llegan cartas

Obrar de buena fe

Dr. Tito L. Rocchetti.

Ciudad

Señores directores: El obrar de buena fe indica que se actuó con honestidad y corrección, que no se incurrió en engaño, deshonestidad o malas intenciones. Esta saludable actitud se la vincula con la idea moral del derecho, que lo ha convertido en un principio general de la mayor importancia, algo que se manifiesta en el ordenamiento jurídico. En él los comportamientos deben reflejar la conducta propia de la convivencia dentro del derecho, que a su vez impone como deber obrar en forma honorable y diligente.

Llevando esto al ámbito de la función pública, las conductas, órdenes y acciones deben impartirse de buena fe, ser legítimas e interpretarse y ejecutarse de buena fe, con previsión del respeto a la ley. Esto debe regir tanto al momento de actuar u ordenar como al ser ejecutado el mandato, considerándose que un ejercicio abusivo de la autoridad que viole lo señalado es contrario a la buena fe.

Viene al caso mencionar que Norberto Firpo, columnista del diario La Nación, el 3/7/10 en su artículo: “La coima, esa cucaracha”, en su estilo socarrón analiza el presente en nuestro país y señala que el cohecho es como ese desagradable insecto, que nunca pudo ser eliminado.

Siendo una problemática de carácter mundial de la función pública y sus mecanismos, es interesante mencionar algunas opiniones sobre la conducta que debería imperar en el sector estatal. Así, Víctor M. Martínez Chávez en su trabajo “La ética como factor primordial de la función pública” sostiene que la ética pública y la transparencia deben primar en toda acción que ejerce el servidor público, sin ocultar ninguna información sobre el ejercicio de su desempeño, y que ambas interactuando en la organización del Estado dan lugar a una cultura social de mayor calidad cuando quienes la conforman tienen y practican principios y valores correctos.

Luis G. Benavides, doctor en múltiples disciplinas, políglota, considerado uno de los mejores educadores del mundo en la actualidad, en “Ética social y moral pública” señala que “la aceleración y extensión del mal urge la necesidad de reflexión ética sistémica que vincule la moral pública con la ética cívica, y que ésta “es el conjunto de los mínimos de justicia, autonomía moral y política que hacen realidad la libertad, respecto a los cuales una sociedad plural genera las concepciones morales que la mantienen cohesionada”. Y agrega después que los atropellos a la dignidad y a los derechos humanos destruyen el tejido social, lo debilitan o lo ignoran.

Otro autor, escéptico, expresa que “desde que Colón cambiaba espejitos por oro a los indios, y desde que las tribus formadas por sus descendientes confiaron en que el Gran Padre Blanco respetaría los tratados, parece que la buena fe no forma parte del código ético de los discípulos de Maquiavelo, ya militen en las filas de las autoridades públicas, o ya militen en las filas de los ciudadanos pícaros de solemnidad”.

No obstante este pesimismo, cuanto se haga a través de las familias, escuelas y actividades públicas y privadas para que se practiquen valores éticos y morales, esos esfuerzos constituirán un valioso aporte útil para transmitir la necesidad y conveniencia de concientizar y combatir la mala fe a fin de reducir sus nefastas consecuencias.