Santa Fe y sus áreas naturales

Instantáneas de la desidia

Gaspar Borra

Si hacer visible lo que se oculta nos posibilita cambiar la realidad, denunciar la situación de la provincia en materia de protección de sus áreas naturales resulta impostergable.

En Santa Fe existen seis áreas naturales protegidas patrimonio del Estado Provincial: Reserva Natural Estricta “Virá Pitá” (615 ha), Reserva Natural Estricta “La Loca” (2169 ha), Parque Provincial Cayastá (300 ha), Parque Provincial “Del Medio Los Caballos” (2050 ha), Reserva Natural Manejada “Potrero 7 B” (2000 ha) y Area de Planificación Estratégica Ambiental y Reserva Natural Manejada “El Fisco” (1573 ha), que suman un total de 8707 hectáreas. Es decir, el 0,065% de las 13.300.000 hectáreas de la superficie provincial.

La estrechez de aquel 0,065 % contrasta con el promedio mundial de protección de áreas naturales, que alcanza al 12 %. Si se considera únicamente la situación de nuestro país - que protege aproximadamente el 7% de su territorio el resultado continúa siendo exiguo. Es más, la provincia de Santa Fe se coloca en el último lugar en el rango nacional.

Conforme a criterios aceptados internacionalmente, el espacio protegido debe superar al 15% de la superficie de cada ecorregión para considerarlo como “satisfactorio”; en cambio se estima “insuficiente” cuando cubre entre el 3 y el 15% y “precario” cuando se conserva menos del 3% de la superficie. Esto implica que para alcanzar la última categoría, Santa Fe debería multiplicar por 50 la superficie protegida actualmente.

La situación es aún más grave, ya que las escasas 8707 hectáreas del Estado Provincial no tienen ninguna protección. Son sólo reservas “de papel”, así denominadas por su existencia limitada a la burocracia oficial, y que carecen de todo tipo de vigilancia o control local.

Confesión de parte

No es necesario desplazarse por el territorio provincial para verificar lo dicho. El propio Gobierno lo reconoce en su página web, se ingresa en http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/112853

y allí se puede comprobar el abandono en que hoy se encuentra nuestro patrimonio natural. Así, con respecto a la Reserva Provincial La Loca, y en relación a su infraestructura, el Gobierno afirma que “Se desconoce su situación actual”. Al referirse a la Reserva Potrero 7b se reconoce que “carece de cualquier otro tipo de estructura que indique su actual condición de área protegida” y que “se realiza extracción de leña, no autorizada, por parte de pobladores vecinos. También existe ganado dentro del predio, pudiendo afectar sensiblemente la dinámica de las comunidades vegetales naturales”. En cuanto a la Reserva Provincial Del Medio Los Caballos, a 43 años de su creación, se consigna que la infraestructura y el control son “inexistentes” y que “la falta de datos para esta unidad constituye en sí misma el principal problema de conservación”.

Sólo la desvergüenza puede explicar semejantes reconocimientos y tamaño abandono por parte de autoridades a las que tanto la Constitución Nacional (artículos 41 y 124) como la Provincial (artículo 28) y las leyes nacionales y provinciales obligan a proteger un patrimonio que nos pertenece a todos y que asegura el atesoramiento de componentes naturales autóctonos.

Ley sin cuerpo

Cabe consignar que la Ley Provincial Nº 12.175 sancionada en 2003 creó el “Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. En su artículo 64 previó la creación de un Cuerpo de Guardaparques que aún no existe. Por lo que Santa Fe, a diferencia de otras provincias vecinas, continúa sin numerar una fuerza especializada para la efectiva protección de sus áreas naturales. Además, al no existir personal del Estado que custodie las reservas provinciales se genera una triste paradoja: se puede depredar impunemente, incluso más que en propiedades privadas, que están sujetas al control que ejercen sus propietarios.

Está documentado que en las reservas de la Provincia de Santa Fe se practican la caza y la pesca, que se extraen maderas y que es usual el pastoreo de hacienda, lo que no sólo constituye una grave violación a lo dispuesto por la ley antes citada, sino que implica desafiar la supervivencia misma de esas reservas.

Reservas privadas

El retrato no mejora si se indaga sobre el camino transitado por el gobierno de la provincia para crear “Reservas Privadas de Uso Múltiple”, que nacen de un acuerdo voluntario entre el Estado y el propietario de tierras que tiene por objeto - según la Ley Nº 12.175 - “conservar el equilibrio de sus ambientes, mediante el uso regulado de sus recursos naturales, respetuoso de sus características, estado ecológico, particularidades de la vida silvestre y potencialidades de sus fuentes productivas”.

En efecto, lejos de fomentar e incentivar la creación de nuevas reservas privadas, la Provincia ha fijado un trámite verdaderamente tortuoso y lleno de obstáculos, sin prestarle asistencia a quien desea someterse a un régimen jurídico que implica producir conservando el medio ambiente.

Esa política se traduce en los resultados alcanzados. No se ha creado ninguna reserva privada desde la sanción de la Ley Nº 12.175, mientras que las existentes a ese momento se encuentran en una situación de total incertidumbre y abandono por parte de las autoridades de la provincia, subsistiendo únicamente por la férrea voluntad y conciencia de sus propietarios.

Por otra parte, nada hace la provincia de Santa Fe para proteger las AICAS (Areas Importantes para la Conservación de Aves) ni las AVP (Areas Valiosas de Pastizal); tampoco se avanzó en la implementación de los pagos por servicios ambientales, que previstos por la legislación vigente, promueven la adopción de medidas económica y socialmente oportunas para incentivar la conservación y utilización sostenible de cada ecosistema.

Santa Fe no avanzó un ápice en el desarrollo de proyectos como los implementados por Corrientes, que logró la reconversión de cazadores y pescadores de los Esteros del Iberá mediante políticas estatales adecuadas. Allí, los habitantes mutaron en protectores de los recursos que poco antes explotaban sin sustentabilidad, lo que incluso generó un notable desarrollo del turismo nacional e internacional y su lógico beneficio para la comunidad local.

Sin ley no hay recursos.

Protección de bosques

Santa Fe es una de las pocas provincias que aún no adhiriere a la Ley Nacional Nº 26.331 de Protección de Bosques Nativos, por lo que no sólo continúa sin adoptar medidas conducentes a la conservación de lo poco que se ha salvado de la tala y el desmonte, sino que pierde la oportunidad de recibir fondos nacionales por unos $ 25.000.000 anuales.

La enumeración de falencias que antecede no es exhaustiva. Apenas se trata de algunas instantáneas que bocetan el deplorable cuadro que muestra la provincia en refencia a la protección de su riqueza natural.

La conservación ambiental exige el trabajo sistemático y conjunto tanto de la comunidad como de productores conscientes y comprometidos con su entorno, de científicos que investiguen y propongan alternativas viables, y de conservacionistas que colaboren en su implementación. Pero ello no basta, si el Estado continúa ausente, si abandona su indelegable función de regular, controlar y articular las políticas de conservación, el desarrollo chocará inevitablemente con los límites que impone la sustentabilidad del medio.

Ejemplar de iguana overa, típica de la zona de islas en la cuenca del río Coronda.

Foto: Archivo El Litoral

 

Mono aullador, una de las especies en extinción. Foto: Archivo El Litoral.