Uso de islas fiscales en Entre Ríos

Urribarri propone la derogación de una ley polémica

De la redacción de El Litoral

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El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, propuso derogar la ley de tierras fiscales y ratificó la decisión de “defender el patrimonio público y poner en valor productivo las islas entrerrianas convocando a todos aquellos sectores que quieran aportar a este objetivo”, según informes de medios de aquella provincia.

Además, en el proyecto que elevó a la Legislatura el Ejecutivo desmintió “cualquier tipo de intención privatizadora ni concesiones sobre el delta y afirma que la ley ha sido blanco de críticas maliciosas e infundadas”. Asimismo, dejó en claro que “hay dos cuestiones en las que el gobierno entrerriano no volverá atrás: una de ellas es la soberanía sobre su territorio”. En esa línea, afirmó: “No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere, se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio”. La iniciativa se presentó tras el rechazo que generó la norma en organizaciones ambientales y dirigentes políticos de la oposición.

“Como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio público y a la vez la firme de decisión de poner en valor productivo las islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogando la Ley Nº 10.092”, se indicó.

Como informó oportunamente este diario, la ley aprobada por la Legislatura de Entre Ríos “pone en peligro el medio ambiente del Litoral y de los humedales del Paraná” y “reviste una clara violación a los principios constitucionales de la propia provincia vecina e implica asimismo un total olvido del acuerdo suscripto en la ciudad de Victoria, a fines de 2008”, según afirmó el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, en nota que elevó a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi.

En la misiva, el funcionario local le manifestó a Mussi su “preocupación respecto de la ley Nº 10092”, sancionada recientemente en la provincia de Entre Ríos, que instrumenta un nuevo sistema de uso de los humedales, modificando sustantivamente el manejo y gestión del suelo que compone el delta entrerriano, al autorizar volver productivas unas 200 mil hectáreas de tierras inundables vírgenes, consideradas por los ambientalistas como “un pulmón verde único por su biodiversidad”, y un patrimonio ambiental invaluable que, de acuerdo con la norma sancionada por Entre Ríos, pasará a manos de una sociedad anónima sugestivamente denominada “Arroceros del Delta”.