Aquel 24 de marzo
Rogelio Alaniz
No hubo multitudes en la calle. Ni para apoyar a los militares ni, mucho menos, para repudiarlos. Los camiones del Ejército eran los principales vehículos que se veían transitar por las calles. Las radios estaban conectadas a cadena nacional y transmitían marchas militares y comunicados castrenses informando sobre los objetivos del Golpe. Lloviznaba. Los argentinos contemplaban el espectáculo que se había iniciado esa madrugada sin manifestar demasiada sorpresa. El Golpe de Estado hacía semanas, por no decir meses, que se veía venir. Estaba en la calle, en las tapas de los diarios, en las conversaciones cotidianas y en las declaraciones impotentes de los dirigentes políticos. Para amplios sectores de la población no sólo era inevitable, también era deseable. Las torpezas y canalladas del gobierno de Isabel Perón habían creado las condiciones necesarias para que el pronunciamiento de los militares fuera un paseo que, insisto, si bien no fue aplaudido, sí fue recibido como una solución razonable y, para más de uno, como un deseado y añorado retorno a la paz y el orden.
En realidad los argentinos estábamos acostumbrados al protagonismo político de los militares. Desde 1930, o tal vez desde antes, las Fuerzas Armadas actuaban como legítimos protagonistas del sistema político. Es más, en el contexto de la Guerra Fría se transformaron en los árbitros del sistema, los tutores del orden y los autorizados en decidir lo permitido y lo prohibido. Esta atribución se la habían tomado ellos mismos, pero contaban con el aval del conjunto de la clase dominante. Décadas de militarismo habían educado a la sociedad en el hábito de suponer que las Fuerzas Armadas eran la última reserva moral de la Nación y los garantes del orden social.
Por lo tanto, el 24 de marzo no fue un operativo hecho a espaldas de la sociedad o el resultado de una conspiración de hombres malos que sorprendieron con sus perversiones a un pueblo ingenuo y alegre. El Golpe de Estado como tal se pudo dar porque previamente la derecha orgánica había ganado la batalla política. El 24 de marzo consumó en términos militares lo que ya estaba resuelto en el campo de la sociedad y el poder desde hacía meses. El Golpe no fue una inspiración repentina sino un proceso.
Los objetivos fueron explicitados por los jefes militares: terminar con la subversión, liberalizar la economía y disciplinar a la sociedad. En el mediano y largo plazo se hablaba de fundar una nueva Argentina. Sin duda que el principal argumento golpista, el que más gravitó sobre la sociedad, fue el de la lucha contra la subversión. En realidad fue el único objetivo que cumplieron porque no modernizaron la economía y mucho menos sentaron las bases de un nuevo orden social. Cuando para 1979 anunciaron que la lucha contra la subversión había concluido, el libreto militar se quedó sin argumentos. En el camino intentaron precipitarnos a una guerra con Chile y para 1982 se lanzaron hacia las Malvinas, sin saber que con esa iniciativa estaban firmando su definitivo certificado de defunción política. No sólo para ellos, sino para las nuevas generaciones militares.
Pero en marzo de 1976, el modo en que se daría el futuro era impensable. Los militares gozaban de un aceptable consenso social y contaban con el beneplácito del conjunto de la clase dominante. La lucha contra la subversión fue su gran caballito de batalla, cuando en realidad para esa fecha la guerrilla estaba derrotada. En diciembre de 1975 un ataque desesperado del ERP contra la guarnición militar de Monte Chingolo había concluido en un desastre, en el que perdieron la vida más de cien guerrilleros, muchos de ellos adolescentes que aún no habían cumplido los dieciocho años. En Tucumán, el Operativo Independencia estaba cumpliendo con sus objetivos “exterminadores”, mientras que en Formosa, el intento de copamiento del Regimiento de Monte por parte de Montoneros también había fracasado.
El propio general Díaz Bessone admitió que sería una simplificación conceptual suponer que el Golpe de Estado se dio para terminar con la guerrilla. Él mismo reconocía que esa faena estaba casi cumplida y que en realidad no necesitaban de una intervención política para llevarla a cabo, porque el peronismo les había dado todos los instrumentos legales para actuar, al punto que muy bien podría decirse que el gobierno civil no se valía de los militares para asegurar el orden, sino que los militares se valían del gobierno civil para hacer lo que mejor les pareciera.
