El conflicto por la pastera
Se complica Gualeguaychú: sigue
el corte y hay trabas en Tribunales
El gobierno busca desentenderse del desalojo y echar el fardo a la Justicia, pero todo se frenó por falta de un decreto. Los asambleístas amenazan con involucrar a funcionarios en la denuncia.
De la redacción de El Litoral
DyN/Télam
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que entre hoy y “las primeras horas del lunes”, estará “presentado” el decreto de la presidenta Cristina Fernández para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al gobierno como “querellante” y se pueda desalojar el piquete que realizan asambleístas de Gualeguaychú. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó que el corte es un “capricho” y tiró la pelota a la Justicia, advirtiendo que “va a tener que tomar cartas en el asunto”. Pero los asambleístas le dieron un giro inesperado a la cuestión, al adelantar que, si son procesados, apuntarán contra funcionarios del Ejecutivo, por ser partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyen.
Alak volvió a cuestionar esta mañana la “actitud cerril” de quienes mantienen el corte de tránsito en el enlace con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en repudio a la pastera UPM (ex Botnia), y los llamó a “reaccionar rápidamente” porque, consideró, “ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano”.
Cuestión formal
En diálogo con radio del Plata, consultado por el pedido que hizo el juez Gustavo Pimentel para que el gobierno emita un decreto que posibilite el levantamiento del corte, Alak respondió que “es una cuestión meramente formal que va a quedar subsanada en el día de hoy y que no tiene ninguna importancia sustancial”.
Alak se mostró asombrado por la “magnitud que se le ha dado a la falta temporaria, transitoria, de horas, de este poder que la presidenta otorga con forma de decreto al Procurador”.
Da Rocha se presentó el miércoles a última hora en el juzgado de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel, para presentar al Estado nacional como querellante en la causa y demandar penalmente a los asambleístas.
En sus declaraciones, Alak hizo también un llamamiento para que la asamblea “reflexione rápidamente” y levante el corte del puente General San Martín, ya que “la cuestión está terminada jurídicamente”, y afirmó que “la no aceptación de liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental”.
En ese sentido, supeditó la conformación de una comisión integrada por científicos argentinos y uruguayos para que controlen el funcionamiento de la planta, a un levantamiento de la medida de fuerza en Gualeguaychú.
“Uruguay nos está diciendo: “No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles’ ”, dijo Alak.
Capricho y contraataque
En tanto, la Fiscalía federal de Concepción del Uruguay analizaba la denuncia penal que impulsa el gobierno nacional contra un grupo de unos 25 asambleístas de Gualeguaychú que participan del corte de la Ruta 136, a la altura de Arroyo Verde.
Sin embargo, el hermetismo en los tribunales entrerrianos sobre el caso mientras la fiscal analizaba la denuncia se hizo extensivo a los pasillos de la Casa Rosada, en Buenos Aires, donde, llamativamente, evitaron dar a conocer el contenido de la querella.
Según dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la denuncia se identificaba “con nombre y apellido” a “aquellos que con su conducta han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos”, como “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito”.
Pero el contraataque de los ambientalistas no se hizo esperar: “De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios, lo que demuestra lo ridículo de este planteo”, escribieron los asambleístas en una carta que fue entregada al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, que se sumó a la causa aduciendo que sus “vecinos no son delincuentes, persiguen fines nobles”.
El argumento de los ambientalistas está claro: basar su defensa no sólo en el apoyo que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner brindó en el pasado si no, además, en la “asistencia económica indirecta” que prestó.
