EDITORIAL
La mediación obligatoria
La Legislatura santafesina, después de un extenso debate en comisiones, sancionó la ley que instituye la mediación como instancia previa obligatoria al inicio de cualquier proceso judicial, a diferencia de la vigente Ley Nº 11.622 que promueve la mediación como instancia voluntaria.
Al prolongado debate legislativo se sumaron las universidades con asiento en la provincia, los colegios profesionales y distintas organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto, iniciado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado a principios del año en Diputados con algunas abstenciones. Luego fue modificado por el Senado después de realizar una serie de consultas y esos cambios fueron aceptados por la Cámara Joven. A la reglamentación que debe seguir a la promulgación de la norma le seguirá una etapa de tres años para implementar el sistema a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Tanto desde Casa de Gobierno como desde la Legislatura se señaló que la mediación obligatoria constituye un avance institucional hacia un profundo cambio cultural en la provincia.
Hasta hoy, ante las controversias entre personas, grupos o sociedades, la única forma de intervención del Estado era a través del sistema judicial que les ofrece a las partes la posibilidad de un juicio. Ahora, antes de llegar a esa instancia, van a tener que transitar obligatoriamente otra oferta del Estado, que es un procedimiento de mediación. Es decir van a tener que acudir frente a una persona, que es el mediador, que si bien no tiene poder -y en eso se diferencia del juez-, está especialmente entrenado y capacitado para ayudar a las partes enfrentadas.
De encontrarse una solución a través de la mediación, se evitan los costos y el largo proceso que supone el trámite judicial. Si las partes llegan a un acuerdo, también se ahorran tensiones en tanto que la Justicia reduce el número de causas que hoy desbordan los juzgados.
Con este paso Santa Fe queda incorporada a las provincias y territorios del país que tienen mediación obligatoria, como ocurre en el ámbito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Río Negro, Tierra del Fuego y Salta. Un reciente congreso sobre la materia realizado en Salta demostró los porcentajes importantes de conflictos derivados hacia esa vía.
La etapa que se inicia para reglamentar la norma deberá evitar errores que redunden en atrasos, y será clave la formación de abogados y procuradores habilitados para actuar como mediadores porque de su pericia y habilidad dependerá en muchos casos la solución de las controversias, lo que contribuirá a descongestionar los tribunales.
Santa Fe ya tiene el instrumento que ayudará a reducir el exceso de causas en el sistema judicial y le brindará a las partes la posibilidad de solucionar sus problemas en forma rápida, eficaz, económica y satisfactoria para sus intereses. Es de esperar que no se fracase en la instrumentación.
