DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Denuncian embates a la ley de salud mental y falta de políticas

  • El pedido en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar la protección a las personas con adicciones encendió la luz de alarma en el Colegio de Psicólogos y el gremio Siprus. Además, la ausencia de presupuesto, de infraestructura y de recursos capacitados atenta contra el cumplimiento de una norma “de avanzada”.
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Nuevo paradigma. En consonancia con la ley de salud mental, el histórico psiquiátrico Mira y López comenzó a funcionar como un hospital donde se atienden varias especialidades y no sólo las referentes a salud mental. Pero todavía falta mucho para terminar con la lógica de los manicomios. Foto: Archivo El Litoral (Flavio Raina)

 

Agustina Mai

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En el Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) cuestionan ataques contra la ley nacional de salud mental. “Expresamos nuestra preocupación por la iniciativa de legisladores nacionales que pretenden derogar artículos de la ley nacional de salud mental que lesionarían el derecho de las personas que padecen el consumo problemáticos de sustancias, ya que se les negaría un acceso igualitario a los tratamientos correspondientes”, manifestó Siprus en un comunicado de prensa.

El tratamiento de las adicciones propuesto por la ley nacional Nº 26.657 divide las aguas. En su artículo 4º, establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental” y que “las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías en su relación con los servicios de salud”.

El mes pasado, la Asociación Antidrogas de la República Argentina pidió la derogación de este artículo ante la Cámara de Diputados de la Nación.

La reacción de los profesionales de la salud no se hizo esperar: cuestionan dicha solicitud y defienden lo que consideran una ley “progresista, de derechos humanos, que protege a los usuarios”, como la definió la presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel, en una entrevista con El Litoral.

El eje de discusión pasa por la internación involuntaria de las personas con adicciones, considerada por la ley como un “recurso terapéutico excepcional”, que “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Antes era el juez el que determinaba la internación obligatoria. Con la nueva norma, esta decisión pasa por la evaluación que realice un equipo interdisciplinario de salud. “Si el equipo determina que la persona requiere internación por su bien o por el riesgo que puede representar para los demás, puede elevar el pedido a un juez. Es mentira que la nueva ley no autoriza internaciones involuntarias”, explicó Marisa Mántaras, asesora en salud mental del Colegio de Psicólogos y trabajadora en la radio comunitaria En la Mira.

Para Niel, “la ley está más avanzada que la conciencia de quienes deben aplicarla, por eso se generan disputas y resistencias”. Para reafirmar la nueva legislación, se requieren políticas públicas urgentes que permitan materializar sus postulados progresistas. “Que todavía no se hayan implementado todos los dispositivos y mecanismos que establece la ley no es un justificativo para derogarla”, aclaró.

Lo que falta

La ley nacional de salud mental Nº 26.657 fue aprobada en 2010 y reglamentada en 2013. Pero en la provincia, todavía faltan algunas decisiones que contribuirían a un mayor cumplimiento, como la creación de un órgano de revisión: un cuerpo colegiado compuesto por instituciones intermedias, representantes del Estado y de usuarios que velen por el cumplimiento de la ley.

Otra cuestión pendiente es mayor inversión presupuestaria para salud mental. “Falta infraestructura y formación de recursos humanos. En la provincia, no hay políticas públicas de adicción. Se pretende que todo se resuelva en el primer nivel de atención de salud (atención primaria), pero son casos que requieren cierta complejidad, que no está presente en los centros de salud, como guardias las 24 horas, turnos rotativos, profesionales capacitados y posibilidad de internación”, detalló Mántaras.

Además, la política de externación —por la cual se pretende reinsertar socialmente a pacientes internados históricamente en psiquiátricos, como en el hospital Mira y López— exige la puesta en marcha de dispositivos alternativos de contención. “Hay que crear estructuras y lugares que necesitan una fuerte inversión. De lo contrario, más que un proceso de externación se trata de una expulsión”, afirmó Niel.

Desde Siprus cuestionan que “los plazos vencidos hace ya mucho tiempo, como la imprescindible transformación de las lógicas manicomiales, de las instituciones y los equipos intervinientes, sumados a la ausencia de las inversiones necesarias para la efectivización de dicha legislación, representan la vulneración de derechos humanos esenciales de la población”.

El dato

Día mundial

Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para sensibilizar acerca de los problemas de salud mental y cambiar la forma de ver a las personas que padecen estas enfermedades. Este año, el lema es “Dignidad en salud mental: primera ayuda psicológica y de salud mental para todos”.

Reclamos

El Colegio de Psicólogos y Siprus reclaman que se resuelvan estas dificultades en el sistema de salud público:

* Ausencia de la conformación y funcionamiento del órgano de revisión.

* Incumplimiento de internaciones de pacientes en hospitales generales

* Ausencia de dispositivos alternativos al encierro: centros de día, hogares y familias sustitutas.

* Continuidad de las lógicas manicomiales en el marco de los hospitales neuropsiquiátricos.

* Sostenimiento de lógicas mercantilistas de las problemáticas de salud mental, que habilitan el negocio de los privados en internaciones y la medicalización de los pacientes de salud mental.

* Ausencia de programas epidemiológicos para las poblaciones vulnerables.