Tribuna política
El devenir de la economía argentina
Juan José Sagardía
Desde 1999, los presidentes de la República fueron: Fernando de la Rúa (1999-2001), Adolfo Rodríguez Saá (durante siete días a fines de diciembre de 2001), Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y Mauricio Macri (2015 a la fecha).
En este comentario trataremos de encontrar situaciones políticas y económicas similares, heredadas por todos ellos.
En 1999, De la Rúa recibe el gobierno resultante de la gestión de Carlos Menem (Partido Justicialista), que desde hacía diez años aplicaba como política económica el “uno a uno” (la ley de Convertibilidad que establecía que un peso era equivalente a un dólar). En su momento, esta ley le sirvió al país para disminuir drásticamente la inflación, pero generó una transferencia de capitales del Estado a empresas privadas. La misma tuvo vigencia desde comienzos de 1991 y el presidente De la Rúa se comprometió a mantenerla. Pero cuando toma la administración del gobierno se encuentra con una deuda internacional escandalosa, un Estado devastado y sin producción. Sin embargo, y por diversas circunstancias que lo pueden fundamentar, no supo dar por terminado el plan económico que sostenía el “uno a uno”.
Una economía en retroceso, el constante cierre de fábricas, la presión gremial ejercida a través de movilizaciones de las dos CGT, derivaron en la implementación del “corralito bancario”, que puso a la clase media en la calle. Tras violentas revueltas sociales, el presidente renuncia a fines del 2001.
En 2002, y después de varios días de inestabilidad institucional en los que se hicieron cargo de la presidencia de la Nación Puerta, Rodríguez Saá y Camaño, asume como presidente el senador nacional Eduardo Duhalde, quien, rápidamente y para dar solución a la ebullición social, anula la Ley de Convertibilidad y libera el dólar. Esa decisión cambió totalmente la economía nacional, transformando las variables productivas en positivas y generando un crecimiento en los ingresos del Estado nacional. En esa situación de economía en crecimiento, le entrega en el 2003 la administración del Estado a Néstor Kirchner, elegido a través de comicios generales.
En 2003, al asumir la presidencia, Kirchner recibe un país en crecimiento que le permite tener una buena perfomance durante la gestión de su gobierno, ya que en función de las acciones implementadas durante la presidencia de Duhalde dispone de una buena recaudación de impuestos. Esa disponibilidad de recursos le permite iniciar una política de subsidios que rápidamente utiliza para fines políticos de carácter populista, y que se continuarán durante el gobierno de su esposa, entre 2007 y 2015.
En 2007, tras las elecciones, asume la presidencia Fernández de Kirchner. El país sigue teniendo buenos ingresos provenientes de los impuestos que deja la actividad económica. Lógicamente, la nueva administración no cambia la política de subsidios del gobierno anterior, pero debe recurrir a imponer mayor cantidad de impuestos a la producción. En ese sentido, la acción sobre el campo le permite reforzar las partidas para los crecientes subsidios de corte populista que ya no tenían freno.
Fernández de Kirchner entrega la administración a fines de 2015, con un país sin crecimiento, sin incremento de puestos de trabajo desde los últimos cinco años, con una inflación desvirtuada en los datos oficiales, con un valor del dólar imaginario -lo que genera una economía paralela que afecta la producción-, con un valor irreal de los servicios de luz, gas, transporte y otros. La falta de políticas de inversión en los recursos energéticos dejó al país sin autoabastecimiento de gas, por lo que pasó a importar dicho combustible y empezó a subsidiar la producción petrolera. A los consumidores también se entregaba subsidiado -aun a aquellos que residen en la zona más pudiente del país (Capital Federal y Gran Buenos Aires)-, todo lo cual lleva al final de un ciclo ilusorio en base a los subsidios, exactamente como llegamos al final del “uno a uno” de Menen: políticas que son un fracaso pero de las que no supieron salir a tiempo, cuyas malas consecuencias se trasladan a la siguiente administración.
En 2015, asume la Presidencia Mauricio Macri, recibe el país detallado anteriormente y debe salir a solucionar y apagar el incendio: actualiza el dólar, sale del cepo, pone en caja la deuda -cuyo pago había suspendido la anterior administración- y trata de salir de los subsidios al gas, la luz y el petróleo. Esta última gestión fracasa por intervención de la Justicia, lo que lleva a la emisión monetaria para cubrir el desfasaje, generando inflación, que por todos los medios se debe evitar, pero es inevitable.
En el contexto de un país que tiene todos los sistemas de control afectados, aparecen las estadísticas de falta de crecimiento, que es una herencia del anterior gobierno, pero que los periodistas (peronistas, kirchneristas, cristinistas y opinólogos), se las adjudican al actual gobierno, al sostener que no tiene capacidad para generar nuevas fuentes de trabajo, ni crecimiento de la economía.
La actual administración Macri tiene que salir a hacer frente a la ola sediciosa generada por algunos gremios, la CGT, la acción de la ONG de los pañuelos blancos y dirigentes cristinistas, que logran captar la atención del periodismo y del pueblo. El objetivo de estas organizaciones es que el actual gobierno termine en diciembre de 2016, tal cual pasó con la administración De la Rúa.
Los jueces fueron los creadores de la “grieta” en nuestro país, por la falta de actuación en las denuncias realizadas sobre algunos miembros de la administración 2007/2015. Llegado el nuevo gobierno, se dispusieron a actuar, pero la realidad es que no han determinado ninguna responsabilidad penal, jugando a favor de los infractores. Con esto, distraen al pueblo, es una estrategia.
Estos actores (las de los “pañuelos blancos” y sus compañeros) tienen la clara intención de desestabilizar a las autoridades, con la absoluta convicción de retornar al gobierno para eliminar los cargos dolosos que pesan sobre ellos y generar una republiqueta, como decía “el Negro” Olmedo, que en la distancia no decía un chiste, auguraba un futuro.
El actual gobierno debería declarar la emergencia nacional por seis meses, para que la Justicia resuelva en tiempo y forma las responsabilidades que le caben a los funcionarios de la gestión anterior que no cumplieron con los deberes de funcionarios públicos. Establecer los valores reales de los servicios, disminuir drásticamente los subsidios, atacar al narcotráfico, terminar con la inseguridad, disminuir los impuestos al cheque, a las ganancias, a los alimentos, llegar a tener un Estado nacional que viva con los que genera y terminar con la Nación rica pero fundida y provincias que no tienen ninguna atribución y están sumidas en la pobreza.
En este momento, nuestro país está administrado por un gobierno que quiere hacer, sin demasiada comunicación, fogoneado por actitudes sediciosas de los partidarios de la anterior administración y por sectores de movimientos sociales, que desfiguran la realidad de la situación para beneficio propio. Mientras, el país mira impávido, dejando pasar las actitudes y las intenciones de los sectores sociales partidarios -no sociales-, que nos dominan porque no nos unimos para defender la democracia. Los jueces que hacen su juego demorando para llegar a diciembre, la Corte Suprema que observa, pero no actúa y la república se va derecho a ser una republiqueta bananera, dominada por los corruptos, que no dejan de ser piratas al fín.
Llegamos al final de un ciclo ilusorio basado en los subsidios, exactamente como llegamos al final del “uno a uno” de Menen: políticas que son un fracaso, pero de las que no se supo salir a tiempo, y cuyas consecuencias se trasladan a la siguiente administración.
