Libertad de prensa

Advertencias de Adepa

En su informe anual, la organización reconoce avances y enumera asignaturas pendientes. Pero entiende que prima “una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia”.

 

De la redacción de El Litoral

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) consideró que “la última década ha sido la etapa más turbulenta para la libertad de prensa desde el regreso de la democracia” y que “persiste en el poder político una concepción que desconoce el rol del periodismo en la democracia y considera a la prensa un enemigo a derrotar”.

En el marco de la 52ª Asamblea anual de la entidad, en San Salvador de Jujuy, su presidente Carlos Jornet dio lectura al informe Comisión de Libertad de Prensa, que reconoce tanto avances como asignaturas pendientes, e identifica “anomalías que se traducen en agresiones directas y en presiones indirectas a medios y periodistas que ejercen su tarea informativa o expresan sus opiniones públicamente”.

Entre las señales positivas marcan que, tras la salida del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, “ha cedido el cepo publicitario privado, que constituyó el mayor golpe económico sufrido en los últimos años por los medios gráficos afectados”.

También reconocen que “se ha atenuado levemente el hermetismo comunicacional que caracterizó al oficialismo”, a la vez que dos iniciativas oficiales vinieron a atender parcialmente viejas demandas del sector periodístico: la reducción de alícuotas de IVA para los medios gráficos, recientemente sancionada como ley, y el decreto que extiende hasta 2014 el canje de deudas por publicidad.

Adepa entiende que “constituyen importantes paliativos para la delicada situación que atraviesan los medios, particularmente las pequeñas empresas periodísticas”. No obstante, señalan que la ley que modifica las ecuaciones fiscales de la prensa “ha dejado afuera, sin justificación admisible, a 16 medios gráficos y a todos los digitales”. Adepa ha señalado reiteradamente que la aplicación del IVA al precio de tapa afecta el derecho a la información de los lectores, que son quienes pagan ese impuesto.

Continuidades

Más allá de esos avances, la persistencia de muchos de los elementos que signaron la era kirchnerista en lo que hace a su relación con la prensa, mantiene vigente la amenaza de que el panorama se agrave e incluso supere a lo experimentado durante los momentos más álgidos de la última década, consigna el informe.

“La pauta oficial sigue siendo empleada como un instrumento para sancionar a medios con una línea editorial independiente, compensar a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimentar un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial. Entre enero y mayo de este año, el gobierno nacional adjudicó de manera discrecional 705 millones de pesos en pauta oficial, o sea un 63% más que durante el mismo período de 2013”, apunta.

“Si sumamos la publicidad estatal, que afina la sintonía de ciertos medios con las partituras oficiales; el programa Fútbol para Todos, que dosifica el espectáculo deportivo con tandas proselitistas; el mantenimiento de medios públicos politizados, y el funcionamiento de organismos oficiales que aplican selectivamente la ley de medios, los argentinos destinamos no menos de 5.000 millones de pesos por año para sostener el discurso gubernamental y sus políticas mediáticas”, añade Adepa.

Reconocen que la pauta oficial siguió llegando a medios del interior -incluyendo pequeñas empresas históricamente marginadas-, pero también hubo “nuevas y arbitrarias supresiones”. Arbitrariedades que, consignan, se constata también de parte de distintas administraciones provinciales e incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgando valor poco más que testimonial a los fallos de la Corte en la materia.

“Si bien algunos funcionarios han moderado su discurso, no son pocos los que mantienen o acentúan un relato conspirativo, en el que los medios no adictos juegan un rol central. A partir de los fallos adversos de la Justicia norteamericana en el caso de los holdouts y de la irrupción del default en el frente económico, se multiplicaron las referencias injuriosas contra periodistas y medios, en boca de distintos funcionarios, asociando a ciertos sectores de la prensa con los fondos buitre (por caso, véase pág. 8.)”, añadieron.

Consignaron que la vigencia de la Ley de Abastecimiento y su agravamiento por el proyecto de reforma que impulsa el oficialismo, causan una seria preocupación a Adepa ya que permitiría que los funcionarios, con amplia discrecionalidad, dicten sanciones sobre las empresas periodísticas, que tendrían impacto directo en su llegada a las audiencias.

En tanto, consignaron que los ataques a periodistas no pueden desconectarse de un discurso impulsado desde usinas oficiales y paraoficiales, las que sistemáticamente han buscado deslegitimar al periodismo profesional.

“Mientras sigamos acumulando asignaturas pendientes en esta materia, nuestras libertades serán vulnerables. Ya es hora de ocuparse de ellas”, concluye el documento.

El dato

Repudios

  • Dos hechos de violencia e intimidación contra periodistas, ocurridos en las últimas horas, merecieron la enérgica condena de Adepa, su solidaridad con los afectados y la exigencia de inmediato esclarecimiento. Se trata del incendio del vehículo de Gustavo Sylvestre (ver pág. 8) y los actos de amedrentamiento en Formosa, por parte de personas identificadas con el gobernador Gildo Insfrán, contra un equipo del programa Periodismo para Todos que se dirigía a la comunidad wichi de El Potrillo.

Asignaturas pendientes

-El acceso a la información pública: no fue aprobada la ley, y además las declaraciones juradas de los funcionarios “se han vuelto mucho más crípticas y oscuras”.

-La distribución de la publicidad oficial debe realizarse sobre la base de pautas objetivas que eliminen la arbitrariedad. La publicidad de los actos de gobierno debe desligarse de un uso proselitista que afecta la sustentabilidad de los medios.

-Los medios públicos deben desprenderse de los vicios que los afectan desde hace décadas.

-Desterrar el uso instrumental de normas para atacar o favorecer a ciertos medios. Propósitos espurios han impulsado la sanción de leyes y su aplicación selectiva.

-Internet plantea grandes desafíos referidos a las fricciones entre la protección de contenidos, el derecho a la intimidad, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, que todavía no han sido debidamente atendidos.

-Las conferencias de prensa deben constituir una práctica habitual entre los principales funcionarios de nuestro país.

-Los ataques a periodistas, al igual que a otros profesionales que brindan servicios relevantes, deben tener un tratamiento jurídico particular, para evitar su proliferación.