editorial

• El fiscal Pollicita acaba de imputar a Cristina Fernández. Y nadie podrá decir que lo hizo por órdenes de algún agente secreto resentido con el gobierno.

Una denuncia que no murió con Nisman

Casi en tono burlón y desafiante, a mediados de esta semana algunos de los más conspicuos voceros kirchneristas -como Aníbal Fernández y Ricardo Forster- se preguntaban por qué ya nadie hablaba en la Argentina sobre la denuncia que el fiscal Alberto Nisman se aprestaba a presentar antes de su muerte.

Pocas horas después, llegó la respuesta desde la Justicia: el fiscal Gerardo Pollicita, hasta ahora un desconocido para la mayoría de los argentinos, parece haber coincidido con la evaluación que Nisman había realizado sobre las evidencias reunidas en contra de la presidente de la Nación, Cristina Fernández; el canciller Héctor Timerman; el jefe camporista, Andrés “Cuervo” Larroque y el “operador” del gobierno, Luis D’Elía.

Tal como Nisman tenía pensado hacerlo, Pollicita los imputó por intento de encubrimiento a los iraníes sospechados de haber planificado el mayor atentado terrorista cometido en suelo argentino.

Gran parte del andamiaje discursivo del kirchnerismo acaba de ser pulverizado. Es que, en este caso, nadie podrá decir que Pollicita está cumpliendo órdenes de algún agente secreto resentido por haber sido apartado de su cargo. “Stiuso era el comandante y Nisman el comandado”, aseguraba Aníbal Fernández.

Y entonces, aparece la nueva respuesta. Clásica y reiterativa, por cierto. Una vez más, el gobierno habla de un intento de golpe institucional. En este caso, promovido por la corporación judicial.

Se trata del mismo discurso que las usinas kirchneristas vienen fogoneando con respecto a la Marcha del Silencio convocada en Capital Federal para el miércoles de la semana próxima y que, seguramente, se replicará en numerosas ciudades del interior del país.

Para el gobierno, el hecho de que haya aparecido muerto un fiscal que se aprestaba a denunciar a la presidente por presunto encubrimiento de terroristas internacionales, no es motivo suficiente para que gran parte del país decida manifestar su desconcierto y su desconsuelo.

Aun en el caso de que en el futuro el juez que interviene en la causa considere que no existen elementos suficientes para atribuir un posible delito a los imputados, las evidencias conocidas hasta el momento representan un verdadero escándalo desde el punto de vista político. ¿O acaso alguien, en su sano juicio, puede considerar institucionalmente aceptable que un personaje como D’Elía participe de la política exterior de la Argentina, y que el líder de un movimiento “antisistema”, cuyos miembros actúan con el rostro oculto, tenga acceso directo a la Casa de Gobierno?

Pocas horas después de que Pollicita anunciara la imputación contra Cristina Fernández, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó a un equipo de fiscales para que continúen las investigaciones que Nisman venía realizando sobre la causa Amia.

Este equipo estará coordinado por el fiscal Juan Patricio Murray, un hombre que adquirió relevancia pública en los últimos años cuando mantuvo abiertos enfrentamientos en la ciudad de Rosario con la Justicia de la provincia de Santa Fe, en el marco de investigaciones tendientes a desarticular bandas de narcotraficantes.

A mediados de 2013, la actuación de Murray mereció, incluso, que el gobernador Antonio Bonfatti se expresara públicamente: “Creo que se pone en un papel más partidario, que en el papel verdadero de un fiscal”. Es que Murray integra el Movimiento Evita, sector clave en la estructura política del kirchnerismo.

Murray integra el Movimiento Evita, sector clave en la estructura política del kirchnerismo.