Sin política ante la droga

 

Más allá de su explotación electoralista y por encima de los intentos de soslayar responsabilidades, el narcotráfico es un flagelo cuya expansión e inserción, y las consecuencias que ellas acarrean, se hacen sentir con fuerza en nuestro país. Y por las razones que fueren, la provincia de Santa Fe en general y la ciudad de Rosario en particular han captado la atención en los últimos meses.

La instalación del negocio de la droga como parte gravitante de la economía informal en distintos niveles, y la violencia generada tanto por la utilización de sustancias como por las disputas territoriales entre bandas armadas, han llevado la situación a un plano que no admite dilaciones en cuanto a la aplicación de una estrategia integral y de fondo, en la que confluyan todos los actores institucionales y sociales con incumbencia y posibilidades de intervenir.

Pero si los componentes partidarios y la particular manera del gobierno nacional de manejar su accionar en las distintas provincias -sometiendo recursos y gestiones al grado de alineamiento- plantea dificultades de articulación en el terreno del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, resulta tan insoslayable como sorprendente la ausencia de criterios orgánicos y pautas unificadas en el Poder Judicial.

Recientemente, dos fiscales federales de Rosario cuestionaron de manera concreta y categórica la forma de conducirse de los magistrados del fuero en las causas vinculadas a la droga. Y si por un lado denunciaron demoras acumuladas en la autorización de medidas solicitadas, por otro plantearon la reticencia de los jueces a la unificación de expedientes que, por su conexidad, permitirían un abordaje con alcances mayores que la simple persecución de distribuidores menores o “kioscos”.

Curiosamente, este planteo de los fiscales se compadece con la designación, en el ámbito de la Procuración General de la Nación, de un Procurador Adjunto dedicado exclusivamente al área de la narcocriminalidad. Al tomar posesión del cargo, Félix Crous desarrolló un diagnóstico y una declaración de intenciones que, a la vez, supone un implícito pero importante cuestionamiento al rol del Estado nacional en la materia durante todos éstos años, en medio de un letargo del que recién ahora -y por causas de distinta naturaleza- parece estar empezando a despertar.

“Hoy no existe una política criminal específica para que los fiscales investiguen el narcotráfico y hay que inventarla de cero”, admitió el funcionario, reconociendo la disparidad de criterios y esfuerzos imperantes, y la carencia de un diseño específico para abarcar el problema en toda su complejidad.

Al respecto, y al margen de las corruptelas o complicidades que puedan registrarse en diversos órdenes, la lógica de compartimentos estancos ha demostrado su ineficacia, y la primacía de especulaciones coyunturales, su nocividad. Todos los sectores deben entender que lo que está en juego es nada menos que el futuro de la sociedad, y estar a la altura de esa interpelación.