Edición del Martes 25 de agosto de 2009

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Tres poderes de Santa Fe en Chile - Política | Economía Política

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Tres poderes de Santa Fe en Chile

La delegación se interioriza sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. Reuniones con legisladores nacionales trasandinos que trabajaron en el proceso de reforma. Tessio y Superti con el embajador argentino.

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Héctor Superti, ministro de Justicia.

Foto: Archivo/El Litoral

Mario Cáffaro (enviado especial)

politica@ellitoral.com

“Hacer un código de procedimientos es sencillo, lo difícil es instrumentarlo”, subrayó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, en los pasillos del imponente y moderno Centro de Justicia de Santiago de Chile. Caminan con él sus pares María Angélica Gastaldi y Mario Netri; un grupo de siete magistrados penales de Rosario entusiasmados e ilusionados con la posibilidad del cambio, legisladores provinciales y el director provincial de transformación del sistema procesal penal, Víctor Moloeznik.

El resto de los santafesinos que están en la capital chilena desde el domingo, visitan a legisladores nacionales e incluso son recibidos por funcionarios del ministerio de Vivienda.

Santiago recibió a los santafesinos con esa mezcla de progreso, modernidad y los restos de la etapa colonial que hacen de esta metrópoli una ciudad con encantos matizados con las cumbres nevadas que se ven desde los distintos lugares de la capital cuando la niebla o el smog se disipan.

Chile es considerado uno de los ejemplos más exitosos de reforma del sistema penal en el continente y Santa Fe viene por segunda vez a esta ciudad a buscar experiencia y saber las dificultades que ofrece el proceso de transformación.

Un edificio de cemento y acero cobija al sistema penal en Santiago. Es un edificio en u, en una de cuyas alas se encuentra el Ministerio Público y en el otro el Servicio de Defensa. A su lado, la zona de Seguridad y Tránsito a cargo de los carabineros donde pasan por día unos 300 detenidos a los cuales se les abren instancias penales.

Funcionarios jóvenes del servicio de justicia tienen a su cargo el tour por el Centro de Justicia que demandó al Estado una inversión de 80 millones de dólares y que aún no está terminado.

El recorrido comprende la llegada de los carros con los detenidos, cómo funciona el sistema de notificación, de garantías, hasta llegar a la audiencia en el término de 24 horas donde un fiscal acusa, una defensora encara la tarea adversarial ante una jueza con un papel muy activo que decide si excarcela o deja en prisión preventiva al detenido y fija la fecha del juicio definitivo de la causa para dentro de unas pocas semanas. Toda esta instancia prácticamente no demanda el uso de papalería.

La notificación electrónica y las audiencias grabadas en audio son componentes esenciales de este proceso. Fiscales que explican cómo se armó todo el sistema a partir del 2000, oficinas de asistencia a las víctimas, el papel de la policía de investigaciones, de los carabineros, todo expuesto y debatido con los jueces y legisladores santafesinos que tienen a debate todavía una serie de cinco leyes que acompañarán la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal votado en el 2007.

Reuniones en varios frentes

“No hay mejor manera de conocer el sistema que viéndolo como funciona”, subrayó el ministro de Justicia, Héctor Superti, al frente del grupo santafesino que ocupó la jornada en reuniones junto a senadores provinciales con senadores chilenos que formaron parte del debate de la reforma del sistema y que hoy integran la comisión de seguimiento del sistema. Estas reuniones -hubo dos en la primera jornada- permitieron evacuar dudas de los legisladores santafesinos y la certeza de que el cambio tiene un costo presupuestario importante pero que el Estado santafesino deberá comenzar a asumir en los próximos ejercicios.

Los chilenos se jactan del alto grado de resolución de sus situaciones penales, aunque destacan que son la mayoría de las causas denunciadas las que no llegan a juicio porque -o no hay pruebas para seguir adelante con la investigación- situación que se vive especialmente en los arrebatos o hurtos menores, pero que hay una fuerte tarea de apoyo y contención a los afectados por la acción violenta.

A los jueces rosarinos les interesan aspectos puntuales del funcionamiento de las fiscalías que tienen a su cargo la tarea central en la investigación. En algunos casos los interlocutores son magistrados que estuvieron en el anterior sistema y que ahora forman parte del nuevo. Uno de ellos, Alberto Amiot Rodríguez, quien al inicio de su charla se declaró admirador de varios juristas argentinos, entre ellos Eugenio Zaffaroni, admitió los miedos que le provocó el cambio pero aseguró que hoy al terminar la jornada “voy a mi casa con la satisfacción del deber cumplido”.

La visita santafesina tiene el apoyo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas (Ceja), organismo que colabora con el gobierno santafesino en la implementación del sistema y que tiene entre sus integrantes a muchos argentinos, jóvenes, de distintos puntos del país, que junto a chilenos y otros americanos pretenden dejar para el continente un sistema de justicia penal que garantice un juicio justo a todos los ciudadanos.

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Roberto Falistocco, presidente de la Corte Suprema.

Foto: Archivo/El Litoral

Otras reuniones

Para hoy martes, la vicegobernadora Griselda Tessio y el ministro Superti tenían agendada una reunión con el ministro de Justicia de Chile, Carlos Maldonado Costa, y antes firmar un acuerdo de cooperación con la Defensora General de Chile que ofrecerá la experiencia para la integración del futuro sistema de defensa santafesino.

Tessio ayer mantuvo junto al senador Juan Carlos Zabalza una extensa audiencia con la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, Cristina Silva Toledo, quien detalló pormenorizadamente una serie de programas que lleva adelante esa cartera con vistas a que todos los chilenos tengan techo propio con créditos y subsidios.

El dato no es menor; la propia Tessio admitió que Chile destina dos mil millones de dólares para tres programas que apuntan a mejorar la calidad de vida de su población más vulnerable, tanto de áreas urbanas como rurales. Los fondos provienen de las exportaciones de cobre, el mineral que exporta el país y cuyo precio se ha disparado en los últimos meses.

Tessio y Zabalza también tuvieron ayer al mediodía un encuentro protocolar con Ginés González García, el embajador argentino.

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Griselda Tessio, vicegobernadora de la provincia.

Foto: Archivo/El Litoral



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