EDITORIAL

Delito, Estado y

situación social

Con sus declaraciones prometiendo “molerles los huesos a los chicos que se falopean y andan choreando”, el presidente del Concejo Municipal de Arroyo Seco, Miguel Coradini ganó fama nacional. Tal vez era lo que estaba buscando. Periodistas, políticos, lectores, se pronunciaron sobre estas declaraciones y en la mayoría de los casos las aprobaron y las festejaron.

Estos resultados suelen ser previsibles. La tendencia a simplificar de la manera más salvaje los problemas relacionados con la seguridad otorga inmediata popularidad, aunque muchos de los que aprueban declaraciones de ese tipo deberían preguntarse si efectivamente los temas de la seguridad y el orden se resuelven diciendo palabras groseras y brutales, destinadas a ganar el aplauso fácil de la platea.

Por lo pronto, es importante que desde las más altas responsabilidades políticas de la nación, la provincia y del propio municipio de Arroyo Seco se haya manifestado el rechazo a declaraciones que en su forma y contenido son inaceptables por parte de un legislador. Coradini seguramente disfrutará durante unos días o semanas de una dudosa fama, pero los problemas que él dice resolver de manera tan expeditiva seguirán vigentes.

Cuesta entender que el drama de la inseguridad es un tema complejo que no se soluciona con consignas facilistas y simplificadoras. Hay cuestiones sociales que explican el delito, pero también hay cuestiones institucionales pendientes en el campo de la seguridad. La experiencia histórica enseña que cuando los índices de pobreza y desocupación disminuyen el delito también merma. De todos modos, todo ciudadano tiene derecho a exigir que hasta tanto se asegure el pleno empleo, las fuerzas de seguridad protejan a los ciudadanos.

Consultado un miembro de la Corte Suprema de Justicia sobre si era necesario reformar las leyes para combatir el delito, respondió que más que reformarlas era indispensable cumplirlas. En este punto, el compromiso de policías, jueces y funcionariado es decisivo. Sin una policía medianamente honesta y capacitada y sin jueces dedicados a cumplir con sus responsabilidades no es posible, o se hace muy difícil, hablar de seguridad.

Las alternativas basadas en el gatillo fácil, los apremios ilegales, el retroceso al “fusilamiento” o los linchamientos, en todos los casos son más una manifestación de la barbarie, que la expresión de una sociedad civilizada interesada en asegurar la convivencia sobre la base de parámetros humanistas.

Que los delincuentes deben estar en prisión es una verdad que nadie pone en duda. Pero también es necesario asumir los compromisos del Estado de derecho y los valores que ese Estado debe proteger. Para que nadie tenga dudas al respecto, está claro que si el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia es porque está facultado a hacer uso de ella, pero en todos los casos es importante advertir sobre los alcances de la palabra “legítimo”, un vocablo que marca la distancia entre el derecho y la fuerza bruta o entre la civilización y la barbarie.