Según una investigación de la UNL

Los santafesinos quieren educación y más empleo antes que mano dura

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Máximo Sozzo y Augusto Montero, autores del libro “Delito, sensación de inseguridad y sistema penal”, revelaron que, en términos generales, sólo el 35% de los santafesinos denuncia las experiencias delictivas. Foto: Amancio Alem

El trabajo parte de una encuesta realizada en 2.800 hogares de la ciudad. Indica que los ciudadanos tienen una imagen negativa de la Policía y creen que los jueces no son justos.

 

Ivana Fux

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Poca confianza en la Policía, mala imagen de la Justicia y bajo nivel de denuncia de las experiencias de delito. Éstas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada en esta ciudad y plasmada en el libro “Delito, sensación de inseguridad y sistema penal”, de los autores Máximo Sozzo y Augusto Montero. La obra corresponde a la Colección Ciencia y Técnica del sello Ediciones UNL y fue presentado esta semana.

Sozzo y Montero contaron a El Litoral que la “materia prima” del libro fue una encuesta con 202 preguntas realizada en 2008 sobre 2.800 hogares. El libro aborda la actividad delictiva en sí misma -o experiencias de victimización-, la sensación de inseguridad, la relación de la ciudadanía con la Policía, la Justicia penal y las prisiones; y las medidas que deberían adoptarse para controlar mejor el delito.

“Este tipo de estudios se viene llevando adelante en los países desarrollados como una fuente de información válida y confiable, y como alternativa a las estadísticas policiales, que suelen ser limitadas y tener serios errores de manufacturación- explicó Sozzo-. Son una herramienta extraordinaria para tomar decisiones porque permite alumbrar no todo, pero sí una parte significativa de aquello que no figura en los números de policía”.

Denuncias

Con respecto a las experiencias de victimización, el libro se propone mostrar un mapa de los sucesos más frecuentes en la ciudad según su volumen y distribución social. También repara en el aspecto de la denuncia.

Sozzo advirtió que en términos internacionales, la Argentina aparece con un nivel bajo de denuncia de entre un 30 y 40 por ciento. “En el caso de la ciudad de Santa Fe -precisó-, este nivel de denuncia cambia en función de la experiencia de victimización que sufrió la persona; no es lo mismo el robo de un vehículo que un hurto o robo con violencia. Pero el porcentaje en general es un 35 por ciento, es decir, de cada diez experiencias delictivas sólo se denuncian tres y media”. En determinados delitos, como el hurto, el nivel de denuncia es más bajo aún: apenas llega al 25%.

“Esa falta de actividad de denuncia es producto de un alto nivel de desconfianza en la Policía -evaluó Sozzo-. Hay una fuerte percepción de que la policía no habría hecho nada; no sólo no habría sido eficiente en resolver el hecho del crimen, sino que no hubiera hecho nada, lo cual es mucho peor”.

La Policía

En cuanto a la imagen de los vecinos sobre la Policía, la encuesta arrojó un resultado “bastante negativo”. Montero explicó que el cuestionario incluyó una opinión general sobre la institución, y otra focalizada según la experiencia directa que se hubiera tenido con el servicio policial.

“Hay una brecha interesante entre las opiniones generales, que mayoritariamente son más negativas sin haber tenido contacto con la policía, y las opiniones particulares. Cuando las personas tuvieron contacto con la fuerza, las más insatisfechas son las que denuncian un delito, pero aun allí, el nivel de negatividad no llega al de las opiniones generales”, comentó.

Sobre esa base, Sozzo interpretó que “un mayor volumen de contactos de los ciudadanos con la Policía traería aparejada una valoración general más positiva de la institución, siempre y cuando ese contacto no fuese conflictivo, como suele suceder con los más jóvenes”.

En términos globales ante la consulta general, más del 50% de los entrevistados eligió opciones negativas -malo o regular- sobre el funcionamiento de las fuerzas. “Esto coloca a la Policía de Santa Fe a nivel internacional en un lugar muy complejo y negativo”, concluyó Sozzo..

