Tres departamentos de la familia Kirchner, sin declarar
Stolbizer suma vínculos entre Cristina y Cristóbal López
Olvido: propiedades compradas en 1982 no figuraron en las declaraciones juradas de la ex presidente, ni de su esposo Néstor Kirchner. Otros alquileres al grupo Indalo.
La diputada nacional Margarita Stolbizer llevará mañana más pruebas a la Justicia sobre la sucesión de la familia Kirchner.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
La diputada del GEN Margarita Stolbizer presentará mañana ante los jueces federales Claudio Bonadio y Julián Ercolini más información sobre tres inmuebles que pertenecerían a la ex presidenta Cristiana Fernández y que muestran nuevos vínculos de la familia Kirchner con el empresario Cristóbal López.
Según el escrito al que accedió DyN y que presentará la abogada Silvina Martínez en las causas Los Sauces y Hotesur, se detectaron “diferentes inmuebles que pertenecían a la sucesión de Néstor Kirchner y que, en virtud de la cesión que realizara la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, hoy se encuentran a nombre de Florencia y Máximo Kirchner”.
En ese sentido, apuntó a “la existencia de tres departamentos de Río Gallegos pertenecientes a la familia Kirchner, los cuales se han ocultado en el expediente sucesorio judicial, como así también en las respectivas declaraciones ante los organismos tributarios”.
El texto agregó que “tampoco constan los mismos en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que únicamente se declaró un local ubicado en la planta baja del inmueble sito en la calle Alcorta 99 (esquina Chacabuco), pero no los 3 departamentos que se ubican sobre el mismo. Se trata de un terreno adquirido por Néstor Kirchner el 30 de junio de 1982 sobre el cual se construyeron el local y los departamentos”, detalló.
Tras señalar que las propiedad tenía una valuación fiscal de 54.718 pesos, añadió que “estos departamentos fueron alquilados por diferentes empresas de Lázaro Báez hasta fines 2015”. La presentación planteó además que “entre los inmuebles declarados por la familia Kirchner, sólo dos se ubican en la Ciudad de Buenos Aires, uno en la calle Juncal 2166 piso 5 de 160 metros cuadrados adquirido por Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 1980”. Ese “inmueble fue alquilado durante los últimos años a Francisco Martín Santamaría, un joven de 26 años domiciliado en Río Gallegos y empleado de la empresa Idea SA (cuyos dueños son Osvaldo Sanfelice y su esposa), compañía que administra los hoteles de la familia Kirchner”, remarcó.
“El inquilino del departamento de propiedad de la familia Kirchner es el hijo de Ariel Santamaría, ex asesor del secretario de Obras Públicas José López quien, junto a su mujer Claudia Risolia, y a través de la empresa Multideas SRL recibió fondos públicos para organizar stands en la feria de ciencia y tecnología Tecnopolis”, explicó a su vez la abogada Martínez.
En tanto, el escrito señaló que “el otro inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, calle Uruguay 1306 piso 5 fue alquilado hasta fines de 2015 a un directivo del Grupo Indalo”, también del empresario López, a quien identificó como “Mauro Sánchez”.
Más complicaciones judiciales para De Vido
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky indagará a un empresario vinculado al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, bajo la sospecha de sobreprecios y lavado de dinero en exportaciones por más de 530 millones de dólares.
Se trata de Juan José Levy (y otros ocho empresarios) en el marco de las investigaciones por las operaciones comerciales con Venezuela, de las que participaba activamente el Estado Argentino bajo la figura de un fideicomiso, para la importación de gasoil a cambio de productos terminados argentinos de muy diferentes rubros.
El juez, por pedido de la fiscal María Luz Rivas Diez, les prohibió a Levy y sus socios salir del país sin autorización judicial, mientras continúan embargados sus bienes preventivamente en $ 300 millones.
En la causa también quedaron vinculados a Levy el director de Ceremonial de Planificación y ex agente de la AFI José María Olasagasti, así como el ex embajador en Venezuela Carlos Cheppi, quienes compartieron frecuentes viajes con el empresario investigado a Caracas.
Levy será indagado el 18 de abril en base a una investigación sobre la venta a Venezuela de productos de higiene personal por casi 90 millones de dólares, con enormes sobreprecios, entre otras operaciones.
Otro dato extraño es que la empresa estatal venezolana Suvinca haya pagado un 60% del contrato en forma anticipada a través de fondos del fideicomiso argentino-venezolano de PDVSA que administra el Banco de la Nación. Los venezolanos aceptaron pagar 0,167 dólares por unidad de toallas femeninas, cuando en otras ventas lo hacía por 0,038 dólares, es decir, entre 145 y 165% más.
Además, Venezuela tiene en su favor “39 millones de dólares aún no cancelados” con mercaderías argentinas. Y del mismo modo, llaman la atención los precios “escandalosos” de los seguros contratados para hacer las operaciones.
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