Debate mundial sobre libertad e internet

El gobierno nacional está a favor de controlar contenidos en la red

 

La excusa es impedir los correos basura. El tratado votado por la representación argentina ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ONU) abre las puertas a la imposición estatal; atenta contra la “libertad de expresión” según EE.UU.

 

De la redacción de El Litoral

“Los Estados Miembro deben tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de comunicaciones masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los Estados Miembro a cooperar en ese sentido”.

El párrafo pertenece a un nuevo Tratado votado en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que se desarrolló en Dubai. La Cancillería argentina no informó oficialmente sobre su posición y su decisión, pero la representación nacional votó a favor de ese polémico texto.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas -con sede en Ginebra- encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

“El tratado establece los principios generales que garantizan la libre circulación de información en todo el mundo”, dice el comunicado oficial de la UIT tras las deliberaciones en Dubai, con la asistencia de 193 países miembro. Pero sólo 89 de ellos firmaron el acuerdo.

“Entre otras cuestiones difíciles que fueron objeto de acalorados debates en la Conferencia”, el organismo cita “los contenidos masivos no solicitados”. Si bien el organismo aclara que se refiere a casos como los spam (correo basura), Estados Unidos interpretó la intervención estatal para evitarlo como la puerta de entrada para que los gobiernos impongan sus criterios sobre los contenidos.

Rusia y China votaron a favor de hacerlo, al igual que la Argentina. En esa línea hay países como Irán o Venezuela, pero también están Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia. La cuestión no viene por la ideología e incluye los roles de las grandes corporaciones o agencias estatales que en el mundo “prestan servicios con arreglo a lo dispuesto en el tratado”.

Según la información oficial que llegó desde Dubai, Argentina reservó “el derecho a adoptar toda medida que considere necesaria, según leyes locales y según el derecho internacional, para salvaguardar así los intereses nacionales en caso de que otros estados miembro no cumplan con las Actas Finales de la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones o en caso de que las reservas expresadas por otros estados miembro afecten los servicios de telecomunicación internacional de la República Argentina o sus derechos soberanos”.

El representante de Estados Unidos sostuvo que internet no debía ser abarcado en el tratado, que debería limitarse a cuestiones técnicas como conectar las llamadas telefónicas internacionales. Washington argumenta que de otra manera se podrían poner frenos para la libertad de expresión y al reemplazo de la forma existente de control de Internet de abajo hacia arriba por un modelo controlado por los gobiernos.

El gobierno nacional está a favor de controlar contenidos en la red

El secretario general de la UIT, Dr. Hamadoun I. Touré, dijo que el tratado es “una oportunidad histórica de llevar la conectividad a los dos tercios de la población mundial que aún no tienen conexión”. Foto: Prensa UIT

La nueva vieja Ley de Medios

Mientras la Argentina se entretiene con la aún inaplicada Ley de Medios, que regula licencias en base a tecnologías del siglo pasado, el gobierno votó en Dubai un texto que abre la puerta a la regulación estatal sobre contenidos en Internet. Algo más parecido al intervencionismo de George Bush a nombre de la seguridad nacional preventiva, que a los postulados del relato sobre libertades o pluralidad.

La discusión de Dubai fue seguida con gran interés por quienes saben cómo es el mundo tecnológico inminente. La página web de la UIT sobre la Conferencia recibió 13 millones de visitas en el último mes; se realizaron alrededor de doce millones de comentarios al día en Twitter a través de los tweets publicados durante la conferencia con los hashtags #WCIT12 y # WCIT; más de 360 periodistas participaron a distancia en las sesiones informativas diarias, ahorrando así tres millones de kilómetros de viaje a Dubai y 420 toneladas de emisiones de carbono.

Pero no hubo informes de Cancillería sobre estos debates decisivos. Ni seguimientos mediáticos nacionales sobre su gran trascendencia.

Las estadísticas “oficiales” que dejó la conferencia se explican por el interés que concitó entre los que en realidad están más atentos a lo que va a pasar. Incluso el debate en la UIT llega, muy de lejos, detrás de las nuevas tecnologías que las corporaciones globales imponen.

Mientras la Casa Rosada concentra casi todos sus recursos de gestión para reservarse predominio de difusión de contenidos en el territorio nacional mediante las viejas señales en soportes convencionales, los que tienen teléfonos inteligentes ya pueden bajar aplicaciones para escuchar en ellos -en cualquier lado- los contenidos que la nueva vieja ley pretende confinar.

El gobierno nacional está a favor de controlar contenidos en la red

Poder

Después del 11-S, la Casa Blanca impulsó mecanismos para “revisar” contenidos hasta de correos electrónicos como inteligencia preventiva por seguridad estatal. Pero en Dubai se quejó porque el nuevo tratado de la UIT podría restringir “libertades on line”. Hasta hoy, algunas organizaciones “sin fines de lucro norteamericanas” son las que deciden temas como direcciones IP y nombres de dominio; la discusión de Dubai es sobre “quien tiene la palanca” en el nuevo escenario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

/// EL DATO

Justificación

Hamadoun Touré, secretario de la UIT, apuntó que la cumbre no tenía intenciones de “emitir resoluciones que restrinjan la libertad de Internet”. En cambio, señaló que tenía como objetivo “organizar Internet, proteger las informaciones y la privacidad de los usuarios e impedir la piratería”. El tratado es apenas el inicio de un gran debate entre los usuarios de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y los poderes estatales amenazados por un escenario global cuyo territorio y medios están en manos de corporaciones tecnológicas o agencias estatales, pero que no reconoce las fronteras convencionales.

/// LA CLAVE