Informe sobre Derechos Humanos
EE.UU. señala corrupción en Argentina
El informe, que repasa la situación en todos los países, menciona “instituciones débiles y una justicia politizada”. Estima que en nuestro país se respetan los derechos humanos, aunque recoge denuncias en contrario.
De la redacción de El Litoral
DyN
Los nombres de Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y Ricardo Echegaray aparecen mencionados como funcionarios gubernamentales cuestionados por presuntos hechos de corrupción, dentro de un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre Prácticas de Derechos Humanos en la Argentina que se conoció en las últimas horas.
Según la publicación del Departamento de Estado, la situación se complica en el país debido a que existen “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado que dificulta eliminar la corrupción” a la que calificó de “sistémica”.
Además de los hechos de “corrupción oficial”, entre los problemas más graves que sufre la Argentina en la materia, están la ineficiencia y la falta de independencia judicial, los abusos policiales, la situación carcelaria y hechos sociales de violencia doméstica contra mujeres, abuso y trabajo infantil y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
En un largo paper, que se repite con el mismo esquema para cada uno de los países, el Departamento de Estado alterna la descripción de situaciones en las cuales, según su criterio, la Argentina respeta claramente los Derechos Humanos, con otros donde se efectúan críticas, producto de las denuncias recibidas.
Policía y Justicia
Al comienzo del Informe se señala que “fueron reportados” los siguientes “problemas de derechos humanos”, entre los que se incluyen “asesinatos y uso de fuerza excesiva por la policía y las fuerzas de seguridad; el abuso policial y la presunta tortura de supuestos delincuentes y la brutalidad de los guardias de prisiones hacia los presos; el hacinamiento y las condiciones deficientes de las cárceles; el arresto arbitrario y las detenciones ocasionales y las prolongadas detenciones preventivas”.
Además, incorpora como hechos denunciados “las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial y la corrupción oficial”. En este aspecto, el Informe dedica toda una sección para detallar este tipo de situaciones y para aludir a la transparencia del gobierno. Allí, el gobierno de Barack Obama recuerda además que se registraron “frecuentes informes de prensa” dedicados a denunciar a funcionarios de los tres poderes que “han incurrido en prácticas corruptas, lo que sugiere una falta de aplicación de la ley con eficacia”.
En primer término, el Informe alude a “algunas fuerzas de seguridad”, en casos de extorsión y de protección de personas involucradas en el tráfico de drogas y prostitución. “Los controles internos para hacer frente a los abusos policiales son débiles”, dice el reporte.
Corrupción
En relación con la Oficina Anticorrupción, el Departamento de Estado señala que la misma denunció al titular de la Afip, Ricardo Echegaray quien habría “usado su autoridad como jefe de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca)” en la concesión de subsidios “a empresas que fueron suyas”.
Además, el documento señala como caso emblemático “el financiamiento de las campañas”, a partir de la llamada mafia de los medicamentos, que involucró a Héctor Capaccioli como “recaudador en jefe” para la campaña de 2007 de la “presidenta Fernández de Kirchner”.
Entre los involucrados en casos denunciados también aparece el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime quien “fue acusado de 15 cargos de corrupción” y también de “supuestamente recibir regalos y favores de las empresas de transporte”, dice el reporte.
El reporte tiene un apartado que señala el caso del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, quien declaró ante el Congreso “que empresas argentinas fueron autorizadas a exportar maquinaria agrícola a Venezuela, a cambio de pagos a funcionarios del Ministerio de Planificación”.
