EDITORIAL

Respuestas al gremialismo docente

En la ciudad de La Plata, los padres de los niños se han movilizado para reclamar que los maestros cumplan con sus tareas. La noticia merece señalarse, porque en el orden nacional es la primera respuesta de los padres contra un gremialismo faccioso e irresponsable. Al derecho que le corresponde como padres, de reclamar que sus hijos sean educados, se le suma el derecho como contribuyentes, ya que son ellos con sus impuestos quienes financian el sistema educativo.

En la provincia de Buenos Aires y en la nuestra -por citar dos ejemplos- no se han cumplido los días de clases programadas, con el agravante, en el caso de Santa Fe, de que en este año obtuvieron por parte de las autoridades una serie de conquistas históricas. Mientras los gobiernos observan impotentes cómo se descalabra el sistema educativo, daría la impresión de que quienes parecen empezar a comprometerse con la educación de sus hijos son los padres, muchos de los cuales no disponen de recursos para trasladar a sus hijos a colegios privados y, por lo tanto, no les queda otra alternativa que soportar el despotismo de un activismo gremial desentendido de la misión docente.

Lo sucedido en La Plata puede ser el punto de partida de un nuevo protagonismo, un protagonismo que hasta ahora ha estado ausente y que, a juzgar por lo que está sucediendo, es cada vez más indispensable. En realidad, los únicos que carecen de voz en este complejo proceso educativo son los niños o, para ser más precisos, los padres, quienes son sus representantes legales y los responsables de su educación. Son los progenitores quienes soportan las huelgas que la burocracia sindical declara livianamente, sin preocuparse por el daño que provocan al sistema educativo y a la formación intelectual y moral de los propios chicos.

Por su parte, gobiernos débiles, timoratos u oportunistas se declaran incapaces o impotentes para asegurar la educación tal como lo prescriben las leyes, llegando al colmo de adelantarse a los hechos, anunciando que los días de huelga no serán descontados y mucho menos recuperados. Existen motivos para suponer que hay una suerte de complicidad objetiva entre dirigentes irresponsables y gobiernos débiles para profundizar, de hecho, el deterioro de un sistema educativo bastante golpeado.

Más allá de las buenas intenciones de algún funcionario o de los imperativos rigurosos de la realidad, queda claro que sin una decisión política firme y un ejercicio razonable de la autoridad será imposible salvar al sistema educativo de la catástrofe a la que lo precipita una claque docente, que ha encontrado en la huelga un excelente justificativo para no cumplir con sus obligaciones. Ojalá que el ejemplo de La Plata se extienda a todas las provincias y que quienes hasta la fecha están sin voz comiencen de una buena vez a hacer valer sus derechos, antes de que sea demasiado tarde.