Con iniciativas propias
Diputados armó su agenda
La sesión del último jueves sirvió para que la Cámara fijara tratamiento preferencial para dos docenas de proyectos de ley presentados por los propios legisladores. La aprobación dependerá del trabajo de comisiones de las próximas semanas.
Mario Cáffaro
La última sesión de la Cámara de Diputados fue aprovechada por el cuerpo para votar el tratamiento -con preferencia- de una serie de proyectos de ley presentados por los integrantes y que, a partir del 1º de Mayo, con el inicio del período ordinario quedaron habilitados para el debate. En algunos casos, se vuelve sobre iniciativas ya presentadas y que no tuvieron eco en el cuerpo o en el Senado y en otros casos se trata de proyectos que el justicialismo no pudo imponer siendo minoría en los últimos cuatro años y que ahora con mayoría podría aprobar. Pasar a los tribunales locales casos menores de tráfico de drogas, regular el funcionamiento de centros de estudiantes, protección integral del salario de activos y pasivos de la provincia son algunos de los títulos en carpeta para el presente mes.
En este mayo se da la integración de una nueva Cámara con muchas caras nuevas -y por ende con iniciativas de primerizos- y una mayoría de color político diferente al Poder Ejecutivo.
Por ahora, la prioridad del oficialismo es dotar al Ejecutivo de la facultad para emitir Letras, que le permitan tener un financiamiento rápido al Tesoro provincial y todas las fichas estarán puestas en lograr, entre miércoles y jueves, los dictámenes. Un sector del justicialismo -liderado por Mario Lacava- insistió en señalar que no facilitará el tratamiento del tema, mientras el Ministerio de Economía no responda a un pedido de informes votado en marzo sobre el estado de las cuentas santafesinas.
En carpeta
Las mismas comisiones que deben expedirse sobre Letras tienen bajo análisis un proyecto de ley, con preferencia para el jueves, y que permitiría reabrir el plazo para que municipios y comunas comuniquen a la API la decisión de aplicar una sexta cuota en la Patente Única sobre Vehículos. La iniciativa es del radical Julián Galdeano, quien explicó que esa posibilidad prevista en la última ley de presupuesto tomó a los municipios en plena etapa de cambios de administración y muchos no advirtieron el vencimiento. Apenas 80 de las 360 administraciones locales anticiparon la decisión de un cobro extra.
En tanto, en dos semanas podría llegar al recinto la iniciativa de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), regulando y promoviendo la constitución y funcionamiento de centros de estudiantes en escuelas secundarias y terciarias, públicas y privadas, dependientes del Ministerio de Educación. El autor pidió que el tema pase únicamente por Asuntos Constitucionales, ya que la Cámara votó en los últimos años en dos ocasiones una iniciativa similar del socialista Sergio Liberati que nunca fue acompañada por el Senado.
Toniolli explicó que hoy rige en la provincia la Ley 10.195 de 1988 “que sólo se limita a autorizar el funcionamiento de los centros, sin mayores precisiones y sin establecer sujetos obligados al cumplimiento de la normativa”. Su propuesta busca “garantizar el efectivo cumplimiento del derecho de agremiación de los estudiantes, en organismos integrados exclusivamente por quienes revistan el carácter de tales, sin injerencia de directivos y sin que su constitución esté sujeta a la voluntad de éstos últimos”.
Con polémica
Siete días después tienen preferencia sendas iniciativas no exentas de polémicas. Por un lado, el kircherismo con la firma del jefe del bloque, Darío Mascioli, y del presidente del cuerpo, Luis Rubeo, apunta a pasar a la órbita de la Justicia provincial delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía. El objetivo es que la provincia haga uso de la opción prevista en la ley nacional 26.052.
El otro tema es el introducido por el radical Darío Boscarol para la protección integral del salario y de los haberes previsionales en la provincia. Lo acompañó en la firma la justicialista Silvia De Césaris, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y dirigente de UPCN. El objetivo principal es conservar el monto salarial de los empleados activos y pasivos, de organismos de la Administración Provincial, descentralizados y de todos los poderes constitucionales, ya que declara la inembargabilidad e intangibilidad de esos haberes y por ende los resguarda de retenciones o débitos que actualmente realizan los bancos, sobre las cuentas sueldos, sin límite alguno.
