Del procurador interino, en el reclamo por coparticipación

Dictamen contra Santa Fe en la Corte

El procurador general de la Nación interino, Luis González Warcalde, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe rechazar las demandas presentadas por las provincias de Santa Fe y San Luis para que el gobierno central deje de descontar indebidamente -según el planteo- recursos coparticipables.

González Warcalde era el segundo de Esteban Righi en la procuración y está a cargo del organismo provisionalmente, mientras el gobierno trata de que el Senado apruebe la designación de Daniel Reposo como titular. Su dictamen es un paso previsto en el procedimiento de decisión y es un indicativo jurídico -y también político- sobre el posible curso de acción del tribunal, pero de ninguna manera es vinculante para éste.

“Corresponde rechazar la demanda” y “debe desestimarse el planteo de inconstitucionalidad” son las conclusiones usadas en los dictámenes del procurador, que fueron reproducidos en su edición de hoy por el diario La Nación.

Uno de los planteos que presentaron ambas provincias se basaba en la detracción del 15% sobre la masa coparticipable que el Estado nacional realiza desde 1992. Originada por el Pacto Fiscal que las provincias firmaron ese año, su objetivo era financiar obligaciones previsionales mientras se creaba el nuevo sistema de AFJP. El pacto se fue prorrogando, pero en 2005 Santa Fe dejó de consentir la retención y la Nación lo prorrogó unilateralmente desde entonces.

Las dos provincias plantearon que el mecanismo era inconstitucional y reclamaron los fondos que les hubieran correspondido desde entonces. En el caso de Santa Fe, el reclamo es por unos $ 2.800 millones sólo en 2011, casi el 9% del presupuesto provincial de ese año.

El planteo ante la Corte se ventiló, en marzo de 2010, en una audiencia con el gobierno de la provincia y autoridades del Ministerio de Economía de la Nación, a la que concurrieron representantes de todas las fuerzas políticas santafesinas, pero hasta la fecha el expediente continúa sin novedades a nivel de los magistrados.

El otro planteo fue para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 1399/2001, que en medio de la crisis fiscal disponía retenerles a las provincias otro 2,75% de su coparticipación (en 2005 bajó a 1,90%) con destino a la Afip.

Las presentaciones judiciales se habían hecho en 2009. En el caso de Santa Fe, patrocinados por el estudio vinculado con el diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el caso de San Luis, a través del estudio de Rodolfo Barra. El miércoles último, el procurador dictaminó sobre ambos reclamos casi con los mismos argumentos.

Señaló que los estados provinciales no están sometidos a un “encierro legal” porque nada les impide a sus respectivas legislaturas dictar una ley “que haga explícita la voluntad de rescindir el compromiso” del pacto fiscal que firmaron en 1992.

También dijo que las detracciones son válidas “hasta que exista un nuevo acuerdo de partes o se sancione una nueva ley de coparticipación federal”. Y descartó los planteos de inconstitucionalidad.