El multimedios rechazó la notificación

El Grupo Clarín cuestiona el accionar “de facto” del Afsca

  • Sabatella, al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Medios, avanza “de oficio” en el procedimiento que dejaría al multimedios sin algunas de las licencias que hoy tiene en sus manos.
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Damián Cassino, abogado de Clarín y Sabbatella. El Afsca mandó “notificadores” no sólo al diario, sino también a Canal 13, Radio Mitre y Cablevisión. Foto: DyN

 

De la redacción de El Litoral

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DyN/Télam

El Grupo Clarín desconoció el método de “adecuación de oficio” que encaró la Afsca como autoridad de aplicación de la Ley de Medios, y calificó de “grave atropello” la notificación que realizó Martín Sabbatella para avanzar en un procedimiento “forzoso, cuando esto es abiertamente ilegal”.

Con el argumento del fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios, que reconoce que “los plazos están vencidos” para que los grupos que manejan licencias de medios audiovisuales puedan presentar un plan voluntario de adecuación a las nuevas limitaciones normativas, Sabbatella notificó ayer al multimedios que su organismo avanzará “de oficio”.

El Afsca le dio 15 días a Clarín para que le detalle sobre las licencias del grupo. Luego procedería a su avalúo para posteriormente concursar parte de ellas a nuevos licenciatarios. Esto significa que el gobierno manejaría el proceso para determinar qué medios son los que Clarín deberá dejar.

Sin embargo el objetivo oficial de aplicar la norma choca contra derechos invocados por Clarín y promete nuevas batallas legales. “Esto no termina acá”, había admitido Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, tras el fallo del último martes que convalidó la constitucionalidad de la ley.

En el acta que libró la escribana que llevó Sabbatella, Lorena Mosca, el grupo Clarín rechazó la notificación y señaló que la “adecuación de oficio” no se puede aplicar en sus empresas “de ninguna manera” porque las normas respectivas “estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar” que regía cuando se determinó el procedimiento.

En un comunicado, la empresa explicó que esa “nulidad” había sido “expresamente reconocida por la Justicia en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la validez de la ‘adecuación de oficio’ en el caso del Grupo Clarín”.

Además, calificó a la conducta de la Afsca “de facto, al margen de la ley y de lo establecido por el propio fallo”.

¿Diferencias?

El Afsca aprobó la transferencia de los medios de Daniel Hadad al empresario kirchnerista Cristóbal López sin contemplar las limitaciones de la ley y pese a las prohibiciones sobre transferencias directas de las licencias.

Sabbatella dijo que Telefónica no tendrá inconvenientes con la mayoría de sus canales de televisión abierta, incluyendo Telefe, aún cuando es extranjera y presta al mismo tiempo servicios de telefonía.

El funcionario dijo que era “falso” lo que publicó Clarín sobre el plan de adecuación voluntario que presentó el pasado 7 de octubre, el Grupo Moneta. Es un plan distinto al que presentaron los hijos de Moneta en tiempo y forma.

El dato

Reunión

El directorio del Afsca se reunirá el lunes. Además de Sabbatella, estarán los directores Ignacio Saavedra; el gobernador chaqueño Jorge Capitanich; Claudio Schifer; Eduardo Seminara y Marcelo Stubrin, a pesar de que el representante radical denuncia que no es incluido en las deliberaciones del organismo. Alejandro Pereyra, nominado desde el FAP para ocupar un cargo en el Afsca, no asumió en el organismo por estar impugnado; se le atribuye haber tergiversado su currículum en 2001.

Más capítulos judiciales

Para el grupo Clarín, la adecuación “forzosa” es ilegal por la discrecionalidad con la que el gobierno elegiría qué licencias deberían cambiar de mano. Pero también porque incluiría no sólo las licencias sino los bienes necesarios para prestar el servicio, lo que supondría una “confiscación” sin que exista “ley de expropiación”.

La línea argumental deja entrever la complejidad de las disputas legales que vienen, teniendo en cuenta que ahora sí involucran actos administrativos del gobierno sobre propiedad privada del grupo, no alcanzada por los términos del fallo de la Corte que le reconoce potestades al gobierno sólo en lo que refiere a las licencias que pertenecen al Estado.

Según publica hoy el matutino porteño, la idea del gobierno es además dar un plazo de hasta 20 años a los eventuales nuevos licenciatarios, y no sólo el período pendiente de las licencias que le retiraría a Clarín.

El grupo interpreta además que el gobierno pretende la “apropiación de abonados” cuando por la misma infraestructura se brindan no sólo servicios de TV, sino además de Internet o Telefonía.

Señala además que en el caso del cable “una autorización que da el Estado” que no implica una frecuencia (como en radio y TV abierta)”, y que las licencias fueron concedidas en los términos de la ley anterior, “que al igual que la actual establece que los bienes afectados al servicio no forman parte de las licencias”.

Clarín se siente afectado en inversiones millonarias y ante un organismo con “atribuciones ilimitadas” y poderes “discrecionales” incluso a la hora de determinar el precio de lo que el Afsca decida transferir, que quedaría en manos del Tribunal de Tasaciones de la Nación, al que los abogados del grupo Clarín califican como “un tribunal bajo control partidario”.