La Justicia

Acerca del funcionamiento del servicio de Justicia, la opinión general tampoco fue positiva; las opciones “mala y regular” llegaron al 60% de las respuestas. Consultados sobre si los jueces penales eran demasiado severos, clementes con algunos y severos con otros, demasiados clementes o bastante justos y objetivos, el 58% de los entrevistados contestó que eran severos con algunos y poco severos con otros.

“Esta es una percepción extraordinariamente difundida de que la administración de justicia no es ni justa ni igualitaria. Aquí no se exploró el camino de las experiencias -aclaró Montero-; directamente preguntamos al ciudadano su opinión y valoración. La respuesta es un indicio de que los ciudadanos tienen una mala opinión también del magistrado, de un magistrado corrupto que hace justicia con unos y con otros no”.

Sorpresa

Los autores se reservaron para el final una conclusión que derribó sus propios prejuicios. “Preguntábamos qué medidas deberían adoptarse para controlar mejor el delito -relató Montero-. Y allí, la referencia al sistema judicial no tiene demasiada presencia; lo mencionan dos de cada diez. Muchos dicen que se deben cumplir las normas, y la opción de leyes y penas más severas obtiene dos de cada diez respuestas”.

“Lo importante de esta pregunta -confesó Sozzo- es que, a diferencia de lo que tal vez teníamos como prejuicio cuando hicimos el estudio, en realidad, las dos opciones más elegidas por los ciudadanos para controlar el delito son más y mejor educación (30,4%), y bajar el nivel de desocupación (27.6%). Es decir que todas las medidas que tienen que ver con un incremento de la punitividad (21%) pasan claramente a un segundo nivel”.

Sozzo calificó este hallazgo como muy significativo. “Demuestra que la opinión es fragmentada; no es como muchas veces se presenta en el discurso político o de los medios de que todo se resuelve con mano dura”, concluyó.

Sensación de inseguridad

El estudio interpeló a los entrevistados como ciudadanos, y sin hacer referencia a ninguno en particular, preguntó cuáles eran los problemas sociales más preocupantes. Cuatro de cada diez mencionaron a la desocupación; la misma proporción apuntó al consumo de drogas ilegales, y el 25% dijo la pobreza y la criminalidad.

“A veces uno tiende, desde el sentido común, a reconstruir la opinión pública como amalgamada a una preocupación por la inseguridad y a la necesidad de endurecer la mano, y lo que hay en realidad es por lo menos, un cuadro más fragmentado, más complejo”, sostuvo Montero.

Para Sozzo, el resultado de las encuestas revela que “hay mucha más gente de lo que se presenta en el discurso de los medios de comunicación y de la política, que opina distinto sobre los problemas fundamentales de la sociedad”.

A priori, ensayó dos hipótesis: “O esta fragmentación existió siempre, o en el pasado, efectivamente existía una clara identificación de la inseguridad como problema fundamental y de penas más duras para resolverlo, pero ante la experiencia de iniciativas políticas que tuvieron que ver con eso, surgieron otras visiones”, comentó.

De todas maneras, cuando la pregunta del cuestionario dejó de ser abierta e indagó al entrevistado, mencionando puntualmente los problemas más preocupantes, el 95% respondió que es un problema “muy grave”.


Embudo

El trabajo de campo de los investigadores indagó la opinión de los entrevistados sobre la policía, la Justicia y las prisiones. Sobre éstas últimas, cuatro de cada diez dijeron desconocerlas. “Es una institución que queda muy lejos”, reflexionó Sozzo. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la Justicia Penal. “Es probable que la mayoría de los entrevistados tampoco haya tenido experiencias, pero opinaron sobre ella”, explicó. A su criterio, “en la medida en que uno va ingresando en el embudo del sistema penal, la relación de los ciudadanos empieza a ser más lejana. Uno tiene más experiencias en la boca del embudo con la policía, menos en el medio con la Justicia, y nula en el final con el sistema penitenciario”. Para Sozzo, debe analizarse en qué fundan sus opiniones los ciudadanos sobre estas instituciones. “Ciertamente, los medios de comunicación juegan un rol muy importante”, consideró.