Diputados difirió el tratamiento de la prórroga del Código Procesal Penal Lesa humanidad: condenados y procesados no serán candidatos La Cámara Joven aceptó la reforma introducida por el Senado a un proyecto del kirchnerista Rico. Se aprobaron varios pedidos de informes. Advertencia sobre reforma tributaria. Choques por la EPE. Mario Cáffaro mcaffaro@ellitoral.com La Cámara de Diputados de la provincia optó por diferir en siete días el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo prorrogando la entrada en vigencia en forma completa del nuevo Código Procesal Penal, en busca de lograr un consenso en el Frente Progresista, con el Ejecutivo, las cámaras penales y con senadores. En cambio, aceptó -a regañadientes- los cambios introducidos por el Senado a un proyecto del diputado Gerardo Rico (Frente para la Victoria) y sancionó una ley que impedirá a procesados con decisión ratificada por Cámara y a condenados por delitos de lesa humanidad integrar listas de candidatos en elecciones provinciales. La sesión se caracterizó por la aprobación de varios pedidos de informes -especialmente referidos a temas de seguridad pública- y por el fuerte cruce de apreciaciones entre el justicialista Mario Lacava y el socialista Raúl Lamberto, debido al prolongado corte de energía que padeció una amplia zona del norte santafesino (ver recuadro). La expectativa de la sesión estaba puesta en la postura que adoptara la Cámara de Diputados ante el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que extiende el plazo de implementación progresiva del nuevo de sistema de Justicia Penal. El primer pronunciamiento del cuerpo fue conceder plazo hasta el 31 de enero de 2011, pero agregando nuevas figuras delictuales a juzgarse en forma oral y pública. El Senado, en cambio, optó por votar el mensaje del Ejecutivo desconociendo la postura de Diputados. En la semana, la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada aclarando que no está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Una extensa reunión de los jefes de bloque determinó no considerar el asunto y abrir una ronda de consultas con las cámaras penales de Santa Fe y Rosario, con el Poder Ejecutivo, la Corte e, incluso, con los senadores. En el oficialismo de Diputados prima el criterio de insistir en incluir nuevas figuras en la etapa de transición, aunque flexibilizando la posibilidad de colocar al homicidio simple. Las bancadas justicialistas persistieron en la decisión de “no poner palos en la rueda”, pero pidieron al Frente Progresista que acuerden la postura incluso con el Ejecutivo. El miércoles por la noche se repetirá la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para buscar un criterio uniforme de la Cámara. Excluidos de las candidaturas En cambio, sobre tablas, Diputados dejó convertida en ley un proyecto iniciado en el kirchnerista Rico por el cual se inhabilita a presentarse como candidatos a cargos electivos a condenados y procesados, con resolución firme, por crímenes de lesa humanidad. La iniciativa aclara que la inhabilitación regirá para elecciones provinciales, municipales, comunales y convencionales constituyentes, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique. A media tarde, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto, ya que extrajo la parte del articulado que extendía la inhabilitación a imputados en dichas causas. Rico admitió que “es la ley posible” y aclaró que se trata de la primera provincia que avanza en este tema, que está contenido en el proyecto de reforma política que hoy discute el Congreso nacional. La oficialista Alicia Gutiérrez afirmó que “es un paso a medias” e intentó insistir con el proyecto que contenía también a los imputados. Un breve cuarto intermedio hizo que desistiera de su postura. La sanción fue saludada por aplausos de diputados de distintos bloques. Gutiérrez y la socialista Lucrecia Aranda reconocieron que la senadora socialista (MC) por Rosario, Patricia Sandoz, fue pionera en el tema, no habiendo logrado el apoyo en la anterior Legislatura. “El proceso de desestabilización democrática en nuestro país encontró en el golpe de Estado de 1976 una idea fundacional que implicaba la destrucción del tejido social y el desmantelamiento del Estado de Derecho. Es por ello que esta ley también tiene implicancias simbólicas, porque implica un paso más hacia la construcción de un Estado de Derecho comprometido con la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales del Estado”, dijo Aranda. Sobre tablas, se aprobaron pedidos de informes referidos a asaltos a mano armada en la autopista Rosario-Santa Fe; incidentes entre manifestantes