El perjuicio contra el Estado supera el millón de pesos

Assa despidió a tres funcionarios que pagaron obras no ejecutadas

• El directorio echó al gerente coordinador, al gerente de infraestructura y a un inspector de obras. Una auditoría mostró que firmaron certificaciones de obras apócrifas.

Luis Rodrigo

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Con apenas unos veinte días desde que asumió su cargo, a Sebastián Bonet le tocó tomar una decisión fuerte: debió despedir a tres empleados porque una auditoría interna demostró que fueron los responsables más visibles de la decisión de pagar por obras que, en realidad, no se habían ejecutado.

El presidente del directorio de Aguas Santafesinas SA confirmó a El Litoral que -como difundió hoy el sitio punto.biz.com.ar- se apartó de sus cargos, entre otros, al gerente coordinador Gustavo Actis, junto a otros dos empleados.

Los despedidos -según lo evaluado por las autoridades de la empresa estatal- firmaron certificados de obra para instalar una planta de ósmosis inversa en las ciudades de Rufino (General López) y de Cañada de Gómez (Iriondo).

Esos pagos beneficiaron a una empresa contratista de la ciudad de Buenos Aires, llamada Grupo de Asistencia Técnica, pero una parte de esos documentos correspondían a obras que en realidad no se habían hecho.

Bonet reveló que los contratos de provisión de obras se licitaron en 2010 y que una auditoría reciente, pedida por el directorio y la gerencia de Asuntos Financieros, determinó que se habían hecho certificaciones que no se corresponden con la realidad.

El titular de Assa dijo que aún deben hacerse más estudios para saber con exactitud a cuánto ascienden las pérdidas para el Estado, pero -ante otra consulta- confirmó que la cifra sin dudas va a superar el millón de pesos.

Tras destacar que no fueron renuncias sino despidos con causa, en el marco de la ley de Contrato de Trabajo, el ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario no descartó que a esa decisión del directorio que encabeza le sigan otras, en el orden judicial.

Bonet sostuvo que éste es el único caso de certificaciones que se adelantan a las obras y negó que -como sugiere punto.biz- exista en Assa una extraña modalidad de pagos: la entrega de certificaciones por adelantado, para cubrir a los contratistas de eventuales atrasos.

Por otra parte, ante otras dos preguntas de El Litoral, el presidente del directorio de la compañía negó que alguna vez Assa hubiera recibido alguna observación del Tribunal de Cuentas de la provincia ni del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) sobre alguna certificación de obra irregular.

El funcionario dijo que funcionan los mecanismos de control interno, que las auditorías internas se hacen periódicamente, y que -en este caso- el propio directorio había pedido más información sobre la marcha de esas obras en sendas localidades del sur santafesino.

Es que Assa encontró que los certificados de obra que nunca debieron firmarse correspondían a una empresa a la que se le había rescindido el contrato ante sus reiterados incumplimientos, e inició los trámites correspondientes para cobrar el seguro de caución.

En otras palabras, el pago por las obras que no se había ejecutado benefició a una empresa que finalmente no logró cumplir con sus obligaciones contractuales.

A la vista

Los diarios de la ciudad de Rosario y los sitios de Internet del sur santafesino han informado a lo largo de los dos últimos años de los atrasos en la ejecución de las dos plantas de ósmosis inversa, en Rufino y Cañada de Gómez.

Ambas ciudades sufren el grave problema de la contaminación de sus suelos con arsénico, por lo que urge la culminación de esos trabajos.

En contenido de arsénico del agua que Assa suministra a la ciudad del departamento Iriondo es seis veces más alto que lo permitido por el Código Alimentario Argentino (CAA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), cuyo informe técnico fue difundido en agosto de 2011.

Un año después, en diciembre de 2012, el gobierno santafesino estimaba que para marzo iban a estar listas las obras.

¿Y el Enress?

El presidente del Directorio del Ente Regulador de los servicios Sanitarios, Oscar Pintos, explicó por qué el ente de control a su cargo no tiene responsabilidad en vigilar situaciones como las que hoy vive Assa.

Como se sabe, el modelo del control del Enress sobre Assa responde a la lógica de la privatización, en la que lo que importaba era verificar si se cumplían o no las metas contractuales en la prestación del servicio.

“De acuerdo con la Ley 11.220 y por el marco regulatorio vigente, el Enress tiene la obligación de controlar las obras del servicio sanitario; no las obras en construcción que una vez finalizadas van a formar parte de los servicios”, expresó Pintos.

“La obligación es la de controlar la prestación del servicios, es decir, con las obras que ya están en uso; en pocas palabras: a nosotros nos toca actuar después que se cortan las cintas de la inauguración”, graficó.

“Lo que sí podemos verificar, y así ocurre, es si la calidad del servicio, de las prestaciones es o no la que la ley marca, y para eso se hacen análisis sobre el agua que se entrega a los usuarios. Ante determinadas obras podemos pronunciarnos cuando, por ejemplo, el prestador dice que va a terminar un trabajo en tres meses y nosotros sabemos que materialmente es imposible”, explicó sobre los informes anuales sobre Assa.

“De ninguna manera, podemos entrar en el análisis de las certificaciones de obras de un prestador, eso sería hacer una inspección de obras, algo que no nos corresponde llevar adelante”, ratificó.

Pintos dijo que -tras la difusión pública de la existencia de certificaciones apócrifas- se revisará la información que Assa ha entregado al Enress sobre las obras en Rufino y Cañada de Gómez.