Fuerte polémica
Fallo contra
la promoción
industrial
El fallo de un juez federal mendocino, que ordena suspender preventivamente la aplicación del régimen de Promoción Industrial en las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, renovó la polémica entre los beneficiarios de la medida y los críticos a esa decisión.
El juez federal de San Rafael (Mendoza) Héctor Raúl Acosta hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Cámara de Comercio de esa ciudad en contra del decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que prorrogó hasta 2027 por decreto -sin discusión en el Congreso- los beneficios de la ley 20.021.
Los mendocinos fueron los más críticos a la decisión unilateral de la Casa Rosada sobre un tema de incumbencias federales. Y la Junta Directiva de la UIA emitió una declaración donde pidió que esta promoción “pueda extenderse a otras provincias del NOA y el NEA”.
Pero, por otro lado, el fallo judicial desató críticas de los distritos beneficiados por la firma de la presidenta. Además, el constitucionalista Eduardo Barcesat opinó que el único juez que puede suspender la aplicación de un decreto nacional “es el juez federal de la Capital Federal”.
Por su parte, la delegación riojana de la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó su decisión de presentar un recurso de amparo que respalde la medida del gobierno nacional.
El anuncio fue realizado por el diputado nacional Jorge Yoma, quien calificó de “equivocada” a la medida del juez mendocino e indicó que el mejor camino para resolver estas diferencias es el diálogo.
“Por supuesto que la provincia de La Rioja va a ejercer su derecho de defensa en todos los ámbitos. En ese sentido estuvimos conversando con los compañeros de la CGT y el próximo lunes se va a presentar un recurso en el Juzgado Federal de La Rioja, en defensa del decreto 699 y la vigencia de su aplicación”, precisó Yoma.
Por su parte, el gobierno de San Juan anticipó que está evaluando la forma de bloquear el fallo, en tanto que el presidente de la Unión Industrial de esa provincia, Roberto Carmona, acusó al juez Acosta de “tener una línea de pensamiento enfrentada con la promoción”.
En Catamarca, en tanto, el diputado nacional (FCyS) Raúl Paroli dijo que la medida “afectará en lo económico, en lo social y en las futuras inversiones que se preveían en Catamarca y nos coloca en un estado de total indefensión”.
La decisión del Juzgado de San Rafael tendrá un “impacto muy negativo en Catamarca, porque serán 7.000 empleos genuinos que se podrían caer”.
