LA EXPERIENCIA DE CHILE

Los medios de comunicación y su rol en la reforma del proceso penal

Arellano Quintana consideró indispensable el apoyo de la prensa para educar sobre los cambios. La necesidad de generar consenso con todos los actores del proceso.

Mario Cáffaro

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Jaime Arellano Quintana fue viceministro de Justicia en los seis años de mandato presidencial de Ricardo Lagos, lapso en el cual se puso en marcha la parte central del proceso de reforma procesal penal en Chile. Hubo cambio de ministro en el área, pero él permaneció en la función. Dirigente democristiano, fue jefe de gabinete del presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y hoy es consejero directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) organismo que depende la OEA. Arellano Quintana tuvo a su cargo la conferencia de cierre de la visita de una delegación santafesina a Santiago de Chile para observar la gestión del sistema trasandino e instó a los distintos actores a “sentirse corresponsables de que funcione el sistema”.

En diálogo con El Litoral, hizo hincapié en el rol de los medios de comunicación como “educadores’ en el cambio, así como la tarea de la policía, clave para la tarea judicial.

—¿Por qué la insistencia en los que medios de comunicación interpreten el sistema penal?

—Entiendo a los medios cuando dicen “no tenemos responsabilidades pedagógicas”, pero sin lugar a dudas los medios son el mejor vehículo de educación que existe y por lo tanto, son formidables para explicar el actual sistema, sus deficiencias, para explicar la reforma procesal penal. También para ayudar a instalar en la población las expectativas razonables: qué es lo se puede pedir y esperar del sistema; luego para ir dándole seguimiento, contar que es lo que pasa, para ventilar las voces de los distintos actores y facilitar el consenso. Eso fue vital en la instalación de la reforma en Chile. Los medios, cuando apoyan la implementación de la reforma, están apoyando las libertades ciudadanas, la libertad de prensa, la transparencia y beneficiando el control social.

—¿Es partidario de que el gobierno deba tomar el compromiso de capacitar a los medios?

—Los medios están siempre para quedarse, y como ejercen el control social lo pueden ejercer con o sin conocimiento. Soy partidario de que lo hagan con conocimiento y que critiquen cuando hay que criticar, pero que no critiquen por falta de información. El gobierno debiera propiciar que los medios se entrenen y conozcan qué significa el sistema penal y la reforma. Deben saber qué se puede esperar, qué hay que pedirle y qué no hay que pedirle.

—Uno de los cambios propiciados por ustedes fue profesionalizar la gestión del Poder Judicial con administradores, ingenieros ¿cómo lo tomaron los jueces?

—Esto es fundamental. El Poder Judicial ya existía, pero no así el Ministerio Público ni la Defensa que fueron instituciones nuevas diseñadas como multiprofesionales. El Poder Judicial no lo tenía, resistió y creó después la Corporación Administrativa que es el órgano de gestión. Así se instaló la idea de que en todos los tribunales debía haber expertos en el área de gestión que hagan de soporte a los jueces. Los jueces con su función jurisdiccional estrictamente y otros que son especialistas en administración encargados de la administración del tribunal, del manejo de los recursos económicos y humanos. Costó, hubo fuerte resistencia y quejas porque los jueces querían seguir controlando la gestión. Hubo un proceso y una Corte Suprema que como autoridad judicial fue muy apoyadora en este proceso de separar a los jueces de la tarea administrativa y concentrándolos en lo jurisdiccional.

—¿La policía fue otro problema?

—Es lo normal, incluso en sistemas consolidados como Alemania y Estados Unidos. Siempre un órgano administrador y otro que tiene que presentar el caso ante el tribunal tienen dificultades, una de ellas fue con la policía y la necesidad de instalar la necesidad de que sean eficaces en el nuevo sistema. En general se ha ido logrando. En las academias policiales hoy en día se entrena a los policías para funcionar en el nuevo sistema, especialmente las unidades especializadas en delitos violentos o delitos económicos, o cibernéticos, están preparados para el nuevo sistema. Saben que tienen que informar por escrito y sostener lo que han dicho con la evidencia y sostener la legitimidad y legalidad de todo el proceso de investigación, de detención.

