EDITORIAL

El peso de las palabras

Sería deseable que el ministro Aníbal Fernández modere su lenguaje y mida las consecuencias de sus declaraciones, sobre todo cuando lo que está en juego es la estabilidad institucional. Puede que Macri haya cometido errores, efectivamente los cometió, pero ningún ministro responsable compararía estos actos con los que produjeron la renuncia de Nixon en los Estados Unidos. No sólo porque este peligroso juego de palabras podría considerarse como un acto destituyente por parte del gobierno nacional contra un mandatario provincial, sino porque -y esto es lo más grave- sentaría un precedente que dejaría abierta, hacia el futuro, una ola imprevisible de maniobras parecidas.

El ministro Fernández no debería perder de vista que, a pesar de la aspereza de la política criolla, hasta la fecha los principales dirigentes de la oposición -incluso los más duros- no han intentado plantear el juicio político contra la actual presidenta. Después de todo, los errores cometidos por Macri no son menores, pero carecen de envergadura institucional como para poner en juego su estabilidad. Macri seguramente pagará -de hecho lo está pagando- un precio muy alto por haber equivocado el criterio, a la hora de decidir sobre su flamante Policía Metropolitana; pero admitamos que desde el punto de vista jurídico y político está muy por debajo de lo que se le imputa, por enriquecimiento ilícito, a la señora Cristina Fernández y a su esposo.

Sin ir más lejos, la reciente filmación que comprueba que efectivamente el operador Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada podría haber generado un pedido de juicio político, habida cuenta de que para los investigadores y la propia opinión pública, resultaba más que evidente que lo sucedido comprometía de manera directa o indirecta al gobierno nacional.

Sin embargo, hasta el momento, en el amplio arco opositor predominó la prudencia y el sentido común, demostrando una vez más que el supuesto “ánimo destituyente” es un fantasma agitado de manera interesada por algunos operadores del oficialismo, molestos por las críticas que arrecian contra los Kirchner, e interesados en descalificar cualquier iniciativa opositora.

La experiencia enseña que en las sociedades democráticas siempre es peligroso jugar a la desestabilización institucional. En la Argentina, esta advertencia debería ser mucho más rigurosa por la crónica debilidad de nuestras instituciones y por los antecedentes políticos del caso. Lo que más llama la atención en esta oportunidad es que este juego provenga desde las usinas del oficialismo.

Puede que las palabras de Fernández hayan sido el producto de un encono ocasional, una inoportuna licencia verbal. Si así fuera, todos estaríamos más tranquilos, especialmente cuando el clima político y social se enrarece y por lo tanto es indispensable que la clase dirigente actúe con sobriedad, midiendo las consecuencias de sus actos y evitando el riesgo de concluir siendo, como dice el célebre aforismo, “prisioneros de sus palabras”.