En la cúpula del poder

Astucias e incoherencias en el planeta K

Sergio Serrichio

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CMI

El reciente lanzamiento del llamado “plan de desendeudamiento” de las provincias es otro ejemplo del modo reactivo con que el kirchnerismo sobrelleva la pérdida de la mayoría legislativa que detentó en sus primeros seis años y medio de gobierno. Es la contracara, también, de la impotencia de los bloques de oposición, que no pudieron convertir sus coincidencias en una agenda legislativa eficaz.

Para las provincias, las condiciones del plan oficial son mejores a las previas, pues despejan en parte el panorama financiero del próximo año y medio (por el período de gracia hasta fin de 2011) y alivian el monto de pagos de 2012 en adelante (al eliminar el ajuste por inflación).

El plan, sin embargo, dista de ser una cesión generosa de la Nación y de corregir la fuerte inequidad del actual sistema de distribución de recursos, que reduce las provincias a la condición de servidumbre fiscal.

Calzar una deuda en default que la Nación tenía con los distritos provinciales por 9.808 millones de pesos (los primeros pesos de esa deuda en Aportes del Tesoro Nacional, ATN, datan de 1995, pero el grueso se acumuló en los años K) con los vencimientos de contraparte hasta fin de 2011 no es un perdón, sino un canje de necesidades. Al gobierno le sirve para frenar un conato de “rebelión federal” en el Congreso; y a los gobernadores les afloja un lazo fiscal.

PUNTO Y BANCA

Pero el kirchnerismo saca ventaja. Buenos Aires, la provincia más beneficiada, es su principal carta electoral en 2011, sea que el candidato oficial sea Néstor Kirchner o -si éste evalúa que el panorama es de todos modos adverso- el gobernador provincial, Daniel Scioli, un hombre de lealtad perruna al matrimonio presidencial.

La contracara de Buenos Aires es Santa Fe, a la que el plan oficial birla casi mil millones con el sólo recurso de distribuir los ATN no según los porcentajes de la ley de coparticipación, sino de la deuda con la Nación, ranking que Buenos Aires lidera holgadamente. La virtud se transforma así en carga. El plan oficial no dice nada, además, sobre los cerca de 4.000 millones de pesos que la provincia gobernada por Hermes Binner reclama a la Nación en diferentes instancias judiciales. Ni sobre los reclamos de provincias como Córdoba, San Luis y Chubut.

El programa de visitas del flamante secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al interior reafirma, en tanto, la unidad de acción oficial, en contraste con la colección de potenciales contendientes de oposición.

Uno de ellos, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, recibió ayer un golpe bajo su línea de flotación cuando el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó como “partícipe necesario” de una “asociación ilícita” dedicada al espionaje político y familiar.

Oyarbide es el mismo juez que fin del año pasado, dispuso el apresurado sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. Además, debe su sobrevivencia como magistrado a los oficios de Javier Fernández, quien como operador del entonces senador menemista Eduardo Bauzá lo rescató del juicio político el 11 de septiembre de 2001, el día del atentado a las Torres Gemelas.

A partir de 2003, Fernández se recicló como operador kirchnerista en la Justicia (un hermano suyo, Sergio Fernández, es miembro de la Cámara que destrabó el proceso para que el gobierno use las reservas del Banco Central). Y Oyarbide se transformó en equilibrista judicial, al punto de concentrar no sólo la cerrada causa contra los Kirchner, sino también algunas políticamente relevantes que mantiene activas, como la investigación de la mafia de los medicamentos y otra por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Todo eso es cierto, y conviene recordarlo. Pero Macri debe demasiadas explicaciones (su relación con los jueces misioneros que autorizaron las escuchas, la designación en la Policía metropolitana de otros dos acusados, las escuchas telefónicas a un dirigente de la Amia e incluso a un cuñado suyo) como para refugiarse en la victimización política, una especialidad que haría bien en no disputarle a los Kirchner.

Mientras la astucia y el envión de la economía, que en el primer trimestre creció 6,2 por ciento, le permiten al kirchnerismo mantener la iniciativa doméstica, fronteras afuera su estilo junta problemas. En la última semana, al ya planteado conflicto con China, que decidió frenar las compras de aceite de soja en respuesta a la veintena de acciones antidumping que le inició el gobierno argentino, se sumaron Brasil, nuestro principal socio comercial, y varios países de la Unión Europea, molestos por la decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de frenar con órdenes verbales la importación de alimentos.

Con su plan de desendeudamiento, el gobierno busca abortar cualquier conato de rebelión provincial. Fronteras afuera, la astucia no alcanza.

Astucias e incoherencias en el planeta K

“Hoy empezamos en Santa Cruz, el triunfo de octubre de 2011. Van a tener el apoyo permanente de la presidenta”, dijo anoche Néstor Kirchner en un acto en Río Gallegos, capital en la que renovó sus críticas al grupo Clarín.

Foto: DyN

El misterio del fueoil

Con todo, la inconsistencia más grande del estilo K surge en la relación con un aliado, Hugo Chávez. El juez Julián Ercolini sigue avanzando en la megacausa de los negocios con Venezuela, denunciados en 2005 por el entonces embajador argentino en ese país, Eduardo Sadous.

Sin entrar en los detalles de las operaciones con el régimen bolivariano, el gobierno ni siquiera puede explicar por qué hubo que comprarle a Venezuela cantidades crecientes de fueloil, combustible del que la Argentina ha sido tradicionalmente exportadora.

Las declaraciones del ministro de Planificación, Julio de Vido, sobre la necesidad de compensar faltantes estacionales, son irrisorias o, en el mejor de los casos, una cruda confesión de pésima política energética.

Los datos indican que la Argentina pasó de importar un promedio de 38.000 toneladas anuales de fueloil en el trienio 2001-03, a 3,8 millones de toneladas en el quinquenio 2004-08. Esto es, cien veces más. En el mismo período, sus ventas de ese combustible crecieron de 2,3 millones a 6,4 millones de toneladas.

Peor aún, según la poca información disponible, el fueoil venezolano se pagó más caro de lo que se cobraba por vender fuel de mejor calidad a terceros países. Y peor que peor, la Argentina debió retroceder en su legislación ambiental. En abril de 2008, la resolución 150 de la Secretaría de Energía amplió los límites permisibles de contenido de azufre en el fueloil, tras varias denuncias de lluvia ácida en zonas aledañas a las centrales que quemaban el combustible venezolano. Algo que era inconveniente e ilegal, se volvió legal.

Difícil explicar tanto dislate. A menos que haya motivos ocultos.