“La mujer del César...”
La contratación directa realizada por el gobierno provincial para la administración provisoria de la autopista Santa Fe-Rosario -una vez vencido y no prorrogado el contrato de la concesionaria original, y hasta tanto se concrete un nuevo proceso licitatorio- y las dudas lanzadas sobre las eventuales ventajas previstas para determinadas empresas en la confección de los pliegos para la operación del servicio de emergencias 911 echaron un manto de sospechas sobre los respectivos manejos administrativos en la actual gestión de gobierno y dieron pie a declaraciones acusatorias y distinto tipo de suspicacias.
En el caso de la autopista, la discusión vino acompañada por una serie de polémicas conexas, que involucran a representantes de diversos sectores de la coalición gobernante, y un accionar cuanto menos contradictorio por parte del principal funcionario a cargo. Concretamente, llevan razón quienes hacen notar que el ministro de Aguas y Servicios Públicos no informó debidamente a la Legislatura -ya que en su exposición ante la misma habló de la asunción provisoria de la prestación por parte del Estado, que es por lo demás la idea de algunos partidos del oficialismo- y desconfían de las razones de “urgencia” que se esgrimen, frente a un marco contractual con plazos precisamente establecidos de antemano y en cuya ejecución no hubo ninguna decisión intempestiva.
En cuanto al servicio de atención de emergencias, las impugnaciones -incluso por la vía judicial- apuntan principalmente a la pasada vinculación del funcionario a cargo del área con una importante empresa de telecomunicaciones, oferente en el proceso licitatorio.
Desde el gobierno se intentó responder, con mayor o menor fortuna y poder de convicción, a las cuestiones planteadas. Sin embargo, eso no bastó para evitar la agitación producida no sólo desde la oposición -con el previsible oportunismo y algún nivel de exageración, aunque también con fundamentos para ello-, sino también en el propio seno del Frente Progresista. Y, ante la sociedad, habilitó la circulación de comentarios y versiones, acaso insidiosas e interesadas, pero aptas para comenzar a hacer mella en la confianza de la sociedad.
Naturalmente, ninguna gestión -aun de buena fe- puede estar exenta de errores, ni protegida contra todo tipo de imputaciones; máxime, en un período preelectoral. Por eso, la única protección que puede esgrimir contra ello -y ofrecer en calidad de garantía a sus votantes- son la absoluta claridad y transparencia en los procedimientos, el irrestricto y meticuloso ajuste a la normativa vigente y la provisión completa y abierta de información a los órganos y poderes del Estado que cuentan entre sus atribuciones el escrutinio de los actos del Poder Ejecutivo.
Como establece la remanida -pero no por ello menos vigente- sentencia contenida en el relato de Plutarco que encabeza estas líneas, la irrestricta honestidad en las acciones y las convicciones no sólo debe existir como tal, sino exhibirse de manera manifiesta e indiscutible.
