Uno sí, otros no

Fallos contradictorios para los

consumidores de gas en Santa Fe

Un juez federal aceptó una medida cautelar contra el aumento en su factura de gas. El magistrado rechazó una acción común de vecinos de 70 localidades por faltas formales.

Corresponsalía Rosario

El fallo del juez Federal de Instrucción Nº 1, Héctor Zucchi, que dictó ayer la primera medida cautelar contra el aumento del gas en Rosario -por un reclamo de un particular- originó una nueva polémica.

El magistrado que avaló el reclamo de Fernando Arozena, quien no tendrá que pagar la boleta de Litoral Gas con el cargo del decreto 2067/08, fue el mismo que rechazó la demanda presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe, reclamo al que se plegaron el 28 de julio pasado centenares de damnificados de 70 comunas del centro y sur de la provincia.

Osvaldo Salomón, presidente de la comuna de Chabás, uno de los impulsores del reclamo contra la decisión del gobierno nacional, que considera un “impuestazo”, señaló en diálogo con El Litoral que “es muy curioso” el fallo del juez Zucchi, porque “avala el reclamo de este particular y antes rechazó el que presentó la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe, que es muy similar, pero que contaba con la adhesión de cientos de damnificados de unas 70 comunas y municipios santafesinos”.

“A causa de la lentitud y de la postura de estos jueces los santafesinos somos unos de los pocos en el país que estamos pagando este tarifazo”, afirmó Salomón, quien detalló que “sólo la provincia de Santa Fe y un sector del conurbano bonaerense tienen que enfrentar el pago del impuestazo”.

Ayer se conoció que el juzgado dio lugar el viernes pasado a una medida cautelar que inició un usuario rosarino (Fernando Arozena), quien no tendrá que pagar su factura de 640 pesos de Litoral Gas. Arozena abonaba antes 120 pesos, por lo que el incremento de la tarifa por el cargo es de aproximadamente un 400 por ciento.

El magistrado no falló sobre la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad del decreto 2067/08, sino que sólo resolvió a favor de la medida cautelar que interpuso este cliente. En el fallo, al que accedió este diario, el juez argumenta que “la modificación tarifaria del servicio público de gas que se ve reflejada en la factura implicaría una suerte de tributo o contribución. Como tal, su fijación por parte de un poder que no es el que constitucionalmente se encuentra previsto para ello, implicaría que el derecho que invoca es verosímil”.

Según explicó el abogado Diego Czarny, letrado de Arozena, la decisión de Zucchi afecta tres puntos: ordena la suspensión de la “ejecutoriedad” del decreto 2067/08, que permite el ajuste de la tarifa para los consumidores de más de 1.500 metros cúbicos, se le exige a Litoral Gas que en las boletas que emita a partir de ahora no incluya el recargo (ni los intereses y moras), y también se prohíbe a esta firma que corte el suministro a este cliente.

Contracautela

Un punto central del reclamo, según el juez Zucchi es la “contracautela”, un “requisito legal insoslayable” cuando se solicita una medida cautelar.

La contracautela es la garantía que debe prestar quien ha solicitado la traba de una medida cautelar para garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho. Y, según explicó el propio magistrado, el recurso presentado por la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe no incluía este requisito.

Por eso, anteriormente, rechazó el planteo que hizo esta organización, al que se plegaron el 28 de julio pasado vecinos de 70 localidades de la provincia. En el fallo, Zucchi hace mención a este punto al argumentar que denegó la medida cautelar iniciada por la Unión de Usuarios, que es “un caso materialmente similar”, “debido a que no se ofreció caución alguna, quedando sin cumplir el recaudo”.

La caución que el juez le impuso a Arozena es del “20 por ciento del importe que bimestralmente liquide la Empresa Litoral Gas S.A. al actor”.

Tras el rechazo de Zucchi a la presentación de la Unión de Usuarios, el caso está en la Cámara de Apelaciones Federal, donde en esa instancia los magistrados tendrán que decidir si ratifican o no la postura del juez de Instrucción Nº 1.

Protestas en el norte

La protesta de los trabajadores del gas se extendió al norte de la provincia. Las salidas de las distribuidoras de gas en Reconquista fueron clausuradas ayer por una concentración obrera. “Van tres meses de discusiones y en la última reunión ni siquiera concurrieron algunos empresarios. Y los que fueron no ofrecieron nada. La última fue el viernes y no hay fecha para una próxima reunión”, explicó Luis Alfredo Bravo, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Gas.

