VEINTE AÑOS DESPUÉS

Ordenan detener a militares por

fusilamientos en La Tablada

La Justicia sigue investigando posibles violaciones a los derechos humanos de los guerrilleros que intentaron fallidamente tomar el cuartel militar en enero de 1989.

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DyN

La Justicia Federal de Morón ordenó la detención de dos militares acusados por presuntas torturas y fusilamientos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que se habían rendido tras el fallido intento de copamiento del Cuartel de La Tablada, en enero de 1989.

Se trata del ex general Alfredo Arrillaga, quien ya se encuentra detenido acusado por delitos cometidos durante la represión en la dictadura, y del mayor Jorge Eduardo Varando, quien está procesado y camino al juicio oral por la represión del 19 y 20 de diciembre que precedió a la caída de Fernando de la Rúa, quien aún no fue apresado ya que no fue hallado en el domicilio al que una delegación policial concurrió a detenerlo.

Varando estuvo detenido acusado de haberle causado la muerte al manifestante Gustavo Benedetto durante los episodios que precedieron a la caída del gobierno de la Alianza, pero en 2004 la Corte Suprema modificó la acusación de “homicidio” por la de “abuso de armas” y así obtuvo su excarcelación.

Según investiga la Justicia, era custodio privado del Banco HSBC, situado en proximidades de Plaza de Mayo, escenario de la sangrienta represión, desde donde se efectuaron disparos contra manifestantes.

Arrillaga, por su parte, era el comandante a cargo de la recuperación del cuartel, según una orden impartida por el entonces presidente argentino, Raúl Alfonsín. Para ese entonces, estaba en actividad, beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pese a que había sido investigado por la denominada “Noche de las Corbatas”, ocurrida en junio de 1977 en Mar del Plata, cuando fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados varios abogados locales.

El juez Germán Castelli, a cargo de una investigación impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió que los nueve presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas contra guerrilleros durante y después de los episodios de La Tablada son “delitos de lesa humanidad”.

Pruebas de ADN

Además, estableció mediante un examen de ADN -aunque no con ciento por ciento de certeza- que uno de los cuerpos que desde 1989 permanecían como NN corresponde a José Alejandro Díaz, uno de los presuntos fusilados después de rendirse al fracasar el intento de copamiento de La Tablada.

El juez Castelli investiga las supuestas violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos humanitarios en relación con nueve ejecuciones y 20 casos de torturas a guerrilleros del MTP en el contexto del intento de copamiento del 23 de enero de 1989, incluso después de que hubieran depuesto las armas.

En febrero de 2008, el juez pidió al Poder Ejecutivo la desclasificación de archivos reservados sobre los episodios de La Tablada, y obtuvo una aceptación parcial por parte de la presidenta Cristina Fernández, que admitió la liberación de esos documentos pero sólo para su conocimiento.

Castelli insistió en la necesidad de que los documentos estuvieran accesibles para las partes con el fin de garantizar el “debido proceso” y la “defensa en juicio”, pero aún no obtuvo respuesta por parte del gobierno, dijeron a DyN fuentes judiciales.

No obstante, el juez determinó que, con los elementos que tenía reunidos en el marco de la investigación, podía avanzar en al menos dos casos de presuntos fusilamientos: el de Díaz y el de otro integrante del MTP, Iván Ruiz, cuyos restos habían sido identificados en 2000.

Existen elementos suficientes como para suponer que un grupo de guerrilleros fue fusilado dentro del cuartel luego de la rendición. Foto: Archivo El Litoral