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Por una ley para las Pymes
Entre las pequeñas y medianas empresas nadie cuestiona a fondo la política industrial del gobierno. Pero emergen dudas sobre la discrecionalidad de la sintonía fina, más preocupada por la caja fiscal que por la expansión productiva.
Félix Canale
Pese a la caída evidente del desempeño industrial durante el último trimestre de 2011 y el primer mes de 2012, hay quienes sostienen que todavía existen condiciones para recuperar parte del terreno perdido.
Es el caso de Diego Turco, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (Ccirr). “Es cierto que los índices cayeron por debajo del 7 % anual, pero mientras tanto la industria brasileña apenas avanzó 0,6 por ciento en 2011. Eso nos marca un nivel de oportunidad muy grande”, afirma.
Pero para aprovecharla, debiesen cambiar algunos parámetros de la actual política oficial, donde el concepto de “mercado local” integre también a otros países sudamericanos. “Pese a que desde lo político se profundizó la alianza con países de la región, desde lo económico, y particularmente la industria, no se ha trabajado lo suficiente para integrar los mercados”, observa.
La advertencia del dirigente se inscribe en una corriente de opinión empresaria, donde las medidas de protección implementadas por el gobierno son bienvenidas, pero no suficientes como para proyectar a las industrias más allá de esas reservas de mercado.
Nuevas banderas
Las expresiones de Turco tienen directa relación con la opinión Pyme. En Rafaela,
existen unas 430 empresas industriales y de ellas entre 85 y 90 por ciento tienen hasta 10 empleados, generando en total unos 11.500 puestos de trabajo, más de un tercio de la población económicamente activa.
Estos números concurren para afianzar su creencia de que, tanto a escala nacional como provincial, las pequeñas y medianas empresas no son debidamente entendidas. “Cuando se habla de defender la mano de obra nacional, en realidad se está hablando de las Pymes. De allí que lo que se necesita es una ley que las defienda y las proteja, y esto incluye la tributación. Es necesario despegar el concepto Pyme de la globalidad empresaria. Esto es clave para los tiempos que vienen”.
El dirigente entiende que este reclamo debiese ser una bandera de las organizaciones empresariales intermedias, porque en el Congreso de la Nación existen proyectos de ley para las Pymes, que por ahora están cajoneados.
Dice Turco: “Creo que desde la gremial empresaria, se debería impulsar con mayor énfasis esta idea de aprobar una ley Pyme, para proteger la mano de obra nacional y nuestras comunidades. Santa Fe es una provincia con más de 300 pueblos y el entramado que los sostiene es Pyme. Esto no está puesto en foco por el estamento político”.
Sintonía fina
Como parte de las correcciones económicas que lleva adelante el gobierno nacional, avanza el control de las importaciones, que entran en esa constelación hasta ahora imprecisa que la presidenta Fernández llamó “sintonía fina”. En Rafaela, durante enero, surgieron malestares por la dificultad para adquirir insumos importados.
El presidente de Ccirr se hace eco de tales malestares. “Debe advertirse que no es lo mismo importar, a secas, que integrar productos. En un mundo globalizado, poder integrar insumos para agregar valor es un elemento fundamental. Hoy, existen dificultades que debiesen mirarse y trabajarse no de manera compulsiva, sino con un criterio amplio, sabiendo a quién se favorece y a quién no”.
Luego agrega: “Creo que esta idea de que toda la industria es parte de una misma bolsa, es mala a la ahora de poder aplicar muchas de las políticas en curso. Es necesario aprender a diferenciar y entender que, como valor social, el entramado Pyme es fundamental de cara al futuro”.
Lo que resta
Turco milita en la corriente empresaria que no ve con malos ojos la implementación de una sintonía fina, pero como muchos, está advirtiendo que tal criterio puede diferir según cómo y dónde se la aplique. Una cosa es pensarla en función de salarios atados a productividad (como propuso el mensaje de Fernández en la UIA), y otra tropezarse con un nuevo régimen de bienes de capital, con IVA de 21 % y eliminación del bono fiscal de 14 % sobre facturación, que emergió de oficinas burocráticas.
“Se estaba acordando un aterrizaje suave del régimen, que se terminó acortando, y en abril hay que comenzar a acomodar un nuevo formato. Esto genera un nivel de incertidumbre muy grande. Hay empresas que construyen a largo plazo, con entrega de instalaciones llave en mano, que hoy están en una situación muy compleja. Esto está lejos de una sintonía fina”, reclama.
Sin llegar al reclamo, el presidente de Ccirr puntualiza otra área en las que habría que afinar el dial. “Un modelo de integración regional (en términos de Sudamérica) debe ser asistido por estrategias financieras adecuadas a las necesidades de desarrollo industrial. Aquí, tenemos uno de los eslabones débiles, porque no hay financiamiento suficiente ni orientado”.





