Piden “acceso restringido”

Reuniones por seguridad

en el hospital psiquiátrico

Un enfermero que estaba de franco y un paciente judicial con “permiso terapéutico” se agarraron a trompadas en los jardines del Mira y López. El caso puso nuevamente sobre el tapete la desprotección que sufre el personal y la comunidad que asiste al centro de salud.

Juliano Salierno

[email protected]

Un mes atrás un interno judicial violó a un paciente común del hospital psiquiátrico Mira y López. La semana pasada un enfermero que estaba de franco se tomó a golpes de puños con otro paciente al que la Justicia declaró inimputable y recomendó tratamiento. Ambos casos se suman a una larga lista de episodios violentos atribuidos a los llamados “pacientes judiciales”, que pusieron en vilo a los trabajadores del centro de salud más importante del norte de la ciudad.

A raíz de estos y otros sucesos que jaquean la seguridad del hospital, la dirección del Consejo de Administración se reunió con los representantes del personal de mantenimiento, de enfermería y del gremio de trabajadores UPCN para coordinar actividades que garanticen la seguridad de los empleados y la comunidad que va a requerir asistencia.

“Toda esta semana estuvimos reunidos por ese tema”, confirmó Mercedes Landaida, delegada de UPCN y jefa del Departamento de Enfermería del lugar. “No hay acceso restringido, ni contamos con seguridad privada dentro de la institución”, manifestó la representante con justificada preocupación.

Aunque prefirió no vincularlo directamente con la pelea suscitada la semana pasada en los jardines del hospital, sí aceptó que la presencia de pacientes derivados por la Justicia ha generado serios planteos del personal.

Reclamo de trabajadores

Por su parte, empleados del Hospital Mira y López denunciaron de manera anónima “problemas de agresión a un compañero el jueves pasado”, cuando “fue a ver los turnos”, porque “no estaba trabajando”.

Daniel Bassadone, de 35 años, se desempeña como enfermero en la Sala de Mujeres. Trabaja en el Mira y López desde hace 14 años y también lo hace en la clínica de psiquiatría La Merced. Actualmente cubre el turno noche, de 22 a 6 y el jueves de la semana pasada sufrió un encontronazo con un paciente que asiste para evaluaciones periódicas.

El enfermero ingresó con su pequeña hija a ver los turnos del mes, cuando un individuo lo llamó y lo golpeó sin mediar palabra, según la versión ofrecida por sus compañeros. Bassadone dejó una constancia por “agresión” en el destacamento policial del hospital y se hizo revisar por el médico de guardia, que ordenó una placa para constatar “lesiones en el arco superxiliar izquierdo y pómulo”.

Por su parte, el agresor acusó una “doble fractura en tabique nasal”. Se trata de un hombre de apellido Osuna, que supo estar alojado en el pabellón psiquiátrico de la Cárcel de Coronda, conocido como “el Corralito”. Desde el desmantelamiento de este sitio de reclusión por las autoridades de Salud Mental y el Servicio Penitenciario, el insano se transformó en “paciente judicial con permiso terapéutico” y recibe asistencia en el centro de salud que está abierto a la comunidad toda.

Cabe destacar que Osuna había ido al hospital a visitar a su novia cuando ocurrió el hecho. La madre de la joven internada radicó la denuncia en Tribunales por lo ocurrido.

/// ADEMÁS

Cierre del “Corralito”

El personal del nosocomio público aseguró que “como consecuencia del cierre del “Corralito’ de Coronda” están ocurriendo hechos reiterados de violencia; además de “problemas de adicciones”, “amenazas de muerte” a los trabajadores que corren “riesgos” y están cada vez más atemorizados.

Cabe aclarar que la mayoría de los pacientes inimputables, sobre todo aquellos de mayor peligrosidad, son derivados a la Colonia de Oliveros. Además, la desarticulación del Corralito fue tomada con beneplácito por todos los actores del sistema penitenciario. “Fue una medida muy acertada”, consideraron distintas fuentes judiciales consultadas, puesto que allí se vulneraban los derechos de los alojados.

El Corralito existió desde el 11 de enero de 1985 hasta el 6 de octubre de 2008 y estaba destinado a “personas declaradas jurídico-penalmente inimputables” en cumplimiento de una medida de seguridad.

La decisión de entonces del gobierno fue la de “alojar y asistir a los pacientes declarados inimputables, en instituciones de la red de salud pública; la disposición de los recursos y acciones necesarias para asistir adecuadamente, dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se hallaban en el pabellón psiquiátrico”.