de descapitalización o ventas forzadas y creo que estas cosas hay que pelearlas”, agregó Lahitte.
Por otro lado, el referente de la entidad manifestó que para reconstruir el sistema productivo en las zonas más afectadas, “la provincia debería generar una línea de crédito blanda; sino va a ser muy difícil arrancar de nuevo. Es que cuando la contingencia climática pase tenemos que contar con los instrumentos financieros necesarios para reactivar los sistemas productivos. Esperamos que la provincia tenga políticas activas para ese momento”.
Al respecto, el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, remarcó que algunos de estos temas serán analizados y también se van a plantear ante el gobierno nacional.
