Difusión de datos de agentes públicos
Más polémica por un decreto de Binner
De la redacción de El Litoral
Ante la controversia planteada por la firma del decreto Nº 1.774/09, que pretende difundir la lista y algunos datos de los agentes estatales dependientes del Poder Ejecutivo, la conducción de UPCN emitió un nuevo comunicado advirtiendo esta vez sobre algunos “aspectos” de la norma, que a criterio del gremio, “no son expuestos con la claridad y transparencia necesaria”.
El sindicato reiteró que “no tiene reparos” en la difusión del listado del personal ni de su cargo, fecha de ingreso y la norma por la cual fuera designado, e insistió en que sí se opone a la publicación del Nro. de documento y salario, porque ello podría conspirar contra la seguridad y privacidad de los empleados públicos.
Pero el elemento nuevo que introduce es una lectura sobre el artículo séptimo del Anexo Unico del decreto en cuestión. Allí, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de omitir la “publicación de información referida a determinados agentes, en tanto ello se funde en cuestiones relativas al tipo de funciones que realiza, y la publicación pudiera interferir de algún modo en el desempeño de las mismas”.
Frente a ello, la conducción del sindicato se pregunta “cuál es la razón de este artículo y qué es lo que dejará de publicarse, si en teoría se busca la transparencia de todos los actos de gobierno. ¿Acaso el nombre de algún asesor, algún gasto en viáticos no habitual? -se plantearon- No entendemos qué puede esconder este artículo redactado de una forma tan genérica y poco clara”.
Interés
Para UPCN, al ciudadano común “no le interesa particularmente conocer el sueldo de un determinado agente de planta”, pero opinaron que esa misma ciudadanía “sí debe saber cuál es el costo mensual que para la provincia implica mantener el sistema educativo, cuánto se gasta en sueldos docentes, cuánto en sueldos de reemplazantes de docentes, cuánto en personal no docente y cuánto en reemplazantes de no docentes”.
En el mismo sentido, sostuvieron que sí es necesario que “se informe por ministerio el monto total de gasto en personal tanto permanente como transitorio, el monto en viáticos en estos rubros, y sobre todo los gastos de gabinete (sueldos, viáticos, gastos de alojamiento, de transporte, responsabilidad jerárquica, gastos de cortesía, etc.), así como cuánto se gasta por alquileres, remodelaciones edilicias, amoblamientos y equipamientos, vehículos a disposición de un funcionario y del organismo, kilometraje mensual de cada uno y gastos en combustible, lubricantes y reparaciones”. Para el gremio, “eso sí es transparentar la gestión pública”, y no que el Ejecutivo se reserve la facultad de determinar qué puede ser publicable.
“La transparencia de una gestión -subrayaron- no se da por saber cuánto gana fulano o mengano, sino por saber en qué se gasta el dinero público”. Por todo ello, el sindicato invitó a los los empleados públicos que ya hicieron llegar al gremio su malestar por la medida, que “le hagan saber al gobernador a través de notas, telegramas, etc., su opinión respecto” del decreto citado.
