editorial

La crisis de Aerolíneas

Mas allá de los episodios puntuales que hoy han adquirido estado público, queda claro es que la crisis de Aerolíneas Argentinas no proviene de la incapacidad “genética” del Estado para administrar empresas publicas, sino de cuestiones más concretas que tienen que ver con decisiones políticas de los gobiernos. La combinación letal de impericia, omnipotencia, corrupción, politiquería, intrigas sindicales e irresponsabilidad dan como resultado una empresa pública deficitaria en todo el sentido de la palabra.

Aerolíneas Argentinas da un déficit de dos millones de dólares por día; dispone de una planta de empleados excedida en más de 1.500 puestos de trabajo; siete sindicatos se disputan rabiosamente cuotas de poder, y mantiene un litigio millonario con la empresa española Marsans, su anterior propietaria.

Los defensores de las empresas públicas admiten que ciertos servicios inevitablemente provocan pérdidas, pero la contracara de ese déficit es la calidad de los servicios. En nuestro país, en cambio, todas las variables negativas se juntan: malos servicios, déficit, exceso de personal, corrupción y corporativismo gremial. El argumento de que es necesario disponer de una empresa como Aerolíneas Argentinas en nombre de la soberanía nacional hoy no resiste el análisis ya que todo lo que se está haciendo atenta contra la soberanía nacional, empezando porque la primera víctima de los errores y las corruptelas es el titular de esa soberanía: la Nación argentina; es decir, los contribuyentes y, en particular, los viajeros que con insoportable frecuencia sufren incomodidades y maltratos de todo tipo. Sufren los pasajeros y, también, el proyecto de desarrollo turístico nacional.

El otro argumento habitual es que la línea de bandera es importante porque presta servicios en zonas remotas del país de las que ninguna empresa comercial se hace cargo porque la ecuación económica no cierra. También en este caso el argumento es débil, ya que en el déficit anual de 700 millones de dólares, los vuelos a lugares remotos representan una pérdida de apenas el cinco por ciento.

En principio, frente a la presión sindical, la presidente ha dado una respuesta correcta. Por primera vez ha amenazado con sanciones a sindicalistas irresponsables y tramoyeros que en algún momento militaron en sus filas y gozaron del calor oficial. Es necesario insistir en que el derecho de huelga no es absoluto, máxime cuando se trata de la prestación de servicios críticos que sirven de fundamento a la gestión pública de Aerolíneas Argentinas.

Pero el problema tiene mayor alcance porque los sindicalistas han puesto sobre el tapete la supuesta falta de mantenimiento de los aviones, cuestión que si fuera cierta al menos en parte representa un riesgo inaceptable para los viajeros. El tema es complejo y tiene muchas aristas que dejan a la vista responsabilidades cruzadas. Urge encauzar la compañía mediante la aplicación de criterios de idoneidad, seriedad, compromiso, racionalidad y responsabilidad en todos los actores involucrados.