Debate necesario que no se da

Nuevas disputas por agroquímicos

Ecologistas piden reclasificar la toxicidad y denunciaron pulverizaciones en escuelas rurales. Los agrónomos reconocen que “hay desaprensión” y reclaman una actualización acorde de la ley.

Juan Manuel Fernández

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Esta semana volvió a recalentarse la disputa por el uso de agroquímicos en el sector agropecuario. En Buenos Aires un militante ecologista inició su segunda huelga de hambre frente al Ministerio de Agricultura de la Nación en demanda de un cambio en la metodología para determinar la toxicidad de estos productos (una de las demandas ambientalistas es que el glifosato deje de estar entre los productos menos tóxicos para incluirlos entre los más peligrosos y así restringir su uso). Mientras en territorio santafesino el Centro de Protección a la Naturaleza denunció pulverizaciones en cercanías de al menos tres escuelas rurales y solicitó públicamente al gobierno que establezca la prohibición de esta práctica en un radio de 500 metros en todos los establecimientos santafesinos. Los ingenieros agrónomos, a través del Colegio que los agrupa, llamó la atención de quienes hacen un “uso desaprensivo” de los químicos y marcó las dos falencias que tiene la actual ley para poner coto a estos problemas: no obliga a productores con máquinas propias a pulverizar bajo asesoramiento profesional y deja librado a la decisión de municipios y comunas la autorización y control de estas prácticas.

El martes 14 el ingeniero forestal y militante de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) Claudio Lowy repitió ante la cartera agrícola nacional lo que ha había hecho el 9 de noviembre de 2010 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación: una huelga de hambre para cambiar el criterio de clasificación de toxicidad de los agroquímicos, que no depende de la Argentina sino que es el utilizado a nivel internacional, por ejemplo por la OMS o la FAO. El método se denomina DL50 y marca la dosis ingerida o absorbida a través de la piel que es letal en el 50% de un grupo de animales uniformes (a mayor número en la escala menor peligrosidad, puesto que indica una dosis mayor para que sea peligroso el producto). Según esta escala, por ejemplo, el glifosato es de baja toxicidad (DL50 mayor a 5000), la sal común (DL50 3.000) y la aspirina (DL50 1.750) son moderadas, la cafeína es alta (DL20 200) y la nicotina muy alta (DL50 50).

Lowy inició su segunda protesta avalado por 9.300 firmas de todo el país. En un comunicado RENACE afirma “que la noticia no es la huelga de hambre sino los millones de personas afectadas por las fumigaciones”.

Al mismo tiempo en Santa Fe el Centro de Protección a la Naturaleza actualizó denuncias hechas a principios de mes desde una escuela rural de Arroyo Seco, en donde una maestra tomó fotos de una máquina pulverizadora trabajando a escasos 15 metros del patio del establecimiento y con los alumnos en clase. Se trataba de la escuela Almafuerte, de Paraje El Ombú; a ella se sumaron situaciones semejantes —según denunciaron en Villa Amelia (cercana a Rosario) y Paraje El Mataco (cercano a La Rubia). Por ello demandaron que “el gobierno provincial determine, para todos los municipios y comunas de Santa Fe, en forma urgente y necesaria una zona de exclusión de fumigaciones con cualquier tipo de producto químico, de 800 metros para las pulverizaciones terrestres y de 1500 metros para las aplicaciones aéreas”. También demandaron que se establezca “un área de protección de 500 metros, como mínimo, alrededor de los establecimientos educativos, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales”.

Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos 1º Circunscripción, el presidente de la Comisión de Fitosanitarios, Raúl Walker, advirtió que la ley de productos fitosanitarios (111.273) debería obligar a todos los que utilizan las pulverizaciones a hacerlo con receta y no sólo a los aplicadores rregistrados “Hoy el productor que tiene su propio equipo de aplicación no necesita trabajar con recomendación del profesional”, explicó.

En tal sentido señaló que esa era “una de las grandes modificaciones” a la ley que se encararon el año pasado sin éxito en la legislatura. El debate “terminó luego con una discusión sobre distancias, metro más metro menos” —indicó— sin lograr ningún avance, sino todo lo contrario.

Walker explicó que la ley obliga a trabajar con autorizaciones de aplicación sólo a los prestadores de servicios. “Ahora, si el productor tiene equipo propio debe comprar el producto con autorización; pero después lo aplica en el modo que quiere”, advirtió. Este aspecto —señaló el profesional— “es uno de los grandes talones de Aquiles de la ley”.

La desactualización de la norma se hace evidente frente al cambio de escenario en el sector agropecuario, ya que cuando se redactó la mayoría de los productores contrataban el servicio de pulverización, mientras que en la actualidad son cada vez más los que compran el equipo propio.

La otra flaqueza de la legislación es que “le da la potestad a las comunas y los municipios como para fijar las distancias y las zonas de exclusión, las reglas de juego dentro de su distrito”. Son las autoridades locales, por lo tanto, quienes deben velar por la seguridad de las escuelas rurales “y muchas lo están haciendo”. Además, el representante de los ingenieros reconoció que las escuelas rurales mencionadas en las denuncias “siguen complicadas por una falta de sentido común, porque en realidad el que aplica allí debería tener todas las precauciones que deben tenerse”. Por ejemplo, dijo, trabajar los fines de semana cuando no hay alumnos en los establecimientos. “Realmente hay una desaprensión también que debe castigarse en la forma que corresponda”, evaluó.

“Si un productor viene hacia nosotros y nos dice ‘mire, tengo que aplicar cerca de la escuela o un club rural’, uno va a tener la precaución de indicarle el producto, darle una recomendación especial y demás; pero no es el 100% de los casos en los que se está trabajando de esa forma”, explicó. Por lo tanto, “mientras no se modifique la ley o las comunas no asuman su responsabilidad para legislar” seguirá habiendo conflictos porque “hay mucha gente que no aplica con los criterios necesarios”. Esa situación se mantiene —agregó Walker— pese a los esfuerzos que realiza el Colegio para educar a profesionales y productores en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) “que significa un uso racional de agroquímicos: hacerlo cuando y cómo corresponde; usar el más inocuo y no el más barato”.