Detracción de fondos para Anses

La Corte Suprema volvió a citar a Santa Fe y la Nación

Es para una audiencia conciliatoria para el 23 de junio, paso previo a un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país. La provincia plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078.

De la redacción de El Litoral

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a una audiencia de conciliación para el próximo 23 de junio al gobernador de la provincia, Hermes Binner, y al ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou. Es en el marco del reclamo provincial de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó sin el acuerdo previo o posterior de la provincia de Santa Fe la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la Anses.

El pasado 17 de marzo se llevó a cabo una audiencia pública ante la propia Corte, ocasión en que no concurrió Boudou, enviando una funcionaria de carrera a expresar la postura de la Nación. En cambio, por Santa Fe no sólo estuvo Binner, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre sino que además, asistieron la vicegobernadora, Griselda Tessio; los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann; los ministros de Economía, Ángel Sciara, y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, entre otros funcionarios, legisladores y representantes de entidades empresarias y de trabajadores.

En Casa de Gobierno se recibió el jueves al mediodía la notificación oficial de la nueva audiencia.

Los argumentos de las partes son ya conocidos por la Corte que los escuchó en la audiencia del 17 de marzo último. La nueva cita apunta a poder determinar si las partes llegan a algún tipo de entendimiento que evite el pronunciamiento del tribunal.

“Vemos esta medida con cauto optimismo. Pareciera ser que hay elementos que han llevado a que el Máximo Tribunal considere que la demanda de la provincia es verosímil, es decir, que hay razones por las cuales puede entender que la provincia tiene razón”, expresó el fiscal Barraguirre.

“Esta audiencia fue convocada a causa de la medida cautelar presentada por el gobierno santafesino, en el marco de la demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento”, recordó.

Destacó la convocatoria anterior de la Corte a una audiencia informativa “a fin de tener elementos para resolver la causa ya que el Tribunal sólo toma una medida como esa en el caso de pleitos de gran impacto. Ahora, el objetivo de la audiencia de conciliación es que las partes traten de establecer las bases de una composición amigable de los intereses que están en pugna” explicó.

“La audiencia se realizará el próximo 23 de junio, a las 10, en el despacho presidencial del Máximo Tribunal” señala CIJ, sitio oficial del Poder Judicial de la Nación. La convocatoria fue resuelta el miércoles último y la resolución lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Carmen Argibay.

Explicaciones

Precisamente el miércoles, Superti y Barraguirre participaron de una jornada destinada a difundir los alcances de la audiencia pública celebrada en la Corte de la Nación en el marco del reclamo en materia de coparticipación presentado por la provincia de Santa Fe contra el gobierno nacional.

Debido a la importancia institucional de la audiencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza tareas de difusión de ella. En este caso, la presentación estuvo a cargo del presidente del Colegio de Abogados, entidad anfitriona, Salvador Aiello y también fue panelista el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, José Manuel Benvenutti.

Durante la exposición se proyectó un material audiovisual explicativo de la audiencia citada por el máximo tribunal.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señalaron que estos encuentros son útiles a los fines de la difusión didáctica de los alcances de la audiencia pública, y la explicación del pedido concreto que realizó la provincia al Estado nacional, aspecto que fue detallado por el Fiscal de Estado.

“La pretensión de fondo es que deje de detraerse el 15 por ciento que la Nación le descuenta a la provincia de lo que le corresponde por coparticipación, para destinar ese dinero a la Anses” dijo Superti.

Sobre todo, Superti destacó la modalidad de audiencias públicas utilizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2007 para causas de gran trascendencia institucional. “En primer lugar, la audiencia del 17 de marzo evidencia la importancia que la Corte le dio a esta causa. En segundo lugar, estas audiencias, en las que están presentes las partes, se caracterizan por la transparencia, lo que permite a los ciudadanos controlar los actos de gobierno. Y juzgar es un acto de gobierno”, expresó.

Superti, Benvenutti y Barraguirre encabezaron la audiencia explicativa en el Colegio de Abogados de Santa Fe.

Foto: Gobierno de Santa Fe

Bicameral de seguimiento del nuevo sistema penal

Convocados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los legisladores que integran la comisión de Seguimiento de la Implementación de la Reforma Penal se reunieron en la Casa de Gobierno de Santa Fe con el titular de la cartera provincial, Héctor Superti, quien dio detalles sobre los avances y, principalmente, las dificultades presentadas en la puesta en marcha del proceso de transformación.

La comisión de seguimiento es un órgano establecido por la ley de implementación progresiva y por materia del Código Procesal Penal. De la reunión participaron los diputados Raúl Lamberto y Martín Labbe; el senador Juan Carlos Zabalza, y representantes de los senadores Ricardo Kaufman y Cristina Berra. También asistieron, por el Poder Ejecutivo, el secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales, Carlos Giandoménico; y el titular de la Dirección de Transformación del Sistema Procesal Penal, Víctor Moloeznik, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Durante el encuentro, Superti expuso todas las tareas realizadas hasta ahora desde el Poder Ejecutivo para la puesta en marcha del nuevo proceso penal. En ese sentido se abordaron los avances del concurso para seleccionar a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal y fundamentalmente las dificultades que se plantean y que hacen peligrar la puesta en marcha definitiva de todo el nuevo sistema fijada en la legislación vigente, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.