Alerta por el conflicto de poderes

El gobierno avanza contra los jueces para garantizar el 7-D

 

Admiten que las recusaciones masivas fueron para evitar que se extienda la cautelar de Clarín. En medio de fuertes repudios, insistieron con la idea del “alzamiento” y el “golpe institucional” si hay fallos que favorezcan al grupo mediático.

De la redacción de El Litoral

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El gobierno recusó ayer a todos los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal ante el temor de que la Sala I prorrogase la medida cautelar que protege al grupo Clarín de la cláusula de desinversión de la ley de Medios, y dejase sin efecto el plazo perentorio y emblemático del 7-D.

Así lo reconoció esta mañana Hernán Ordiales, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, al opinar que existía “un temor fundado de parcialidad de los jueces” que fueron “denunciados penalmente” por el gobierno en medio del análisis de los magistrados de la constitucionalidad o no del artículo 161 de la ley de Medios, que obliga a corporaciones del sector a desprenderse de licencias en un plazo determinado.

“Existían fundadas sospechas de que la Cámara podía llegar a prorrogar la cautelar que vence este viernes, en la medida en que se movió con vertiginosa velocidad para resolver las recusaciones (a jueces que la componen)”, reconoció Ordiales, que acompañó ayer al ministro de Justicia, Julio Alak, cuando advirtió que un fallo en contra de las pretensiones del oficialismo configuraría una suerte de “alzamiento”.

“Golpe institucional”

En medio de las voces de repudio al fuerte embate del Ejecutivo contra el Poder Judicial, el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel redobló la apuesta y aseguró que “la corporación judicial está en una avanzada sobre cuestiones privativas del Congreso de la Nación y en un intento de golpe institucional”.

Incluso Kunkel cuestionó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al ironizar: “¿Por qué en una situación como ésta el presidente (del máximo tribunal) se da el lujo de viajar a Estados Unidos”. El diputado insistió con que la actitud de la Justicia “rompe la continuidad constitucional”, aunque consideró que los magistrados “están a tiempo de corregirlo”.

En el plano procesal, lo que hizo ayer el gobierno fue pedir la revocación del fallo de la Cámara que rechazó las recusaciones contra Francisco de las Carreras y Graciela Medina, con lo cual la Sala I, luego de los sostenidos y reiterados intentos oficiales por impedirlo, pasó a estar en condiciones de resolver sobre la cautelar que beneficia al grupo Clarín y que vence mañana “a las 24”, según el plazo publicado hoy en el Boletín Oficial por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afca). La propia Afsca, en tanto, a través de su titular Martín Sabbatella, sí recusó masivamente -y en un hecho inédito- a todos los integrantes de la Cámara.

Repudios

En tanto, las declaraciones del ministro de Justicia merecieron un amplio repudio de todo el arco opositor, incluido el pedido de juicio político que solicitarán varios legisladores y la UCR que, además, anunció que le hará una denuncia penal al funcionario.

Por su parte, el Grupo Clarín dio a conocer un comunicado de nueve puntos que tituló “Las mentiras de Alak”, donde refutó las manifestaciones del ministro y denunció que el gobierno “quiere avanzar de facto” en la causa y que, por eso, “no quiere ninguna resolución -ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre”.

“Una vez más, el ministro de Justicia volvió a usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que (lo) involucran” explicó el Grupo Clarín y agregó que sus dichos fueron “de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina”.

No obstante, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina avaló el término “alzamiento” utilizado por Alak y ratificó que “es así como él lo dijo. Que alguien quisiera violar una ley votada mayoritariamente por el Parlamento, promulgada por el Ejecutivo, que había sido producto de una gran discusión social y a la vez ratificada por la misma Corte Suprema, no merece otra palabra”, añadió.

Partido Obrero

El Partido Obrero expuso la necesidad de una verdadera democratización de la información, objetivo que no se cumple ni con el “reparto entre socios” que propone el gobierno como salida a los grupos amigos, ni con “el intento oficial de monopolizar la palabra, para reforzar un régimen de gobierno personal”. Con esa línea, y la defensa de los derechos de los trabajadores, el dirigente nacional Marcelo Ramal expondrá hoy a las 19, en la librería Palabras Andantes (San Jerónimo 2342).

/// EL DATO

Martín Sabbatella insistió que el plazo de espera es hasta las “12 de la noche” de mañana, y luego empezará a actuar de oficio para disponer de las licencias del grupo Clarín.

Foto: Télam

“Días turbulentos”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su “profunda preocupación por los embates que viene sufriendo el Poder Judicial y, en definitiva, las bases republicanas sobre las que se apoyan” las instituciones.

En un documento titulado “Días turbulentos”, la entidad expresó que “buena parte de la ciudadanía argentina experimenta, en esta semana, una tensión propia de una película de suspenso, con ánimos caldeados y declaraciones altisonantes”.

En ese marco, recordó que el ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó que una prórroga de la medida cautelar que ampara al Grupo Clarín significaría “un alzamiento” contra una ley de la Nación. “En el mismo día, el gobierno nacional recusó a todos los miembros de la Cámara Civil y Comercial Federal. A 48 horas del 7 de diciembre, la acción parece tener como objetivo evitar un pronunciamiento judicial eventualmente adverso. Días atrás, la Corte había exigido a las partes involucradas en la causa que evitaran cualquier maniobra dilatoria y había ordenado al juez de primera instancia que fallara sobre el fondo del caso”, puntualizó.

Adepa recordó que “las anteriores recusaciones, excusaciones y renuncias que dejaron a la cámara mencionada sin jueces para fallar, la inédita denuncia de presiones de ésta última, el intento de recusación de miembros del Consejo de la Magistratura, la sugestiva designación de conjueces para llenar las vacancias, la expeditiva sanción del instituto del per saltum y los discursos de legisladores y funcionarios con duras advertencias dirigidas a la Corte Suprema y a los jueces en general constituyen una extraordinaria presión contra un poder que debe actuar con independencia para preservar el equilibrio republicano”.

“El martes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia estableció que toda persona tiene derecho a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios se desempeñan. Se trata de un pronunciamiento particularmente relevante en un país que sigue teniendo como una de sus grandes asignaturas pendientes la sanción de una ley de acceso a la información pública”, sostuvo.

La asociación señaló que “al día siguiente, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, inició una demanda contra el periodista Matías Longoni, a quien le reclama una indemnización de un millón de pesos por notas publicadas en el diario Clarín. Recientemente, Adepa ha rechazado la judicialización del trabajo periodístico, en la medida en que condiciona el libre ejercicio de esa actividad”.