—Cuál es el principal consejo que hacen para la aplicación del nuevo sistema

—Lo primero es que no existen recetas, cada Estado o país adapta la reforma a su cultura, a su modalidad, realidad, cultural, presupuestaria y políticas.

Es necesario generar consenso social y desde allí generar consenso político o una mayoría política razonable que pueda impulsar la reforma primero a nivel legislativo, luego establecer coordinaciones desde el principio que hagan a todos los actores de la reforma corresponsables de la correcta implementación, de un seguimiento crítico y de correcciones progresivas del sistema; perderle el miedo a los errores y asegurarse que no se haga uso político de los errores de la reforma. Ser todos corresponsables de la implementación.

—Ustedes comentan que al principio apenas uno de los 21 ministros de la Corte apoyó el cambio

—Eso fue en los 90 cuando se inició el debate. Progresivamente cuando avanzó el consenso social, cuando los medios apoyaron la necesidad del cambio, se fue instalando la academia en el mundo universitario, fueron primero los jueces que eran profesores de Derecho, después fueron sumándose cuando comprendieron que más que un peligro era un progreso para el Poder Judicial, de tener un sistema transparente que lo legitimaba frente a la sociedad. El sistema penal antiguo más bien los desprestigiaba y de paso afectaba a toda la justicia. Este cambio de paradigma fue un cambio de imagen para el Poder Judicial y significó una mejor relación con la comunidad.

La implementación del juicio oral plantea una serie de desafíos que exceden al Poder Judicial. Funcionarios santafesinos tomaron nota de la experiencia chilena.

Foto: Información Pública

/// EL DATO

Judiciales

Juan Antonio Nucci es secretario adjunto de la Asociación Tribunales y destacó que el gremio apoyó desde el primer momento en cambio. No obstante, reconoció que el proyecto original del Ejecutivo modificaba el régimen laboral. “Armamos una mesa de trabajo con el Ejecutivo, acordamos todos y lo votado en Diputados tiene nuestro aval en materia laboral. Las condiciones de trabajo son las previstas en la ley orgánica y en lo salarial, el enganche. Estamos convencidos de que el nuevo régimen penal transparenta, democratiza, eficientiza, da mayor celeridad. El procedimiento es bueno, hay que acompañarlo”, le dijo a El Litoral.

 

 

Visión desde el justicialismo

El senador Ricardo Kaufmann (PJ-Garay) preside la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se encuentran a discusión cuatro de los proyectos que acompañan el nuevo código procesal penal, entre ellos los del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa. En Santiago de Chile, el legislador se reunió con pares trasandinos que propiciaron la reforma y también observó el funcionamiento del sistema de Justicia criminal. “Fue una experiencia interesante” reconoció. No obstante admite que hay “que ver qué podemos adaptar, no copiar porque tenemos que tener en cuenta nuestras circunstancias, nuestros presupuestos, nuestra idiosincrasia. Sin ser sociólogos, vemos que el pueblo chileno es diferente a nuestro pueblo. Es más serio, más disciplinado a primera vista. Quizás esto ayude a un sistema más ordenado”.

En sus reuniones con los senadores hizo mucho hincapié en cuán acelerado debe ser el cambio. También destacó que tuvieron viento a favor en materia presupuestaria. “Creo importante la decisión del Ministerio de Justicia, la Legislatura, los actores del sistema judicial, del sistema político, de la parte académica de hacer de esto una cuestión de Estado, que cualquier signo político tenga que seguir este proceso. Esto es un proceso, requiere años”.

Resaltó que el cambio “tiende a que haya una mayor transparencia y garantía para el acusado, para la víctima y para la sociedad en su conjunto, se pretende eficiencia en el proceso judicial para arribar a soluciones y dar la parte de sanciones a quien lo necesita. Entre estas dos columnas: garantizar que no se violen derechos a los ciudadanos y eficiencia del sistema judicial está el equilibrio de que sea rápido, transparente, que garantice y pueda producir un mayor grado de justicia”.