Avance estatal en empresas privadas
A nadie se le ocurriría poner el zorro a cuidar el gallinero, máxime cuando ha dado reiteradas muestras de conservar intacto su instinto de zorro. De modo que sólo el zorro es capaz de presentarse como un defensor de las gallinas. E incluso, enamorado de su propio relato, llegar a creérselo.
La figura viene a cuento por la vertiginosa decisión de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de aumentar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el protagonismo del Estado en empresas privadas donde la Anses tiene acciones o papeles de deuda.
Al respecto, no hace falta recordar que los posee en calidad de sucesora de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), entidades privadas que fueron estatizadas en 2008. Así, aunque limitado por ley a un tope del 5 por ciento de los votos en las sociedades donde la Anses pasaba a tener títulos y acciones, la puerta de la intromisión estatal en el manejo de empresas privadas quedó entreabierta. Y ahora se abrió de par en par.
En nombre de la defensa de la caja de los jubilados y pensionados, la Anses se convierte en el zorro que cuida el gallinero. La realidad es que a partir de un DNU inconstitucional -ya que deja de lado al Congreso de la Nación en pleno período ordinario de sesiones, y modifica una ley por decreto- el referido límite se ha removido y, en adelante, el gobierno podrá perturbar, estorbar y bloquear el normal sistema de funcionamiento de importantes empresas argentinas, tal como viene ocurriendo desde hace rato en Papel Prensa S.A. De manera que no se trata de pensar mal, ni de imaginar o intuir lo que puede ocurrir. Hay experiencia concreta de lo que ya está ocurriendo. El zorro actúa como zorro.
Entre tanto, la supuesta preocupación de la Anses y el gobierno por los fondos de los pasivos constituye un agravio. Lo real es que la comisión legislativa de seguimiento del manejo de los fondos estatizados no funciona y que parte de esos recursos son prestados a tasas bajas al Estado nacional durante un ciclo inflacionario que erosiona a diario su valor. Y otro tanto ocurre con el financiamiento de políticas públicas no sustentables y en algunos casos temerarias. Los juicios por actualización de haberes se acercan al medio millón, mientras la cruel estrategia del gobierno es dejarlos correr para que colapsen los Tribunales. Y pagarlos con cuentagotas a los litigantes más viejos. Las tasas de actualización van claramente detrás de los índices reales de inflación después de haber arrancado varios años tarde, razón por la cual el promedio de los haberes está por debajo del 50 por ciento del correspondiente salario de los activos. Además, los aportes voluntarios a las AFJP no han sido devueltos.
Cuesta creer que después de todo esto, la Anses y el gobierno se atrevan a esgrimir el argumento de su pretendida preocupación por los pasivos para justificar el avance sobre empresas privadas susceptibles de ser presionadas desde adentro. El zorro controla el gallinero.
