EDITORIAL

Negociación y razonabilidad

La nueva propuesta salarial del gobierno provincial a los gremios de trabajadores del Estado y docentes, habilitada tras un ríspido y trabajoso trámite legislativo, implica una amplia mejora con respecto a la oferta inicial y un esfuerzo considerable para desactivar un conflicto que mantuvo prácticamente paralizada la actividad pública durante tres semanas.

Es sabido que el oficialismo quedó lejos de obtener la fuente de financiamiento a que aspiraba para sostener el refuerzo de la política salarial, y que el camino abierto por la Legislatura -en este caso, marcado por la oposición justicialista- quedó ceñido a la autorización para disponer de los recursos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, que normalmente operan como una suerte de “reserva” financiera, y a una moratoria con la cual se espera recaudar lo necesario para los primeros meses. De ahí en adelante, los factores que intervienen cuentan en su favor con algunas previsiones en principio favorables, pero también en alguna medida están sujetos a la incertidumbre. La evolución de la recaudación provincial, a la que se espera remontar con la paulatina recuperación de la actividad económica, y la esperable remisión de una mayor masa de recursos de la Nación, dependen de circunstancias económicas y políticas que en mayor medida escapan al control de las autoridades provinciales, pero que serán la clave para la atención de las demandas de los agentes estatales y el cumplimiento de las pautas comprometidas.

En ese contexto, es fácil apreciar que el incremento de los sueldos ofrecido por el Estado alcanza el nivel del reclamo, e incluso incorpora una suerte de reaseguro para evitar que el aumento del costo de vida deteriore el poder adquisitivo. Los gremios, que todavía deben someter a la consideración de las bases esta propuesta, tomaron nota inicialmente del sustancial cambio de escenario y recibieron la novedad con mucho mejor ánimo que en la oportunidad anterior. Naturalmente, y más allá de las expectativas y estrategias propias de la dinámica de negociación laboral, la capacidad de apreciar con claridad la realidad y las posibilidades de la provincia, y corresponder a la luz de ello los esfuerzos oficiales para normalizar el desenvolvimiento de la administración pública y los servicios esenciales sin descuidar los derechos de los trabajadores, otorga el marco necesario para llevar la discusión por el cauce de la razonabilidad.

Sobre todo porque la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos no se agota en la debida atención de la política salarial, sino que requiere inversiones para mejorar la calidad de todos los servicios, obras de infraestructura, equipamiento, fomento de los emprendimientos productivos, avances institucionales, y toda una serie de emolumentos que no pueden ser desdeñados, sin afectar los deberes más esenciales del Estado, ni al costo de incurrir en niveles de endeudamiento que comprometan su desempeño en el futuro inmediato.