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Edición del Jueves 07 de setiembre de 2017

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Adelantos de Andrés Edelstein

Los impuestos distorsivos en primera línea de la reforma

El subsecretario de Ingresos Públicos habló de Ingresos Brutos y del gravamen a débitos y créditos bancarios. Pero también sobre las altas tasas de IVA, Ganancias y cargas laborales.

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El funcionario nacional adelantó las correcciones que se evalúan en el marco de una próxima reforma tributaria.

Foto: El Litoral/Archivo

 

Redacción de El Litoral

economia@ellitoral.com

Télam

El subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, dijo que el sistema tributario argentino tiene impuestos distorsivos como los que gravan a los créditos y débitos bancarios y a los ingresos brutos; y alícuotas elevadas como en el caso del IVA, de Ganancias de las empresas y aportes patronales.

El funcionario explicó que por ese lado se enfocará la reforma tributaria que el Gobierno impulsará tras las elecciones legislativas de octubre. Lo hizo al disertar en el decimonoveno Simposio de Legislación Tributaria organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la entidad porteña.

El funcionario aclaró que “la situación fiscal no es de holgura”, y puntualizó que “el gasto público está arriba del 40% del Producto Bruto Interno (PBI)”. Indicó que “por el lado de los ingresos, la presión fiscal está en 33 puntos del PBI”, por lo cual, concluyó, que “hay una situación que atender”.

Edelstein explicó que “la presión fiscal creció en valores absolutos en 15 puntos del PBI en la misma cantidad de años”; y señaló que “en Latinoamérica también creció, con lo cual es una tendencia de la región, pero lo hizo en siete puntos, es decir, a la mitad que la Argentina.

“N fue suficiente para no tener un déficit fiscal” subrayó Edelstein, quien puso de relieve que “es en este contexto que se analiza una reforma tributaria”. Asimismo, afirmó que “en el sistema fiscal también hay anomalías por todos lados”.

El funcionario cuestionó “cuando se dice que el salario no es ganancia”, y remarcó al referirse a los monotributistas que “es probable que un gran grupo esté en este régimen por cuestiones atendibles, pero muchos otros que no debieran estar en esa condición”.

Alta presión

“Los impuestos tradicionales tienen alícuotas superiores a las que se aplican en otro lado”, dijo Edelstein. Ejemplificó que “la del 21% del IVA puede ser normal en Europa, pero no en América latina, lo mismo que en Ganancias de sociedades el 35% luce elevado en lo global y en lo regional, y también son elevadas las contribuciones a la seguridad social”, que actualmente superan el 23%.

La “única salida”

Para el subsecretario de Ingresos Públicos del gobierno nacional “hay un claro desafío de reducción del déficit fiscal ya trazado”, y afirmó que “en ese contexto es donde estamos trabajando y debemos encarar esta reforma”.

Sostuvo que “la única solución posible es establecer un horizonte e ir convergiendo hacia ese rumbo”. Evaluó que “se requiere una baja de costos, para que haya mayor inversión y actividad económica, y mejores condiciones de empleo”, y aseguró que “luego del proceso eleccionario comenzaremos a compartir los lineamientos de trabajo que estamos realizando, y los daremos a conocer en sociedad para debatirlos”.

La solución es política

Walter Agosto (*)

El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, conocido popularmente como Fondo del Conurbano, fue creado mediante la Ley N 24.073 de 1992, que modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Mediante esa norma, se estableció que el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias se destinaría a la provincia de Buenos Aires, constituyendo un fondo para la realización de obras de infraestructura en el territorio del conurbano, cuya administración correspondería al gobierno provincial.

El Fondo del Conurbano fue la resultante de un acuerdo político entre el presidente Carlos Menem y Eduardo Duhalde para garantizar que este último aceptara ser candidato a gobernador de la provincia.

El argumento esgrimido era la pérdida de participación relativa que la provincia había registrado en la Ley de Coparticipación vigente en aquel entonces, que es la misma que rige actualmente. No obstante, el Fondo estuvo operativo durante cuatro años, puesto que en 1996 la Ley N 24.621 le impuso un tope máximo de $650 millones, estableciendo que la diferencia entre el 10% original y los $650 millones se distribuyera entre el resto de las provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.

Con el transcurso del tiempo, el crecimiento de la economía y el proceso inflacionario implicaron una fuerte desactualización del tope, que nunca fue actualizado, mientras que simultáneamente el resto de las provincias percibía el excedente sin ninguna limitación.

De este modo, se dio la paradoja de que el verdadero fondo resultó el excedente destinado al resto de las provincias, quedando el Fondo del Conurbano reducido a una mínima expresión, distorsionándose así el objetivo inicial de la norma.

De esta manera, mientras en 1996 la provincia de Buenos Aires recibía el 10% de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias; veinte años después, en 2016, solo percibía el equivalente a 0,2 % del total del impuesto.

Actualmente la existencia del Fondo del Conurbano, creado para mejorar la posición relativa de la provincia de Buenos Aires, lejos de beneficiarla, la perjudica. A la provincia le resultaría mucho más beneficioso que la detracción del 10% destinada a ese fondo no existiera y que esos recursos integraran la masa coparticipable, distribuyéndose de acuerdo con los coeficientes de coparticipación.

Desde esta perspectiva, el reclamo de revisión del tope luce razonable, entre otras cosas para evitar la alta exposición de la provincia a las cuantiosas transferencias discrecionales que envía el Gobierno nacional, de acuerdo con su humor político.

Para entenderlo fácilmente, supongamos que el 10% del Impuesto a las Ganancias en 2017 ronda $ 52.000 millones aproximadamente, de los cuales $650 millones percibe la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano; en tanto que los $51.350 millones restantes conforman el excedente a distribuir entre las demás jurisdicciones. Si se eliminara el tope, volviendo a la situación original, el 10% íntegro constituiría el Fondo del Conurbano para Buenos Aires, mientras que desaparecería el excedente y el resto de las provincias resignaría $51.350 millones. Cómo puede observarse, resultaría inviable políticamente.

Existen numerosas alternativas intermedias en las que la pérdida de recursos de las provincias no resultaría tan gravosa. Sin embargo, parecería que ninguna provincia está dispuesta a resignar fondos que durante muchos años han fluido automáticamente a sus arcas y contribuido a financiar una estructura de gasto creciente y sumamente rígida. Por lo tanto, la solución entre pares (es decir, entre las provincias) no parece viable.

En este contexto, todos miran a la Nación, que “mágicamente” podría resolver el problema, pero no debemos olvidar que la caja es una sola. Se trata de un problema complejo en un contexto de severo desequilibrio fiscal, por lo que su resolución solo será posible en un marco de diálogo y consensos abstraídos de la puja electoral y las especulaciones de la coyuntura.

(*) Investigador principal del programa de Desarrollo Económico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)



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