En ese lugar se concentró medio centenar de obreros afiliados en Reconquista, pertenecientes a tres empresas distribuidoras: Amarilla Gas, Total Gas y Reconquista Comercial. La primera es la única que envasa el gas en esa ciudad.

/// análisis

El gobierno promete corregir

los errores en la facturación

Viviana Mariño

El gobierno nacional insistió ayer en justificar el aumento de las tarifas de gas que generó una fuerte reacción político-judicial en varios distritos del país, aunque admitió que buscará enmendar los errores de facturación que generaron la avanzada opositora para reclamar la derogación del decreto que habilitó la suba.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, defendió la cuestionada aplicación del denominado “Cargo Gas”, aseguró que el esquema es “equitativo” y minimizó las quejas por errores en la facturación que dispararon numerosas presentaciones judiciales en distintas provincias del país.

“Tenemos 7 millones de usuarios de gas en todo el país, pertenecientes a ocho distribuidoras. Hemos tenido 1.300 reclamos que, sobre el universo de usuarios, no llega a un punto porcentual”, puntualizó De Vido.

Anoche, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruyó a las distribuidoras sobre los casos de usuarios que deben ser “eximidos”.

En declaraciones radiales, el ministro de Planificación Federal salió a fijar posición en el inicio de una semana decisiva para la suerte del aumento tarifario ya que la oposición intentará nuevamente derogar el decreto 2067/08 en el Congreso y los Defensores del Pueblo de todo el país buscarán afinar una estrategia conjunta para frenar los incrementos.

Esa secuencia comenzará hoy con el plenario de ombudsman convocada en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Defensor del Pueblo cordobés, Mario Decara, confirmó su participación en ese encuentro tanto como su presencia en la reunión, mañana, de la comisión de Energía, Minería y Combustibles de la Cámara baja. En ese plenario legislativo, la oposición buscará firmar dictamen y, en la sesión del día y sobre tablas, buscar la derogación del decreto.

Atento a que la oposición parecía estar cerca de conseguir 15 firmas para emitir dictamen en la reunión de comisión, el oficialismo analizaba anoche diferentes escenarios para “dilatar” esa discusión, incluida la posibilidad de dejar sin quórum al cuerpo legislativo, confiaron a este diario fuentes parlamentarias.

La Casa Rosada sigue minuto a minuto las negociaciones parlamentarias, atento al impacto que provoca en el Congreso incluso en las propias filas oficialistas- la multiplicación de pronunciamientos judiciales y amparos. Ayer, la Fiscalía de Estado de Mendoza presentó un amparo para que la Justicia ordene al Gobierno que frene la suba de tarifas.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el titular del bloque de diputados del oficialista Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi, respaldaron ayer el plan de “correcciones” a las facturas que hayan registrado errores y que, en su diagnóstico, desvirtuaron la lógica de aplicar el aumento a los sectores de mayores ingresos.

“Acá la definición es muy lógica y contundente: los que tienen un nivel socioeconómico elevado no pueden pagar lo mismo que los que tienen un sueldo absolutamente acotado y viven en un barrio periférico. A los que se le haya cobrado un centavo de más, se les tendrá que devolver el dinero”, puntualizó Fernández.

Por su parte, Rossi advirtió que “nadie que gane 2.500, 3.000 pesos tiene que pagar” el llamado “Cargo Gas”. “Hay que analizar los casos donde mayor consumo no significa mayor poder adquisitivo”, enfatizó.

El jefe comunal de Chabás, Osvaldo Salomón, propone una manifestación ante tribunales si la Justicia no atiende los reclamos contra el aumento.

Foto: archivo El Litoral

/// EL DATO

Audiencia pública

Se realizará el viernes próximo en el Concejo Municipal de Rosario, que conjuntamente con la Municipalidad se plegó la semana pasada al reclamo cuando intendentes y comerciantes de diferentes localidades realizaron una marcha frente a la sede del Enargás. Salomón, presidente comunal de Chabás, que encabezó el reclamo, anticipó que “si la Justicia no se hace cargo del caso con seriedad y no toma una decisión antes de la semana que viene, vamos a hacer una manifestación frente a los Tribunales Federales de Rosario para expresar nuestro descontento”.