Jornadas sobre DD.HH. y derecho internacional

Los derechos humanos, cada día

más presentes en las sentencias

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte santafesina y de la Junta Federal, expresó que el nivel de demanda a los tribunales y los tratados internacionales, exigen “habilidades especiales”.

De la redacción de El Litoral

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“En el ejercicio cotidiano de la magistratura, en la actualidad, la presencia de los derechos humanos funciona como una permanente vigía en la tarea de resolver causas judiciales. Hasta no hace mucho, debemos reconocer que se trataba de una materia ciertamente alejada de la preocupación judicial; hoy, por el contrario, el eje ha cambiado, y es preciso aplicar de oficio razonamientos que se apoyan en la teoría de los DD.HH.”.

Con estas palabras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, estableció la oportunidad y la trascendencia de las jornadas sobre la materia realizadas recientemente en nuestro medio, con la presencia de especialistas de nivel internacional, miembros de los Superiores Tribunales de todas las provincias y el ministro de la Corte nacional Juan Carlos Maqueda.

Entre los factores que contribuyeron a que se verifique esta situación, Gutiérrez mencionó, “la mayor demanda social respecto de los tribunales; lo cual tiene que ver, a su vez, con el conocimiento más acabado por parte de la ciudadanía de sus derechos y con la denominada “explosión’ del sistema de las legitimaciones procesales. Todo ello, ha tenido un reflejo relevante en el derecho positivo, al punto tal que hoy contamos con fuentes de derecho internacional entronizadas en la máxima jerarquía constitucional, y le prestamos atención a la jurisprudencia que proviene de organismos y tribunales internacionales sobre la materia”.

Por la misma razón, explicó que esta situación exige a los magistrados “el desarrollo de nuevas habilidades”, como así también plantea la necesidad de prestar atención a nuevas realidades.

Esto implica no desatender la vigencia de los derechos clásicos, pero también abordar el problema de la extensión de los derechos económicos, sociales y culturales, siempre en permanente tensión con las variables de escasez o riqueza estatal, razonó.

Grupos vulnerables

“También nos exige tratar con especial cuidado la situación de los grupos humanos que, por razones históricas diversas, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica. Me refiero a los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de las personas con discapacidad, de los usuarios o de los consumidores. Y, naturalmente, un tema que ya está muy presente en nuestra jurisprudencia: también aparece nítida la expansión colectiva de los derechos fundamentales, muy atractiva en cuanto paradigma de tutela, pero que presenta ribetes prácticos de difícil resolución muchas veces (en especial, en el plano del Derecho Procesal)”, agregó. Por lo demás, la creación de organismos y tribunales internacionales, con conocimiento en la materia de DD.HH., ha suscitado “novedosos e importantes dilemas”, por lo que también este aspecto mereció especial atención en las jornadas, organizadas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Seguro que algunos de estos temas que hemos apenas reseñado -y, naturalmente, muchos otros- serán objeto de análisis y estudio. Es de esperar que esta experiencia no quede archivada en nuestras agendas o maletines, sino que, por el contrario, tenga por destino su difusión, su desarrollo y, fundamentalmente, su aplicación práctica en los casos que todos nosotros, cotidianamente, tenemos que resolver”, confió el magistrado.

“Tenemos los jueces que tener la agudeza y también la generosidad para darnos cuenta de que los conflictos son muchas veces, oportunidades para hacer sentir la voz del diálogo y de la madurez. No sería extraño, entonces, que las soluciones -o algunas soluciones- a las actuales situaciones de crisis institucional y social por las que estamos atravesando, provengan de los estrados judiciales”, concluyó Gutiérrez.

“Hay una expansión colectiva de los derechos fundamentales y la necesidad de atender especialmente a grupos vulnerables”, sostuvo Rafael Gutiérrez.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Avanza la reforma a la Magistratura

La oposición confía en tener en quince días dictamen de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura en las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamentos de la Cámara Baja.

También espera para mañana la asistencia a ese plenario del ministro de Justicia, Julio Alak, para que fije posición del gobierno al respecto. El presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, indicó que su intención es emitir dictamen “en quince días”, ya que esta semana y puede que parte de la próxima la atención política la tenga el debate por la ley que reglamentará el uso de los DNU.

Al respecto, por la comisión pasaron el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Alberto Andreucci; el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; el representante de la Asociación Civil Justicia Democrática, Gerónimo Sansó; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani; el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Aguirre Saravia; y el presidente de la Junta Federal de Cortes, el santafesino Rafael Gutiérrez.

Todas las entidades, aún con matices, coincidieron en plantear una reducción de la representación política en el consejo y dar primacía a la de abogados y magistrados. En ese sentido, Andreucci sostuvo que es “importante poner un equilibrio en la representatividad de los distintos estamentos”, mientras el radical-K Hugo Prieto le preguntó si su propuesta incluía un procedimiento de evaluación periódica de los jueces (un requerimiento del oficialismo) que el abogado eludió al sostener que el proyecto contempla los requisitos que debe reunir un magistrado para ocupar ese cargo.

El diputado K Alejandro Rossi, por su parte, leyó los resultados de una encuesta en donde los consultados se quejan de la falta de ecuanimidad en la justicia y a favor de la evaluación periódica de los magistrados (una de sus propuestas que generó revuelo mediático y malestar entre los letrados), en una forma de llevar agua para su molino.

La discusión entre oposición y oficialismo es por la integración del Consejo, que en la actualidad es de 6 representantes del Poder Legislativo (3 por cada Cámara, en una proporción de 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría en forma respectiva), 1 por el Poder Ejecutivo, 3 jueces, 2 abogados y un catedrático. Pero la oposición siempre cuestionó al oficialismo con este esquema de quedarse con un poder de veto para frenar designaciones e impedir sanciones a jueces permeables al poder de turno.