Contradicciones en política exterior
Desde el estricto punto de vista de la coherencia política, a la señora presidenta se le hará muy difícil explicar por qué reclama que los imputados por los actos terroristas contra la Amia en la Argentina sean juzgados en los tribunales argentinos o de cualquier otro país neutral; mientras que por el otro lado le concede status de refugiado político al señor Apablaza, reclamado por la Justicia de Chile por haber asesinado a un senador y secuestrado a un empresario periodístico.
La inmensa mayoría de la opinión pública estuvo de acuerdo con la presidenta por haber reclamado en un foro internacional el juzgamiento de los terroristas islámicos, pero a esa misma opinión pública le resulta contradictorio que le niegue la extradición a alguien que no puede invocar, para justificar sus crímenes, el principio de resistencia a la tiranía. Estas contradicciones flagrantes de un gobierno constitucional son las que desvelan a analistas políticos opositores y oficialistas.
Desde una perspectiva estrictamente política, llama la atención la capacidad del gobierno argentino para generar conflictos innecesarios con países con los cuales mantenemos buenas relaciones. El reclamo por la extradición de Apablaza es una demanda de todo el sistema político chileno. En primer lugar lo hace la Justicia, que reclama juzgarlo bajo el principio de presunción de inocencia. Las consideraciones de algunos voceros kirchneristas acerca de la filiación “derechista” del gobierno son insostenibles, no sólo porque en democracia no está prohibido ser de derecha, sino porque el mismo reclamo hicieron en su momento los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Si bien quienes reclaman con más vigor que Apablaza sea extraditado para ser juzgado es la derecha chilena donde militaba el legislador asesinado, también los socialistas y los demócratas cristianos se han sumado a este reclamo.
En la Argentina, por su lado, todo el arco opositor pide que Apablaza sea extraditado. En la misma línea se han pronunciado la Corte Suprema de Justicia y el doctor Esteban Righi, insospechable de conservador o reaccionario. ¿Por qué entonces una decisión que violenta el derecho, nuestras relaciones diplomáticas y el propio sistema de alianzas interno y externo? No hay una respuesta única a este interrogante. En principio, pareciera que las presiones ejercidas por los grupos más extremos de las organizaciones denominadas de “derechos humanos” han logrado imponerse.
Para este sector, Apablaza es un luchador social y por lo tanto no puede ni debe ser juzgado por crímenes que no son tales sino actos de resistencia contra la dominación y la opresión. Como dijéramos en anteriores editoriales, si Apablaza fuera un neonazi o algo parecido, este tema no sería motivo de discusión. De todos modos, lo que más llama la atención no es que grupos extremistas se movilicen a favor de alguien acusado de haber cometido delitos de sangre, lo que llama la atención es que el gobierno argentino, a través de sus principales voceros, sostenga estos puntos de vista sin medir las consecuencias políticas y diplomáticas.
