Caminos diferentes para pelear por el 15 % de la coparticipación

Córdoba reclama como Santa Fe

que la Nación no recorte sus fondos

Los mediterráneos aprobaron una ley para “bajarse” del pacto fiscal de 1992. Santa Fe no lo prorroga desde 2005 y espera que la Corte dictamine la “inconstitucionalidad” del descuento federal.

De la redacción de El Litoral

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La Legislatura de Córdoba aprobó anoche el abandono de la provincia al Pacto Fiscal vigente desde agosto de 1992, por el que la Nación le descuenta el 15 % de lo que le corresponde por coparticipación federal. La plata se destinaba originalmente a cubrir el “déficit” de la Anses, hoy inexistente.

Por caminos distintos, los mediterráneos se suman así a un reclamo santafesino similar. Los cordobeses venían prorrogando el pacto fiscal del ‘92 mientras que Santa Fe no lo hacía desde 2005; los mediterráneos terminarán en la Corte y Santa Fe ya presentó el reclamo por la “ilegalidad” de lo que le descuenta la Casa Rosada.

El pacto en cuestión fue firmado el 12 de agosto de 1992 a instancias de Carlos Menem y Domingo Cavallo para cubrir el fenomenal déficit previsional nacional, agrandado por las cajas provinciales transferidas a la Nación. Las provincias cedieron entonces 15 % de su coparticipación, pero Santa Fe y Córdoba -entre otras- recibirían una compensación para los déficits de sus propias cajas, que no fueron transferidas.

Aquel pacto fue una “norma consensual”. La Nación lo ratificó por la ley 24.130; las provincias lo hicieron con sus respectivas normas. Esas leyes tenían plazo de vencimiento; Santa Fe dejó de prorrogar el acuerdo en 2005 (gestión de Jorge Obeid), pero Córdoba lo siguió prolongando desde su Legislatura.

En 2010, con Hermes Binner como gobernador pero con las presencias y el consentimiento político expreso de Obeid y de Carlos Reutemann, Santa Fe fue a la Corte para reclamar que es “ilegal” el descuento de la coparticipación, porque la Nación lo había prorrogado unilateralmente mediante el artículo 76 de la ley 26.078 (el presupuesto nacional de 2005).

Sin el consentimiento necesario de la Legislatura santafesina y teniendo en cuenta que la plata es originalmente de la provincia aunque la administra la Nación, según el ordenamiento constitucional, Santa Fe argumentó que aquella decisión nacional fue “inconstitucional”. Y que el descuento es “ilegal”.

Córdoba, que sí había prorrogado el pacto fiscal, se bajó ayer por ley porque no recibía la compensación nacional prevista. El planteo mediterráneo reclama retroactividad, por cuanto la Nación no pagaba su parte del pacto fiscal, es decir mandarle plata para cubrir su déficit previsional.

Provincias que también registran incumplimientos

“Lo que hay es un caos jurídico e institucional en materia tributaria”, aseguró el ex ministro de Economía santafesino, Juan Carlos Mercier. Advirtió que hay provincias -como Córdoba o Buenos Aires- que también incumplieron con el pacto fiscal del ‘92, al gravar con ingresos brutos (por ejemplo) a sus sectores industriales, algo que se habían comprometido no hacer.

Mercier también advirtió alguna contradicción en la pretensión santafesina de querer cobrar a la Nación la compensación por el déficit previsional, si al mismo tiempo denuncia el pacto fiscal que da origen a esa compensación.

Explicó además que la última reforma previsional docente en la provincia, significaría incumplir el pacto -de estar vigente- y que algo parecido sucederá si se aplica ingresos brutos a la construcción, tal como propone el socialismo en la reforma fiscal que se discute en la Legislatura.

Recordó que Santa Fe “percibió en 2006 un trimestre y parte del segundo del pago de la caja de jubilaciones; desde entonces la Nación no lo pagó más”, tras el reclamo santafesino ante la Corte, y a pesar de que las partidas estaban previstas en los presupuestos nacionales.

Detalló que “el pacto fue abandonado de hecho por las partes y no fue reemplazado por una legislación propositiva ni por un régimen de coparticipación” nuevo, tal como lo ordenaron la Constitución del ‘94 y las leyes de ratificación de los acuerdos fiscales. Según criterio del ex senador capitalino, el acuerdo fiscal de 2002 fue “el último pacto que tenía cierto rasgo de nuevo régimen”. Pero “ni la justicia ni la comisión federal de impuestos” encausan un ordenamiento.

De la Sota tuvo una inédita participación ante la Legislatura, en plena sesión. Su gobierno ya fue a la Corte, pero además intimará a la Nación si no le manda la coparticipación sin recortes. Foto: Gentileza La Voz del Interior / martín baez

¿Especulaciones políticas en la Corte Suprema?

“Este problema que se plantea con la provincia de Santa Fe se tendría que resolver políticamente. Se nos deriva a nosotros una conflictividad cuya naturaleza, en el fondo, si la analizamos, es de naturaleza política”, dijo Eugenio Zaffaroni, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe resolver sobre la inconstitucionalidad del descuento nacional a la coparticipación de Santa Fe.

¿Puede denegar justicia un ministro de la Corte? El planteo santafesino -como lo será seguramente el cordobés- es porque no hay diálogo político. Al máximo tribunal llegaron Binner, Obeid y Reutemann juntos, y Amado Boudou -cuando era ministro de Economía- ni siquiera se dignó para asistir a la audiencia de conciliación cuando la Corte lo citó.

Ahora es De la Sota el que plantea que la Nación “no dialoga”, aun cuando reconoce que el gobierno federal es de su mismo signo político.

Si la Corte no resuelve, prorroga de hecho la decisión unilateral del gobierno nacional. La recomendación de Zaffaroni es razonable, pero no puede ser eterna; la prudencia del ministro de la Corte no debe inhibir su función primordial, que es la de administrar justicia. Sin sentencia a derecho, se consolida la situación de hecho impuesta por el gobierno nacional, que se queda con la plata a su sola discreción, sin el suficiente respaldo legal.

El reclamo de Santa Fe lleva dos años; el máximo tribunal ni siquiera resolvió la medida cautelar interpuesta por la provincia en marzo de 2010. Ya van más de dos años.

plata y poder

Los kirchneristas cordobeses no votaron la ley impulsada por De la Sota para reclamar plata que hoy usa Cristina. Lo acusan de “gestión temeraria en las finanzas”. Con menos pirotecnia, el peronismo de Santa Fe acusa a los socialistas por gastar mal. Pero la ecuación del gasto depende de los ingresos; hay tensión entre los intereses partidarios y territoriales. El problema para el kirchnerismo es que si manda más plata a las provincias, la Anses ya no podrá financiar al Tesoro nacional. Entonces sería Cristina quien tendría que pedir créditos prestados, y los gobernaodres dejarían de contabilizar un rojo en sus cuentas.

/// EL DATO

6.985

millones de pesos

descontó la Nación de la coparticipación de Santa Fe desde 2006, por un pacto fiscal vencido, que denunciaron Binner, Reutemann y Obeid -juntos- ante la Corte.

2.000

millones de pesos

reclama Córdoba a la Nación por todo 2011. Sólo por los primeros 6 meses de 2012, Santa Fe reclama $ 1.130 millones.

El actual gobierno, que también es peronista y por lo tanto, mi gobierno, no permite el diálogo, y los gobernadores sólo son convocados para escuchar”.

José Manuel De la Sota

Gobernador de Córdoba