EDITORIAL

El control de los actos de gobierno

La alternancia en la conducción del Estado provincial ha permitido que resulten más visibles que en años anteriores ciertas debilidades del andamiaje institucional santafesino.

Ha sido fruto exclusivo del cambio de roles entre los partidos políticos (de oposición a oficialismo, y viceversa) que por primera vez -desde 1983- el Tribunal de Cuentas de la Provincia no sea un resorte más del gobierno de turno. Todos los vocales que integran sus salas y su presidente han sido designados por la mayoría que gobernó Santa Fe hasta diciembre de 2007.

Lamentablemente, hasta la actual situación, la labor del órgano de control quedó -por 24 años- sumida bajo la sombra de las dudas: ¿podían esos funcionarios públicos revisar los actos de quienes los habían designado?

Es verdad que cada nominación en estas casi dos décadas y media siguió los pasos formales previstos por la Constitución, pero también lo es que del partido que gobernaba, el Justicialista, provino no ya la mayoría, sino la totalidad de los vocales de sala.

En lo que va de 2009, el PJ ha señalado primero, advertido luego y finalmente protestado con toda firmeza para que la Legislatura forme la comisión que debe complementar la actuación del Tribunal de Cuentas.

Se trata de la Comisión Revisora de Control de Cuentas que deben integrar diputados y senadores provinciales, pero que mediante distintas maniobras dilatorias el actual oficialismo no ha hecho funcionar.

La comisión es parte del diseño previsto por la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado (Nº 12.510), que reemplazó a la llamada Ley de Contabilidad. La norma es producto de un extenso debate legislativo y recoge en 264 artículos -ordenados bajo ocho títulos- la doctrina más moderna para el sector público.

La llamada Ley Mercier, porque su autor es el senador por La Capital, fue promulgada el 2 de enero de 2006, pero, en lo referente a la comisión encargada de revisar las cuentas públicas provinciales y los dictámenes del Tribunal de Cuentas, brilla por su ausencia.

De los 3 años y 9 meses que han pasado desde entonces, dos son responsabilidad del anterior gobierno justicialista, pero hoy se corre el riesgo de que se cumplan otros 2 sin que se integre la comisión. De modo que, ahora, la responsabilidad por esta situación es atribuible a los partidos del gobernante Frente Progresista Cívico y Social.

Durante 2008, el oficialismo y el PJ discutieron sobre qué fuerza política iba a tener la mayoría de integrantes de la comisión. Los desacuerdos terminaron cuando la oposición aceptó el criterio del oficialismo y optó por aceptar una composición que reflejase el resultado electoral de diciembre de 2007, a pesar de que en aquella elección el peronismo -en medio de una derrota general- logró ganar en 13 de los 19 departamentos provinciales y domina el Senado.

Entre tanto, 2009 se consume y los integrantes de la comisión, algunos con mandatos ya vencidos, no se han reunido nunca.