Al respecto, el único legislador que en esos meses intentó presentar un proyecto de ley que pusiera límites institucionales al accionar de las Fuerzas Armadas fue el radical Hipólito Solari Yrigoyen, proyecto que naufragó casi en absoluta soledad, porque los peronistas, en primer lugar, asistían jubilosos a la tarea exterminadora de los militares, tarea exterminadora que había iniciado Juan Domingo Perón con las Tres A y cuyas principales víctimas eran otros peronistas, dado que esta fuerza política disponía de la virtud de aglutinar en el mismo padrón de afiliados a torturadores y torturados, víctimas y verdugos. Lo que se dice, una obra maestra de conducción política.
Está claro que el Golpe de Estado se produjo porque la sociedad civil y la política se habían quebrado. El gobierno de Isabel fue, en ese sentido, el principal responsable de lo sucedido, y sus torpezas y crímenes fueron la antesala del terrorismo de Estado. Los esfuerzos políticos para tratar de hallar una salida honorable a la crisis del régimen isabelino chocaron contra la resistencia, la obsecuencia y el servilismo de los principales dirigentes peronistas. La operación política enderezada a poner a Luder en la presidencia fracasó, porque el primero que se opuso a ella fue el mismísimo Luder quien, según sus propias palabras, no quería quedar en la historia como el político que había depuesto a alguien que portaba el apellido de Perón. Típico. A través de un argumento mitológico, el caballero se desentendía del destino de la República. En febrero de 1976, dos o tres legisladores opositores habían presentado un pedido de juicio político que tampoco prosperó, porque los peronistas se opusieron, muchos de ellos a sabiendas de que con esa decisión dejaban abierto el camino para el Golpe de Estado.
En otro plano de las responsabilidades, los partidos políticos opositores fueron impotentes para detener lo que parecía presentarse como inevitable. El discurso de Balbín, una semana antes del Golpe admitiendo que no tenía soluciones a mano, fue una confesión realista y sincera de impotencia. El radicalismo, para entonces, era el único partido -o por lo menos el principal- que creía en la democracia como un valor en sí mismo, porque a derecha e izquierda la democracia era para esos tiempos la moneda más devaluada.
Por su parte, la izquierda armada -en sus variantes peronista y marxista- suponía que el Golpe de Estado agudizaría las contradicciones y crearía mejores condiciones para la guerra revolucionaria. Según ese punto de vista, la llegada de los militares al poder despejaría el terreno y permitiría visualizar con más claridad a los verdaderos enemigos. Las conclusiones eran obvias: el pueblo se sumaría a las organizaciones armadas y se libraría la gran batalla final entre el ejército represor y el ejército popular y revolucionario.
Por supuesto que estos pronósticos no se cumplieron. Quienes golpearon las puertas del infierno para probar que el diablo existía lograron su cometido, aunque el precio a pagar fue la muerte de miles de personas, además de brindarle en bandeja de plata un excelente pretexto a los golpistas. Desde este punto de vista, la responsabilidad de Montoneros y PRT en la tragedia es insoslayable. Que ellos hayan sido las víctimas de su propia irresponsabilidad no los exime de culpas.
Como escribe Julio María Sanguinetti: quien declara la guerra en realidad lo que hace es golpear la puerta de los cuarteles. Deliberadamente la guerrilla golpeó la puerta de los cuarteles y éste es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo por aquellos que treinta años después pretenden presentarlos como héroes sociales. Alguien dirá que no se debe poner en un mismo nivel al torturador con el guerrillero. Es probable. Pero así como éticamente las diferencias entre unos y otros son visibles, también las exigencias políticas son diferentes. Yo a un torturador no le exijo nada porque a la escoria social nada se le puede exigir, pero se supone que alguien que dijo defender un proyecto supuestamente justo debe ser sometido a otro tipo de exigencias éticas y políticas. (Continuará)
Tarea consumada. El teniente general Jorge Rafael Videla -hoy bajo arresto- jura el 24 de marzo de 1976 como presidente de la Nación, en la Casa Rosada. Lo acompañan, entre otros militares, el almirante Massera y el brigadier Agosti, los otros integrantes de la Junta Militar de Gobierno.
Foto: Agencia EFE