y policía ocurridos el pasado martes frente a la sede de la gobernación en Rosario; convenios firmados por Vialidad en los dos últimos años, y si el Servicio Penitenciario realizó los estudios que permitieron la salida en libertad anticipada del condenado Ricardo Albertengo, autor de una toma de rehenes en una clínica rosarina. Cortocircuitos por la EPE El diputado obeidista Mario Lacava no consiguió apoyo del oficialismo para tratar sobre tablas un proyecto para que la EPE proceda, “con la máxima celeridad, a resarcir los daños y/o pérdidas sufridas por los damnificados de los cortes de energía eléctrica que se produjeron en los últimos días en el territorio provincial”. Para justificar el pedido, antes calificó “de fracaso” el megaplan de obras anunciado por el directorio de la EPE en marzo de 2008. “El gobierno no cumplió con lo prometido en la empresa” y aseguró que, merced a los aumentos de tarifas, recaudó ya 600 millones de pesos más. “Lo ocurrido en el norte es por la desinversión de la empresa, que está en estado crítico y colapsada. Lo que pretendemos es que la EPE atienda a los miles de usuarios afectados por los cortes y que les puedan reparar el daño producido”, señaló el justicialista. La respuesta llegó desde el socialista Raúl Lamberto, quien recordó que “parece que el gobierno actual venía de la panacea de funcionamiento de la EPE. En cambio, encontramos una empresa descapitalizada, desfinanciada y en estado casi de quebranto”. Insistió en que se preparó dicha empresa para privatizarla y aseguró que la actual gestión ya pagó dos cuotas de 30 millones de pesos de un crédito tomado en 1999 para abonar retiros voluntarios de personal. Después, pasó a enumerar lo invertido en los últimos meses y explicó que el origen del grave inconveniente del fin de semana fue un problema en la red de alta tensión, que obligó a enviar personal especializado desde Santa Fe a encontrar la falla en Curupaytí. Admitió, sí, que hubo largas horas sin luz, pero recordó que 30 mil vecinos de Rosario estuvieron siete días sin energía durante el gobierno de Obeid, que prometió resarcir a cada uno de ellos y nunca lo hizo. En cuanto a los afectados actuales dijo que hay atención en la EPE; no obstante, le recordó al justicialismo que hace cuatro años se niega a tratar proyectos que llevan su firma sobre derechos de usuarios e instalar tribunales para que los consumidores y usuarios tengan una rápida respuesta del Estado a sus quejas y planteos. En tanto, mediante un comunicado de prensa, el senador Felipe Michlig (FPCyS) subrayó que el 26 del corriente Enarsa licitará 3 generadores de 15 megavatios (MW) para Reconquista, Villa Ocampo y Arrufó, que pueden atemperar las fallas en el transporte de energía en el norte santafesino. El representante por San Cristóbal habló con los integrantes del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, encabezados por el titular de la EPE, Daniel Cantalejo. Michlig sostiene en el comunicado que hay “autoridades regionales” que “buscan rédito político de esta situación, cuando en épocas pasadas apoyaban las políticas privatistas que vaciaron la Empresa” Provincial de la Energía. Informa que en esa reunión participaron también el senador por el departamento 9 de Julio (PJ), Hugo Terré; el intendente y el presidente del Concejo de San Cristóbal, Horacio Rigo y Marcelo González, respectivamente; el intendente de Ceres, Camilo Busquets; y los presidentes comunales de Suardi, Gustavo Sella; Arrufó, Oscar Ribotta; Monte Oscuridad, Daniel Racca; Villa Trinidad, María Paula Salari, y La Rubia, Alejandra Dupuy. 
Raúl Lamberto (PS) y Mario Lacava (PJ) tuvieron un contrapunto por la situación de la Empresa Provincial de la Energía. Foto: Amancio Alem 
Advertencia El diputado obeidista Marcelo Gastaldi hizo una advertencia ante declaraciones del gobernador Hermes Binner y del ministro de Economía, Ángel Sciara, a propósito de enviar junto con el presupuesto 2010 una reforma tributaria. “Con espíritu constructivo, quiero recordar que está vigente el artículo 17 de la ley de Administración, que aclara que el presupuesto no puede tener en su articulado cambios en el sistema tributario, como tampoco crear o suprimir impuestos. Esto sería una intromisión del Ejecutivo en el Poder Legislativo y no sería un buen dato para la vida institucional de la provincia”, señaló. El legislador dijo que toda reforma tributaria debe ser discutida por las cámaras. “Es un gravísimo error incorporar nuevos tributos en el presupuesto. Espero que no sea así y que yo deba rectificarme”, concluyó el rosarino. /// EL DATO |
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